Para cubrir un “déficit fiscal que ya no existe” ocupó el Gobierno $645 millones, afirmó el diputado Rodolfo Parker, del PDC. Los fondos son parte de $1,000 millones en emisión de bonos autorizados por la Asamblea al Gobierno, para inyectarle recursos a un Fideicomiso cuya finalidad es ayudar a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia con líneas de crédito y subsidio a salarios.
“Quedó abierto un déficit en inversión pública que era de $645 millones, pero ya no se hará, entonces déficit real ya no hay, porque se cubrió con el pisto de la inversión pública. No sabemos que están cubriendo ellos y tampoco entendemos por qué pagaron anticipadamente $450 millones de Cetes (Certificados de la Tesorería), de la deuda han pagado deuda”, manifestó Parker.
Una porción de $600 millones de los $1,000 millones en bonos, fueron aprobados originalmente por los diputados, para otorgarle recursos al Fideicomiso, sin embargo, recientemente el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, confirmó en la comisión de Hacienda de la Asamblea, que tuvieron que tomar $645 millones del total de esa emisión para cubrir el déficit del presupuesto 2020.
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En diciembre del año pasado fue aprobado el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal del presente año por $6,426.1 millones, pero ante la escasez de ingresos corrientes, la Asamblea tuvo que aprobar un financiamiento extra de $645.8 millones, los cuales Hacienda debía obtenerlos ya sea por medio de títulos valores o créditos.
En este punto, la diputada del FMLN, Anabel Belloso, señala que el Ministerio de Hacienda se tardó en emitir los bonos, aunque lo pudo haber hecho antes de que la pandemia cobrara fuerza en marzo pasado, no lo hizo y aprovechó la autorización de los $1,000 millones del decreto 640 en los que iban $600 millones para el Fideicomiso, para tomar de allí el dinero para cubrir el faltante del gasto.
Y por si fuera poco son fondos que a la larga costarán más millones en intereses que si Hacienda los hubiera colocado entre enero y marzo de este año. En anteriores declaraciones el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, ha informado que solo en intereses el país pagará $18 millones en la primera cuota de enero de 2021.
“Cuando se aprobó el presupuesto 2020 se aprobó deuda de una vez, allí al gobierno se le autorizó una deuda de $645 millones, la base legal la tenían para emitir deuda desde diciembre para complementar el presupuesto, por una mala administración de las finanzas públicas no resolvieron ese tema en los primeros meses que hubieran tratado de colocar esa deuda. Incluso, ya no por títulos, sino que llegaban a la Asamblea para hacerlo a través de préstamos, porque es más barato, pero no lo hicieron previo a la pandemia”, sostuvo Belloso.
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Parker dice que sumado a lo anterior hay otro detalle, y es que ya no había necesidad de que el Gobierno tomara ese dinero que era del Fideicomiso, porque los más de $600 millones que se habían previsto en el gasto nacional para este año en inversión pública ya no se usarán debido a la emergencia por COVID-19.
“Ya estaba previsto y provisionados, porque claramente se nos dijo a nosotros que el déficit de la recaudación, redondeando andaba por $600 millones, esos se compensaron con la reorientación presupuestaria. Y no es para déficit fiscal, si ese ya no existe. Entonces dirán: ‘que dejan de hacer inversión pública’, si esa ya no la harán”, afirmó Parker.
Este movimiento de dinero que realizó el Gobierno ha sido calificado incluso de un posible delito de “malversación de fondos” o “fraude de ley”, dependiendo del destino que le haya dado al dinero, tal como lo hizo ver en declaraciones anteriores la diputada Margarita Escobar, de ARENA.
“La Asamblea Legislativa emitió dos decretos, el primero de $2,000 millones que era para atender y anticipar la situación de emergencia. El otro de $1,000 millones para reactivar la economía, fue muy específico, para reactivar la economía, si se han ocupado fuera del decreto 640, eso es un fraude de ley y dependiendo de en qué lo ocupó pudiera llegar a malversación de fondos”, manifestó Escobar el 8 de agosto pasado.
Solo hay $154.2 millones
En la última visita que hizo Zelaya a los diputados de la Comisión de Hacienda se detallaron las asignaciones presupuestarias que están pendientes de incorporar al presupuesto nacional por parte de la Asamblea, que son los $250 millones en préstamos que los diputados ratificaron para atender la crisis sanitaria y que el Ejecutivo le pide a los legisladores aprueben trasladar al fondo de la Nación para distribuirlos en los ministerios que corresponden para que ejecuten planes de atención por la COVID y de compra de equipos, insumos médicos y de operación del Hospital El Salvador.
Belloso afirma que, en la reunión del lunes pasado, el funcionario les informó que de los $600 millones del Fideicomiso solo hay disponibles $154.2 millones.
“Vienen ellos (Hacienda) hacen la colocación a inicios de julio, todos asumimos que eran los $1,000 millones que eran los del decreto 640 (Fideicomiso), pero cuando ya recibimos la respuesta, porque teníamos esa inquietud, viene él (ministro de Hacienda) y dice que de los $1,000 millones lo que hicieron fue ampararse en el decreto donde se les amparó para los $645 millones (déficit fiscal del presupuesto 2020), los agarraron de allí (Fideicomiso) y el resto, lo usarán: una parte para el Fideicomiso, donde solo le asignan $154.2 millones y el resto $150 millones para pago de proveedores y $50 millones para el pago del IVA a exportadores”, explicó Belloso.
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Siendo así, Belloso informó que la nueva distribución de lo que quedó del Fideicomiso, Zelaya la planteó así: en total los $154.2 millones serán trasladados al Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), entidad que deberá destinar los recursos de la siguiente manera: $70 millones para el pago del subsidio de planillas (para un mes); $60 millones para créditos productivos; y $20 millones para ayudar al sector del comercio informal.
“¿Qué pasa ahora?, hay reto de ir a conseguir más dinero, están autorizados para gestionar más, que lo vayan a hacer es una cosa, y que hallan condiciones favorables y disponibilidad (de los organismos financieros)”, valoró Belloso.
La nueva repartición del dinero dista mucho de lo que originalmente estaba facultado el Gobierno hacer, de acuerdo al decreto 640 que la Asamblea aprobó en julio pasado.
De los $600 millones del Fideicomiso, $140 millones iban dirigidos al pago de subsidio de salarios para los empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas para dos meses; pero ahora sólo serán $70 millones para un mes.
A pesar de que el presidente Nayib Bukele, afirmó en una cadena nacional el 9 de agosto que los micro, pequeños y medianos empresarios recibirán $280 millones para subsidiarles el salario de sus empleados por cuatro meses a partir de agosto, con el único requisito de que recontrataran a los empleados que habían despedido o cesado sus contratos, no hay suficiente dinero para eso en la caja del Estado, aun cuando el dinero fue aprobado por la Asamblea y emitido en bonos por Hacienda.
Otros $360 millones eran para el programa de créditos para los micro empresarios, pero ahora sólo serán $60 millones; y de los $100 millones que iban destinados a préstamos para el sector del comercio informal solo hay disponibles $20 millones.
“Eso nos lo llegó a presentar el Ministro de Hacienda el lunes que llegó a solicitar la reforma al Presupuesto, para incluir $154 millones para Bandesal, y el resto iría a Hacienda, porque serían el pago a proveedores”, manifestó Belloso.
Para el próximo lunes la comisión de Hacienda recibirá de nuevo a Zelaya, ya que hay otra petición de $350 millones adicionales en nuevos préstamos que la Asamblea debe ratificar siempre para atención de la pandemia.