Del total de $2,000 millones que la Asamblea autorizó al Gobierno conseguir en préstamos o bonos desde marzo, para prepararse en el combate del COVID-19 y enfrentar los costos económicos a raíz de la pandemia y las medidas adoptadas para evitar su propagación; el Ministerio de Hacienda tiene pendiente negociar con los bancos $615 millones de ese monto, mientras que otros $376 millones no los ha logrado conseguir aún con organismos multilaterales, de acuerdo a un cuadro del Ministerio de Hacienda actualizado del estado de los créditos aprobados en primera vuelta y ratificados por la Asamblea.
Ambas cifras suman $991 millones de los $2,000 millones que no han pasado el filtro de los diputados, debido a que el Ministerio de Hacienda no los ha trasladado, porque hace falta concretar la negociación con los bancos o porque no ha encontrado un organismo multilateral que otorgue el crédito, a pesar de que el presidente Nayib Bukele ha cuestionado constantemente a la Asamblea de que no le quieren aprobar los fondos para la emergencia sanitaria.
Los diputados aprobaron este lunes en una plenaria extraordinaria $320 millones de varias deudas contempladas en el fondo general de los $2,000 millones; de los cuales $20 millones que se adquirirán con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), fueron ratificados con 56 votos. Este dinero va exclusivamente para fines sanitarios en respuesta ante el COVID-19.
Esos $20 millones que sólo faltaría incorporar al Presupuesto General de la Nación, se suman a los $389 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya fueron ratificados e incorporados el 31 de mayo al gasto estatal de 2020, recursos que también forman parte de los $2,000 millones para enfrentar la pandemia.
Entre ambos créditos suman $409 millones que han pasado las fases más complicadas, sin embargo, hay otros préstamos cuya negociación con los bancos ya terminó, por un monto total de $300 millones; uno de ellos es por $250 millones y otro de $50 millones, ambos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la espera de que la Asamblea les autorice suscribirlos.
Otros $300 millones de préstamos con el BID fueron autorizados este lunes 22 de junio en primera vuelta, a la espera de que sean ratificados por los diputados. Este proceso ahora dependerá de la agilidad con la que Hacienda les envíe el presupuesto de ejecución de los fondos, según explicó la diputada Yanci Urbina, del FMLN y también de que Bukele acepte a los nuevos miembros del comité supervisor y de “veeduría” del dinero que fueron incorporados al decreto 608 de emisión de los $2,000 millones mediante una reforma aprobada este lunes por la Asamblea.
Comité supervisor
Tras la renuncia de las organizaciones de la sociedad civil que integraban originalmente el comité supervisor, aduciendo que el Ejecutivo no los hizo partícipes de los gastos que hizo con fondos de los ingresos corrientes del Estado para la emergencia; hubo un impasse de tiempo que no permitió a la Asamblea aprobar más créditos hasta no contar con mecanismos de “transparencia y de rendición de cuentas” que los parlamentarios exigen al Gobierno.
Es así como entre los nuevos miembros estará un representante de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde); uno del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI); uno de la Asociación de Auditores Independientes de El Salvador (AIDES); de la Universidad de El Salvador (UES) y de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).
El director ejecutivo de Funde, Roberto Rubio, explicó que para ser parte del comité supervisor y de veeduría aclararon a la Asamblea varios aspectos: que el comité tendrá que ser independiente y no un solo bloque con los miembros del Gobierno; “que fuera un comité exclusivamente ciudadano”, que su labor de supervisión se limitará al uso de los $2,000 millones.
Que su función será observar, como una especie de “contraloría social, sin ninguna responsabilidad ni administrativa, ni de gestión, ni de asignación ni de ejecución de los fondos, para evitar que se diga que nosotros podemos ser responsables de un mal uso”, explicó Rubio.
Además, que el comité tenga acceso a toda la información pertinente del dinero y tener como observadores o testigos al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Que el impedirles acceder a todos los datos o la falta de ayuda al comité sea sancionado.
También solicitaron tener la potestad de denunciar ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Fiscalía cualquier situación irregular o grave que puedan detectar en la ejecución de los fondos.
“No podemos abarcar todo, tenemos que priorizar algunas compras, algunas obras, pero si encontramos anomalías nuestro deber es comunicarlo y pasarle los datos a la Corte de Cuentas y poner aviso a la Fiscalía dependiendo de si las situaciones son bastante graves”, apuntó Rubio.
TAMBIÉN: Sala de lo Constitucional marcó parámetros para que no haya abusos