El gobierno de Salvador Sánchez Cerén dejará al próximo gobierno obras públicas con una inversión de más $3,500 millones que se concentran, sobre todo, en carreteras y pasos a desnivel así como en la continuidad de proyectos heredados de la administración Funes que aún no concluyen, como el caso de la presa El Chaparral.
Los datos del ministerio de Hacienda y reportes del gobierno como parte del “Plan 10” confirman que entre junio de 2014 y diciembre de 2018 la inversión pública llegó a $3,519.60 millones, un promedio de $703.9 millones cada año durante este último quinquenio.
La fuente de financiamiento de estos proyectos fueron propios, pero en su mayoría se ejecutaron a través de préstamos y convenios con organismos multilaterales o con programas como Fomilenio II, que otorgó un monto de $270 millones a la que se suma una contrapartida estatal.
La inversión en obra pública se complementa con proyectos que tienen relación con obras sociales, tanto en salud y educación, carreteras y caminos además de subsidios, entre los que destaca el tema del gas y la energía eléctrica y el apoyo escolar de uniformes y computadoras, entre otros.
No obstante hay que destacar que el gobierno, aunque manejó una buena parte de sus recursos para inversión pública, ha gastado más en remuneraciones, ya que según los datos del ministerio de Hacienda, entre 2014 y 2018 se destinó y ejecutó $12,143 millones en este rubro de gasto corriente y que genera un importante déficit fiscal de casi 9.5%, según confirman los datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Por ello durante 2018, los gastos del gobierno y de su autónomas creció a mayor ritmo que los ingresos ya que mientras los gastos aumentaron en $433.6 millones, los ingresos lo hicieron en $175.8 millones, reconocen los datos del BCR.
De todas las carteras de gobierno una de las que más destaca es el ministerio de Obras Públicas que realizó inversiones significativas como el Paso del Jaguar a un costo de $21 millones o el paso a desnivel entre la avenida Jerusalén y la Calle Chiltuipan, conocido como Naciones Unidas, que terminó costando casi los $18 millones, según los datos que se verificó en la página web del MOP.
De las obras de energía solo destaca la expansión de la presa 5 de Noviembre, un proyecto de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que costó casi los $190 millones y que tardó casi 5 años en terminarse.
Otro de los proyectos más recientes es la ampliación a cuatro carriles de la carretera al Puerto de La Libertad, donde la inversión es de casi $25 millones, plantea el MOP, lo cual incluye la construcción de un by-pass para no ingresar a este municipio costero.
En el caso del Aeropuerto Internacional se ejecutaron $20 millones como parte del proyecto de ampliación, aunque en este tema están pendientes casi $60 millones que deberán de completar la inversión en los próximos dos años, por lo que las obras aún no están completadas.
Como parte de Fomilenio II el Gobierno también ha invertido en la ampliación de la carretera a Zacatecoluca, lo que conllevará una inversión total de $30 millones pero que a la fecha solo se ha realizado una ejecución de $15 millones.
Es de destacar que Fomilenio II ha permido al Gobierno obtener fondos para proyectos que no estaban en su agenda y por ello, en La Libertad y la Costa del Sol se ha invertido $7 millones en proyectos de tratamiento de aguas residuales y de agua potable, ya que existe demanda de iniciativas de inversión privada y pública en estas zonas.
En el caso del municipio de San Salvador, el más poblado del país, la inversión que el Gobierno realizó asciende a más de $106 millones, de los cuales destacaron $23 millones enfocados en las mejores de la infraestructura de salud pública.
Además este monto incluye obras viales para darle acceso a los usuarios del sistema de salud.
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) también inició la construcción del Policlínico Pediátrico, por un monto de $34.2 millones, con el cual se prevé beneficiar a 345 niñas y niños, entre 0 y 12 años, de todo el país.
Sin embargo este proyecto aún esta paralizado, porque el ISSS solo ha adquirido el inmueble pero no se ha puesto al servicio de los derechohabientes.
Según datos oficiales el Gobierno tiene un déficit de ejecución presupuestaria de casi el 35%.