La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) aseguró que el convenio migratorio suscrito entre El Salvador y Estados Unidos, debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa.
“La falta de ratificación legislativa del Acuerdo constituiría una manifestación de evadir las reglas sobre frenos y contrapesos establecidas en la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico”, apuntó Fusades en el análisis.
Se prevé que el acuerdo entrará en vigor luego del intercambio de notas por ambos países en señal de que cada uno ha completado los procedimientos jurídicos internos para su aprobación.
El país firmó con Estados Unidos, el pasado 20 de septiembre, un acuerdo que establece que personas que crucen por El Salvador, con rumbo hacia Estados Unidos, sean capaces de buscar protección aquí y para ello la nación del norte cooperará en reforzar la integridad de ese proceso por la región.
Para el presidente de la Asamblea es correcto el análisis del tanque de pensamiento, pues es lo que manda la Constitución: que cualquier convenio, acuerdo o tratado tiene que ser aprobado y ratificado por la Asamblea Legislativa.
“Nunca hemos negado, hemos hecho declaraciones contundentes, de que el Gobierno a través del Ejecutivo no puede estar suscribiendo convenios o tratados con total desconocimiento de la Asamblea, eso violenta la Constitución de la República”, detalló Quijano.
Según el análisis de Fusades, si el acuerdo firmado es un tratado internacional del cual surgen obligaciones para las partes contratantes que no están contenidas en ningún tratado obligatorio entre ellas, debería ser ratificado por la Asamblea Legislativa.
El diputado independiente, Leonardo Bonilla, coincide en que los tratados internacionales deben pasar por la Asamblea.
“Porque es la Constitución la que establece que los tratados deben pasar por acuerdo de Asamblea Legislativa, sin embargo no tengo conocimiento pleno del contenido y de la figura que se le estaría dando, pero entiendo que el Ejecutivo lo ha planteado como un acuerdo de cooperación”, destacó Bonilla.
En el análisis, Fusades agregó que del acuerdo en cuestión surgen para Estados Unidos y El Salvador, numerosas obligaciones mutuas que no aparecen contempladas en las cláusulas que son obligatorias para ambos países.
El diputado suplente del FMLN, Gustavo Acosta, afirmó que al revisar el articulado del tratado se establece que el país se compromete a generar leyes, condiciones y recibir “trasladados o transferidos” de otros países hacia El Salvador y el país no va a poder reclamar por las decisiones que Estados Unidos tomé sobre estas personas.
Agregó que el artículo 131 de la Constitución mandata que le corresponde a la Asamblea Legislativa la ratificación de los tratados que celebra el Ejecutivo con Estados u organismos internacionales o denegar la ratificación, esa es una de las facultades del Legislativo.
“La sección tercera de la Constitución entre el artículo 144 y el 149 habla de las condiciones que deben o no ratificar los convenios internacionales”, dijo Acosta.
Para Fusades hay políticas que no tendrían por qué ser afectadas si se hicieran de conformidad con el derecho, pero que pueden volverse infructuosas si se insiste en hacerlo en detrimento del sistema republicano y democrático de gobierno.
Mientras que el presidente de la Asamblea dice que el hecho de que el acuerdo suscrito implique temas relacionados con derechos humanos, de carácter migratorio y laborales, hace que este deba pasar por la Asamblea.
Quijano también apuntó que se requiere de una institución con asignación presupuestaria para dar atención a las personas que lleguen al país a esperar asilo de Estados Unidos.
“Debemos garantizar que las personas que se quedan aquí no van a convertirse en un peligro social, si no que debe proveérseles lo necesario”, dijo Quijano.
Fusades también señala como temas importantes los efectos que la aplicación del convenio puede tener en el presupuesto del Estado, en la economía, en lo social, en las relaciones internacionales, o en el control del tráfico ilícito de personas.
Según el diputado Quijano, cuando se conozcan todos los pormenores del tratado y si no pasa por la Asamblea, es muy probable que alguien de la sociedad civil interponga un recurso ante la Sala de lo Constitucional para pedir sea declarado inconstitucional.
Diputados como Quijano y Bonilla también destacaron que el Ejecutivo negocia tratados sin dar mayores detalles a la Asamblea.
Mientras que el diputado Numan Salgado, del partido GANA, mencionó que si con el tratado no se transgrede la legislación salvadoreña, no es necesario que pase por la Asamblea.
Cuestionó además que el Gobierno anterior del FMLN suscribió cartas de entendimiento con el Gobierno de China que nunca pasaron por la Asamblea.
“Tiene facultad el Ejecutivo para realizar ciertos convenios que no transgreden la legislación nacional y que no vayan en contra de la Constitución”, sostuvo Salgado.
Para el diputado de GANA, quien tiene la última palabra es la Sala de lo Constitucional.
Precisamente para abordar el tema migratorio, la canciller de la República, Alexandra Hill, se reunió ayer con a Secretario de Estado de Estados Unidos, Michael R. Pompeo, en Washington, DC. Entre otros temas, discutieron la situación de los salvadoreños con TPS y la importancia de trabajar en conjunto para detener la migración ilegal hacia los Estados Unidos.
Canciller se reúne con Secretario de Estado de EE. UU.
La Ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, se reunió con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, para abordar el tema de una solución permanente para los más de 190 mil salvadoreños amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
En la cita también se habló sobre la importancia de la cooperación bilateral para llevar desarrollo y bienestar a la población en sus lugares de origen, y evitar así que las personas se sientan forzadas a migrar de manera irregular.
La agenda de la funcionaria incluyó una reunión con el Subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, para abordar las diferentes medidas para resolver la situación de los compatriotas con TPS.