Lo que enfrentan los periodistas y comunicadores en El Salvador: autoritarismo digital, autocensura, ambiente hostil, limitación para cubrir eventos políticos y de gobierno, agresiones en el ejercicio de su profesión, amenazas y el riesgo de atentados a su vida, entre otras situaciones adversas, ponen en riesgo la libertad de prensa en el país.
Esto es lo que revela el análisis diseñado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), tomando como parámetro cuatro informes que datan del año pasado de organismos internacionales que velan por la libertad de expresión y de prensa en el mundo y la relatora de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), realizado entre 2018 y 2019.
Las conclusiones son parte del primer reporte elaborado por Fusades con base en esos informes en su documento llamado “Jurisprudencia, estándares internacionales e indicadores sobre libertad de expresión”, en el cual afirman que la libertad de prensa en el país ha retrocedido y hay retos que superar para que la libertad de expresión no se vulnere.
Hay varios aspectos que señala Fusades que marcan un entorno “hostil” para el desempeño de los periodistas en El Salvador y el riesgo de que la situación empeore en detrimento de los convenios, tratados, leyes y estándares internacionales y, sobre todo, de lo que establece el artículo 6 de la Constitución, en materia de libertad de expresión: “Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución…”.
“Además (la libertad de expresión y de prensa), es uno de los derechos en los que se sustenta la democracia. Tenemos que evitar y proteger que haya vulneraciones”, declaró el Director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, Javier Castro, al comentar el documento.
País retrocede en indicadores
Entre los informes que Fusades consideró en su diagnóstico, el más determinante es el de Ranking e Informe de Reporteros Sin Fronteras, que declara que El Salvador está dentro de los países en los que las elecciones de 2018 develaron “un aumento de las agresiones a periodistas. La mayoría, perpetradas por políticos, funcionarios y militantes de partidos (a través de internet). Estos incidentes contribuyeron a crear un clima generalizado de desconfianza” y “de odio hacia la prensa”.
Dramático es el dato de Reporteros sin Fronteras de que el país retrocedió 15 posiciones en el ranking de libertad de prensa. “Somos el segundo país en América Latina con el mayor deterioro en el índice, después de Nicaragua” revela Fusades.
El Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA (RELE) sobre El Salvador 2018 manifiesta que el país siguió la constante de “agresiones y amenazas contra periodistas por parte de funcionarios. En algunos casos, advirtiendo con iniciar demandas legales. A su vez, se registraron casos de limitación al ejercicio periodístico y al acceso a la información, durante procesos electorales y judiciales de alta relevancia”.
Según el informe de Freedom House, de 2019, en El Salvador “se da una situación muy particular: el acoso que sufren los periodistas que cubren corrupción y violencia de pandillas en el país ha generado cierto nivel de autocensura”.
El país aparece mal calificado también en el Índice de Estado de Derecho 2019 del World Justice Project. Esa evaluación le da a El Salvador una puntuación de 0.55/1.00 en materia de libertad de expresión.
Uso de publicidad estatal para presionar o coartar
El Informe de Libertad de Prensa 2018-2019 de la Relatoría de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) coloca al ejercicio del periodismo en una mala posición.
La relatora concluye “que las condiciones para ejercer el periodismo en el país son extremadamente complicadas y peligrosas debido a la violencia generalizada”. La APES enuncia “ataques y maltratos a la prensa al trata de cubrir determinados hechos”.
Fusades señala que “entre los principales mecanismos que el Estado tiene para incidir en la neutralidad con la que los medios abordan los temas relacionados con los asuntos públicos está la pauta de publicidad estatal. Muchas veces, la pauta pública es utilizada como moneda de cambio para lograr que los medios sean menos críticos hacia un funcionario, cartera de Estado o gobierno determinado.
En este sentido cita del artículo 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos de que “resulta violatorio de la libertad de expresión todo acto del poder público que implique una restricción al derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, en mayor medida o por medios distintos de los autorizados por la misma Convención”.
Además, cita una sentencia de la Sala de lo Constitucional del 24 de septiembre de 2010, que estableció “que la crítica al poder en particular, goza de una protección especial, por cuanto el cuestionamiento a las políticas públicas y medidas estatales concretas, con el consiguiente planteamiento de alternativas, facilita, en un proceso de ensayo y error, que se busquen y encuentren las más adecuadas políticas y medidas que satisfagan las necesidades de los individuos y de la colectividad”.
En este punto, Fusades cita que en 2010 advirtió la falta de transparencia en el gasto del Estado en publicidad oficial, la posibilidad de usarla como censura sutil a través de la asignación de la pauta según la línea editorial del medio más o menos favorable al oficialismo, lo que incluye asignación arbitraria y discriminatoria de los fondos por falta de una regulación adecuada.
A este respecto, dice que se deben establecer controles de ese gasto y mecanismos de rendición de cuentas.
El estudio reviste mayor importancia a raíz de los últimos sucesos en los que periodistas del periódico digital El Faro y la Revista Factum fueron impedidos de poder ingresar a dos conferencias de prensa en Casa Presidencial, manifestó el periodista Rafael Domínguez.
“Estamos viendo lastimosamente y de nuevo un gobierno que arremete contra la prensa que no es de su agrado y contra ciudadanos y personas que tengan una opinión contraria, lo cual daña esos principios de libertad de expresión. El Presidente (Nayib Bukele) debe reflexionar y debe retroceder en sus decisiones en cuanto a tener un monopolio de la información y de la verdad desde su conveniencia de su poder de Estado”, comentó Domínguez.
Finalmente, el estudio indica que los gobernantes tienen el deber de respetar y promover la libertad de prensa en el país, por lo que deben abstenerse de generar un clima adverso a los medios de comunicación, así como de restringir el acceso a actividades estatales de interés público, como las conferencias de prensa u otros actos oficiales.
Asimismo, es importante aprobar una ley sobre regulación de la publicidad oficial.
La sociedad civil debe estar atenta a las medidas que puedan adoptarse sobre la libertad de prensa, apoyando aquellas que la fortalezcan y rechazando las que pretendan restringirla, pero también que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para garantizarla.