El Tribunal Supremo Electoral entraría en una “crisis” para las elecciones de 2021, dijo el magistrado Noel Orellana, ante un posible veto del Ejecutivo por inconstitucional al decreto que aprobó la Asamblea el jueves pasado, para que haya voto en el exterior para diputados de la Asamblea y del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
El magistrado Orellana dice que deben cumplir con plazos establecidos en el Código Electoral para realizar las elecciones y contar con los fondos a tiempo para ejecutar el Plan General de Elecciones (Plagel), pero que un veto presidencial atrasará todos esos procesos.
“El problema es que en la medida en que vayan retardando la aprobación del presupuesto extraordinario nosotros vamos entrando en crisis, porque debemos cumplir con plazos que el Código Electoral nos da. Estaríamos cayendo en delito por incumplimiento de la ley”, expresó el magistrado Orellana.
Un veto presidencial es posible a raíz de las afirmaciones del presidente Nayib Bukele y de otros funcionarios de su gobierno ante la aprobación, por parte de la Asamblea, del voto en el exterior sólo para diputados de la Asamblea y del Parlacen, dejando por fuera la de alcaldes e ignorando la propuesta que presentó el Ejecutivo hace unos días para que el voto en el exterior se haga por medio electrónico.
“Hermanos de la diáspora, pueden estar seguros que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele hará uso de los recursos que le otorga la Constitución para cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Ustedes no serán excluidos nunca más, estamos dispuestos a luchar por ustedes”, afirmó en su cuenta de Twitter el vicepresidente de la República, Félix Ulloa.
Bukele también se manifestó en su Twitter el jueves. “Los diputados DEBEN cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional y aprobar el voto en el exterior irrestrictamente para todos los salvadoreños, tanto para elecciones legislativas como municipales. No es una decisión de los diputados, sino una obligación constitucional”, reclamó el mandatario.
Si Bukele lo veta por inconstitucional, lo más seguro es que la Asamblea lo superará con 56 votos, pues los legisladores han consensuado que para 2021 es difícil implementar el voto municipal en el exterior y mucho menos ejecutarlo con medios electrónicos.
En este caso, si la Asamblea lo supera debe regresarlo a la Presidencia. Al darse esto, será Bukele quién decida enviarlo a la Sala. En ese ínterin la Sala bien podría tardarse unos tres meses para resolver quién tiene la razón: si la Asamblea o el Órgano Ejecutivo, dijo el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González.
“En caso de ir a la Sala, la Sala escucha a los dos Órganos (Ejecutivo y Legislativo) y tiene 15 días para emitir el fallo, por lo cual, todo esto a partir de ayer (jueves) podría consumir unos dos o tres meses y allí sí podríamos estar fuera del tiempo que ha dado la misma ley (aprobada por la Asamblea) de un año”, expresó González.
Añadió que los peticionarios que acudieron a la Sala para que haya voto en el exterior para alcaldes y diputados pueden pedir de nuevo a la Sala que revise si la Asamblea cumplió con el mandato.
“Los mismos demandantes pueden volver a llevar el caso a la Sala para que ella vea si la reforma que se hizo en cumplimiento de la sentencia incluyó todos los elementos y todo lo ordenado en el fallo”, explicó el exmagistrado.
La Asamblea aprobó anteriormente que un año antes de cada elección no se pueden hacer reformas electorales.
Para los comicios de 2021, ese plazo vence este 28 de febrero, sin embargo, el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, expresó que si la Sala determina que hay un incumplimiento por parte de los diputados, de una orden constitucional, al no incluir el voto para alcaldes, la Sala bien podría resolver que se hagan las reformas pertinentes aún después de ese periodo que la Asamblea aprobó. Dijo que priva el mandato constitucional por sobre la norma legislativa.
“La Asamblea estaría obligada a hacer una nueva reforma para terminar de cumplir con la sentencia. Hay una inconstitucionalidad parcial en el sentido que se incluya el voto para alcaldes”, afirmó el presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), José Arévalo Rengifo.
Escobar ve difícil el tema presupuestario por los atrasos que un eventual veto genere. “Complica el presupuesto y la ejecución del plan general de elecciones para el TSE, porque no tendrán certeza de si habrá voto en el exterior en la elección legislativa y no sabrán que mecanismo se implementaría. No sabrán si habrá voto en el exterior, si será postal o electrónico”, dijo Escobar.