American University, con sede en Washington DC, llama a El Salvador a definir con la mayor claridad y detalle el propósito de una comisión internacional contra la impunidad, según un informe publicado en junio 2019.
“Cada misión híbrida necesita un ámbito de trabajo claramente definido”, señala el documento elaborado por Charles T. Call, académico de la prestigiosa universidad.
El politólogo hace esta recomendación pues, a su juicio, de la definición del mandato de este tipo de comisiones depende el funcionamiento que tendrá. Para ejemplificarlo, coloca los ejemplos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (MACCIH).
Según Call, la CICIG ha sido la entidad más desarrollada, con alcances y facultades claros.
En el segundo caso, lamenta, la misión tuvo “débiles términos de referencia” que “mitigaron su capacidad de golpear fuertemente a las estructuras corruptas en el país”.
En concreto, añade Call, “la MACCIH no puede investigar por su cuenta, debe hacerlo junto con investigadores y fiscales hondureños”, algo que ha sido visto como una maniobra para debilitar a la misión, pues “un Ministerio Público ineficiente y corrupto continuaría teniendo el poder de engavetar o impedir investigaciones criminales que podrían involucrar a personajes poderosos”.
Esta discusión planteada por American University es relevante para El Salvador, pues ayer tanto el Gobierno como la Organización de Estados Americanos (OEA) anunciaron que la próxima semana se instalará en el país una mesa técnica para definir la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
A pesar del impacto del tema, el Gobierno no dio más detalles sobre el alcance de las discusiones actuales con la OEA ni el tipo de comisión que está intentando establecer.
Otro factor que destaca el informe de Call es el acompañamiento de la sociedad civil. A su juicio, un punto a destacar de la MACCIH es el observatorio ciudadano que además de vigilarla ha capacitado a organizaciones en torno a los temas de la misión.
En Guatemala, la CICIG se hizo acompañar de la sociedad civil para presentar reportes de investigación sobre temas como el financiamiento ilícito de partidos.
Para El Salvador es importante establecer qué tipo de estructura tendrá la comisión y cómo va a ser supervisada por la sociedad civil.
Finalmente, Call llama a los países a prepararse “para enfrentar un largo y engorroso proceso” para lograr el acuerdo que dé forma a la misión híbrida antiimpunidad. Esto es digno de considerar en vista de la celeridad con la que el gobierno busca que la CICIES entre en vigencia.
Este periodo incluye negociaciones para establecer los objetivos, alcances y límites de la comisión, así como un espacio para estudiar la constitucionalidad del acuerdo.