La sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene una carga de trabajo de 413 auditorias, lo que sobrepasa los recursos materiales con los que cuenta, pues solo tiene la capacidad de enfocarse en 46, según el último informe semestral de Coyuntura Legal de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
“En la última década hay casi nueve mil funcionarios que no han presentado su declaración de probidad, es realmente muy elevada, pero la cifra de funcionarios que han sido sancionados, cuando hicimos la solicitud (de información) era solo 286. Es importante hacer un llamado a la sección de Probidad para que sea un poco más efectiva”, destacó la investigadora Liliam Arrieta.
La experta destacó que en los temas positivos en materia de probidad, está que el pleno de la CSJ ha ordenado que se inicien seis juicios por enriquecimiento ilícito, así como que la Corte Suprema de Justicia ha retomando el tema de elaborar una nueva Ley de Probidad.
“Creo que es importante que se apruebe pronto una nueva Ley de Probidad. Eso sí, que sea una ley con herramientas efectivas”, apuntó Javier Castro, director del Departamento de Asuntos Legales del tanque de pensamiento.
El informe también cuestionó la labor de la Corte de Cuentas de la República (CCR), una de las instituciones de control del uso de recursos públicos que tiene los presupuestos más altos pero pocos resultados, destacaron.
“Prácticamente $40 millones (anuales cuesta la CCR), sin embargo su actuación histórica ha sido poco efectiva. Recientemente, en el tema de la auditoría del gastos reservados de Presidencia hemos visto una CCR muy débil”, destacó Arrieta.
En materia de lucha contra la corrupción, el informe de Fusades también evidenció su preocupación de que se de un proceso de creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción para El Salvador o “CICIES”, sin que se haya dado paso a un proceso de discusión.
“No se conoce el mandato y es importante que haya una discusión, un debate amplio para asegurarse de que no viole nuestra constitución, se ha mencionado que no va a pasar por la Asamblea Legislativa, entonces todavía nos genera más dudas de la naturaleza de una institución como esta”, dijo Castro.
Mejorar elecciones de segundo grado y ley de función pública
En materia de Estado de Derecho, El Salvador no ha retrocedido, pero hace falta fortalecer las instituciones, destaca el informe.
Uno de los puntos que Fusades llama a reforzar es la elección de funcionarios de segundo grado, la cual debe cumplir con estándares de jurisprudencia constitucional en lo relativo a la independencia de vínculos partidarios. La fundación señala que el Legislativo debe verificar dichas condiciones.
“La responsable de elegir bien es la Asamblea y la Sala lo reitera”, detalló Oscar Pineda, investigador del departamento de Estudios Legales.
Castro se sumó al llamado a mejorar estos procesos de elección y destacó que “en cada elección que se realiza hay resistencia para cumplir con lo que ordena la jurisprudencia constitucional y es necesario que haya reformas para mejorar estos procesos que se orienten hacia la idoneidad”.
El informe mostró que la Asamblea Legislativa ha realizado elecciones de funcionarios como la Procuradora General de la República o los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sin el uso de baremos y sin que se dé una verdadera evaluación de los aspirantes.
Otro de los señalamientos es que el Gobierno anterior no realizó ningún informe de las tareas de seguridad ciudadana en las que colabora la Fuerza Armada ante la Asamblea, como lo mandata la Constitución.
“Si bien es justificable la intervención de la Fuerza Armada en labores de seguridad ciudadana, hay que tener en cuenta que es una medida excepcional y que también es temporal”, cuestionó Javier Castro, quien resaltó que desde 2009 no se ha presentado ningún informe de los resultados de tener a la Fuerza Armada en tareas de seguridad ciudadana como manda la Constitución.
En el informe también se señaló que se debe agilizar el trabajo en la elaboración de la Ley del Servicio Pública. El documento enfatizó que a pesar de los años que lleva la discusión de los diversos proyectos de ley, “no ha existido la voluntad política” para dar el salto de calidad que permitiría erradicar el nepotismo dentro del Gobierno.
País percibe mejor clima de negocios
Según el informe presentado ayer por Fusades, en el primer trimestre de 2019 únicamente el 11.2 % de los abordados por la encuesta de dinámica empresarial consideraba que el clima de negocios era favorable y al cierre del segundo trimestres esta cifra incrementó a 22.2 % de los empresarios encuestados.
El 25 % de los empresarios sigue considerando que las condiciones de negocios son desfavorables.
Según Fusades, el reto es identificar qué motivó que la percepción positiva del clima de negocios haya subido y con base en estos resultados formular una ruta económica de largo plazo. La inseguridad ciudadana, así como la incertidumbre política y económica son los principales factores que continúan afectando el clima de negocios, añaden. Finalmente destacan que entre los puntos negativos para los empresarios está la propuesta de reforma de la Lacap que podría centralizar las compras del Estado.