Sala de lo Constitucional recibió 553 denuncias por detenciones ilegales de enero a junio

El informe de Coyuntura Legal de Fusades da cuenta de que solo en abril hubo 209 denuncias de detenciones arbitrarias, en el contexto de la pandemia y las medidas excesivas y al margen de la ley que el Ejecutivo implementó cuando decretó cuarentena total.

En los primeros meses de pandemia, el Ejecutivo insistió en detener ilegalmente a quienes presuntamente violaban la cuarentena. Foto EDH / Archivo

Por Karla Arévalo

Ago 31, 2020- 21:56

Las denuncias por detenciones ilegales cobraron fuerza este año luego de que el Gobierno retuviera a cientos de salvadoreños que presuntamente incumplieron la cuarentena impuesta en marzo.

La Sala de lo Constitucional recibió en los primeros seis meses de este año 553 denuncias de “habeas corpus”, es decir, al menos 553 personas denunciaron haber sido retenidas de manera ilegal o arbitraria por el Estado este año. El número de denuncias entre enero y junio del año pasado fue de 226.

Estos datos fueron publicados en el Informe de Coyuntura Legal e Institucional de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) que, cada seis meses, evalúa las áreas de transparencia, economía nacional y estado de derecho en el país.

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Uno de los aspectos más relevantes de este último es cómo las denuncias de habeas corpus se duplicaron este año y cómo reflejaron un alza abrupta a partir de marzo y abril, meses en los que el Ejecutivo impuso una cuarentena generalizada y un régimen de excepción “inconstitucional”, a criterio de Óscar Pineda, investigador del Departamento de Estudios Legales de Fusades.

“El habeas corpus es un proceso que se ha visto usado por los salvadoreños de una manera muy contundente, muy representativa de lo ocurrido. (…) Sin duda alguna se trata de personas solicitando la defensa de su libertad. El pico de abril demuestra la cantidad de detenciones ilegales que se dieron sobre normas sin cobertura legal o por normas inconstitucionales”, dijo Pineda.

El habeas corpus permite, en caso de violaciones a la libertad de circulación, que el ciudadano tome medidas que le permitan recuperar su libertad o que mediante ello pueda evitar abusos en el periodo en que está detenido.

Las denuncias utilizando ese recurso en enero y febrero fueron de 52 y 45, pero en marzo empezó el incremento con 69 recursos y 209 en abril. “Esto demuestra la gravedad de la situación y de los hechos que ocurrieron en ese periodo”, agregó Pineda. La curva de denuncias empieza a bajar a partir de que la Sala declaró inconstitucionales estas detenciones, pero no se terminaron.

La Sala de lo Constitucional declaró que las “retenciones” por incumplir la cuarentena domiciliar eran una privación de libertad y que, de ocurrir, estas debían estar sustentadas en una ley formal.

Esto lo dijo por primera vez el 26 de marzo, tras un proceso de habeas corpus que fue reafirmado el 8 de abril y el 15 de abril.

El presidente Nayib Bukele desafió el fallo de estricto cumplimiento y expresó en abril: “No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la Constitución. Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir”.

El informe de Fusades explica que el presidente incumplió con esta sentencia, pues las detenciones ilegales continuaron entre el 15 y el 22 de abril de 2020, periodo en el que 60 personas fueron detenidas por no respetar la cuarentena.

Y aunque se hizo algunas modificaciones a partir de la resolución, los siguientes detenidos fueron llevados a centros que el Ministerio de Salud estableció, donde los evaluaron para determinar si eran sospechosos de portar el virus o no. Si lo eran serían llevados a cuarentena.

Este contexto hizo que Pineda relacionara de manera directa el incremento a las detenciones hechas por el Gobierno esos meses.

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“Los datos son evidentes en cuanto a que la mayoría de esos casos fueron motivados por las retenciones en los centros de contención. Obviamente todos los meses, todos los años, hay procesos de habeas corpus. Así que en el 100 % de los 209 casos de abril de 2020 seguramente hubo casos de otro tipo, pero la gran mayoría de estos casos sin duda alguna se debió a la detención en cuarentena”, concluyó el investigador.

La Sala de lo Constitucional acordó recibir las denuncias de habeas corpus vía correo electrónico. Esto le permitió a cientos de salvadoreños presentar la denuncia desde el centro de retención en el que estaba.

Transparencia y economía en crisis

La opacidad y los cuestionamientos por el uso de fondos públicos en la emergencia; las amenazas contra la libertad de expresión y de prensa; el acceso limitado a la información y el “débil” papel de la Corte de Cuentas en torno al uso de fondos públicos fueron los principales aspectos que resumieron el análisis de la situación de la transparencia en el país.

Javier Castro, director de Estudios Legales de Fusades, dijo: “La Corte de Cuentas ya no debe ser tibia, debe ser firme en cuanto a la contraloría de fondos públicos. Ya no tiene que pedir permiso para hacer su trabajo”.

Esto a raíz de varios casos reportados por la prensa nacional que evidencian la contratación de servicios y la compra de productos de empresas ligadas a funcionarios. En algunas de esas compras, además, hay reportes de sobreprecios.

Asimismo creen que el clima de negocios “es incierto”, pues más de 400 empresas encuestadas por Fusades ven con preocupación las medidas adoptadas por el gobierno en cuanto a la economía. Además, ven una caída drástica en la confianza de los inversionistas.

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“Este es un tema muy delicado puesto que para reconstruir el país se necesita tener un adecuado clima de inversión y así poder generar las oportunidades necesarias para el empleo. Tienen que cesar los ataques contra la institucionalidad democrática porque eso genera inestabilidad en el país”, explica Castro, quien reitera que la seguridad jurídica es un pilar para la inversión y el empleo.

La Encuesta Dinámica Empresarial (EDE) de Fusades, hecha en el primer trimestre de este año, refleja desmejora en la percepción sobre el clima de inversión. Durante el primer trimestre, de 322 empresarios entrevistados, el 1.79% consideró que el clima de negocios es favorable, mientras que el 81.65% lo percibe desfavorable. En el segundo trimestre, cuando fueron entrevistados 236 empresarios, el porcentaje con una percepción desfavorable bajó a 72.81%, pero la percepción favorable también disminuyó a 1.07%.

Estos son los peores porcentajes reportados desde 2005, según este tanque de pensamiento.

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