“Incorporar medidas para evitar la formación de monopolios u otras situaciones que puedan generar distorsiones en el mercado y la competencia” es una de las propuestas que hace Fusades (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social) ante el pliego de reformas que el Gobierno presentó el año pasado a la Asamblea para reformar la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas).
Fusades ha externado preocupación por los cambios que el Ministerio de Hacienda quiere hacerle a la ley que rige las compras públicas del Estado y por ello recomienda varias medidas que eviten debilitar dicha normativa en aras de modernizarla.
Según la propuesta de 12 reformas que está en estudio de una subcomisión legislativa, Hacienda pretendería volver a centralizar las compras del Estado y además intentaría suprimir el rol constitucional del Fiscal General en los contratos para adquirir bienes inmuebles estatales, entre otras medidas.
Uno de los cambios que buscaría el Gobierno está dejar en manos de la UNAC (Unidad Normativa Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública), una dependencia de Hacienda, el mecanismo de compras de todo el Estado bajo una nueva modalidad que llamaría: Licitación Simplificada para Convenio Marco.
“En la propuesta de reforma se crea la figura de la “licitación por convenio marco”, la que vendría a centralizar la oferta de bienes comunes y estandarizados, obligando a que cualquier institución que desee obtener dichos productos, compre directamente a los proveedores con los que se ha suscrito un convenio marco”, dice en el pronunciamiento emitido este lunes por Fusades.
Agrega que al ser la UNAC la encargada de centralizar la licitación por convenio marco seleccionará a proveedores, quienes pondrían a disposición sus bienes y servicios para todo el Estado, a través de un catálogo electrónico de productos, disponible desde el portal de Comprasal.
“Esta es una nueva facultad que se le atribuye a la UNAC, que, de no hacerse de forma transparente y con los controles adecuados, podría correrse el riesgo de sujetar las compras de bienes estándares a un grupo de proveedores limitados que podrían no ser los idóneos”, advierte Fusades.
Añade que “ante este tipo de licitación, se requiere dotarla de los mayores niveles de transparencia para evitar arbitrariedades y falta de competencia, más aun cuando los bienes comunes que compra el Estado representan un porcentaje importante de las compras gubernamentales”.
Otras medidas que Fusades recomienda son: “asegurar un proceso inclusivo, técnico, competitivo y transparente en la elaboración de las bases de licitación, conformando un equipo integrado por miembros de la UNAC y por las instituciones que más compran el bien estandarizado, a fin de que se requiera la adecuada calidad de los productos”.
También propone que la comisión de evaluación de ofertas esté integrada por técnicos que permitan valorar y recomendar la selección de los proveedores, garantizando la selección de productos estandarizados de calidad.
Otra medida que pone sobre la mesa es que quede establecido el proceso de revisión de la lista de proveedores al menos cada año, a fin de depurarla y sacar del convenio marco a aquellos proveedores que no cumplan con los requisitos legales, así como para incluir a otros que sí los cumplen.
“Que sea solo para bienes homogéneos y no para servicios”, agrega.
Además, sugiere que las bases de licitación, resoluciones de adjudicación y estado de compras y montos, entre otros datos, “sean información oficiosa y que estén disponibles en tiempo real”.
Asimismo, considera que se debe implementar progresivamente la reforma “contando con un plan de refuerzo presupuestario para permitir que las PYMES y todas las municipalidades puedan participar a través de los nuevos procedimientos digitales”.
Por último, Fusades propone que ajuste el proyecto conforme al artículo 43 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (AFI), “pues las negociaciones y adjudicaciones siempre requerirán de la existencia previa de una partida presupuestaria”.