El Gobierno de El Salvador tomó decisiones buenas y rápidas cuando el COVID-19 comenzó a impactar a nivel mundial. El cierre de fronteras el 11 de marzo, del Aeropuerto Monseñor Romero seis días después y el anuncio de la suspensión de clases, fueron disposiciones aplaudidas por el gremio médico, pues sirvieron para contener el ingreso del Sars-Cov-2 al país.
Pero después, los aplausos se convirtieron en críticas desde entidades tan importantes como el Colegio Médico, pues el Gobierno dejó de lado el criterio médico-epidemiológico y empezó a manejar el impacto del COVID-19 de forma política.
Si bien lanzó un sitio web con información sobre el avance del nuevo Coronavirus en el país, incluso con datos por municipio, número de contagios, fallecidos, recuperados, etc.; desde el gremio médico se lamentó la poca profundidad en esas cifras, pues no se tiene claridad sobre la toma de muestras, los seguimientos de nexos, etc.
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Además -y eso lo ha admitido el mismo ministro de Salud, Francisco Alabí- existe un importante subregistro en cuanto a los casos positivos de COVID-19 y las personas que han fallecido por el virus.
Compras bajo sospecha
En medio del impacto por la pandemia, el Ministerio de Salud realizó adquisiciones aparentemente irregulares que, al ser señaladas por el periodismo del país, llevaron a que el 9 de noviembre la Fiscalía allanara la dependencia central de esa cartera de Estado.
El fiscal Raúl Melara detalló entonces que allanaron 20 instituciones públicas y empresas privadas que han sido proveedoras del Estado en la emergencia.
Algunas de esas compras irregulares que investiga el Ministerio Público son:adquisición de botas de hule a la empresa Auto Todo S.A. de C.V., por $225,000 de parte del Ministerio de Salud; mascarillas por $250,000 adquiridas por el Ministerio de Hacienda a SYGM Asesores; y compra de alimentos a Desing LLC USA, Trade Winds, adquisición hecha por Agricultura por montos de $3 millones y $537,500. Todas las investigaciones siguen su curso.
También está el caso del Hospital El Salvador, construido en el Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) bajo un manto de desinformación del Gobierno. El Ejecutivo informó que su costo es de $70 millones e inauguró su fase 1 el 21 de junio y la fase 2 a inicios de agosto; la fase 3 estaba programada para octubre, pero permanece al 80% hasta el 29 de diciembre.
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Las autoridades no permiten el ingreso de medios de información a este centro asistencial, el cual no tiene quirófano, lavanderías ni otras dependencias que especialistas médicos consideran vitales, así como carece de suficiente recurso humano, sobre todo médicos y enfermeras intensivistas.
Personal fallecido
A pesar de que el Gobierno informó que entregó suficiente equipo de protección al personal de primera línea en el combate contra el COVID-19, distintas asociaciones y colectivos médicos denunciaron lo contrario. Según el Movimiento por la Salud “Salvador Allende”, hasta el 15 de diciembre fallecieron en el país 156 profesionales de la Salud.
El confinamiento
Desde el 21 de marzo al 14 de junio, la población de El Salvador tuvo que acatar una cuarentena obligatoria ordenada por el Ejecutivo. Para expertos médicos, habría sido mejor instalar cercos sanitarios inteligentes, apoyados en información a la comunidad y tecnología, para contener brotes del virus en los municipios más afectados; en lugar de un cierre total.
Varados y brotes
Cuando el Gobierno decidió cerrar fronteras el 11 de marzo y el aeropuerto seis días después, habilitó centros de contención que se convirtieron en puntos de contagio del virus; lo mismo ocurrió en distintos hospitales de la red pública y del ISSS. Además, cientos de personas tuvieron que esperar meses para regresar al país, ante la indolencia de las autoridades.
¿Cabinas o show?
Desde abril, el Ministerio de Salud comenzó a visitar distintas localidades del país con cabinas móviles para hacer pruebas PCR-RT de COVID-19 en la población, pero desde el gremio médico se lamentó que lo hiciera sin criterio técnico, por ejemplo en poblaciones con pocos casos.
Foto: Cortesía / @dialogo21
Datos poco creíbles
Las cifras del Ministerio de Salud en cuanto a contagios y fallecidos por COVID-19 no son confiables y su manejo se aleja de lo médico y se acerca a lo político, de acuerdo con el Colegio Médico, Fusades, Movimiento por la Salud “Salvador Allende” y Funde. Las alcaldías registraron más de 6,081 defunciones relacionadas con COVID-19. Al 27 de diciembre, Salud reportaba 1,313.
Hospital opaco
En varios países europeos, sus gobiernos construyeron hospitales temporales a bajo costo, para atender a los miles de contagiados. El Gobierno de El Salvador decidió construir un hospital de $70 millones en Cifco, pero no ha informado con transparencia sobre su operación, personal, etc.