La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) emitió este miércoles su posición respecto a la emergencia nacional provocada por la pandemia del coronavirus y las repercusiones que tendrá en El Salvador.
Este centro de pensamiento propone evaluar de forma integral aspectos que “determinan el éxito general de todas las medidas” adoptadas por las autoridades para contener la epidemia. Estos puntos tienen que ver con las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno y la estrategia para prevenir mayor número de contagios (hasta la tarde del miércoles, las autoridades confirmaban 13 casos positivos de coronavirus), el respeto al Estado de derecho durante la emergencia, el impacto en la economía y sostenibilidad fiscal para garantizar empleos y bienestar.
Para Fusades, con los controles sanitarios en fronteras, la cuarentena domiciliar para quienes ingresan al territorio nacional, el distanciamiento social y las restricciones a la circulación de personas, entre otras acciones, se pretende reducir acertadamente la posibilidad de una crisis en el sistema de salud, el cual estaría en aprietos si el número de personas contagiadas llegara a superar su capacidad para poderlas atender.
“Respecto a la eficacia de la estrategia de prevención interesa maximizar su eficacia al menor costo. De momento, esta pareciera centrarse en gestionar una posible avalancha de ingresos hospitalarios en lugar de ser más agresiva en romper la cadena de transmisión del virus. Es decir, detectando el virus en las personas y aislándolas para reducir las fuentes de infección para otras”, señala el centro de pensamiento.
Agrega que aunque es vital contar con suficientes camas para cuidados intensivos y de hospitalización para quienes pudieran necesitarlas, la aplicación de pruebas masivas para detectar y aislar a quienes hayan sido contagiados, podría ser más efectiva y menos costosa. También permitiría ayudar a distinguir quiénes podrían sufrir más complicaciones que requieran hospitalización si se enferman, de quienes podrían recibir asistencia domiciliar o en centros de atención primaria específicos, reduciéndose así la carga hospitalaria.
“En cualquiera de estos casos, es indispensable que los profesionales de salud, responsables de hacer las pruebas o cuidar enfermos de COVID-19, conozcan los protocolos de atención y cuenten con los equipos de protección adecuados”, dice Fusades.
También manifiesta que es imperativo asegurar una gestión eficiente en los centros de cumplimiento de cuarentena en lo que respecta a su organización, identificación de necesidades, registro de personas, condiciones de salubridad, prestación de servicios básicos, así como todos aquellos señalamientos realizados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sala de lo Constitucional, entre otros aspectos relacionados con su funcionamiento.
Adicionalmente, agrega, que se deben adoptar medidas para mitigar el impacto de la emergencia sanitaria en la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares. Las medidas de contención de la enfermedad están poniendo en riesgo la continuidad de los empleos e ingresos de muchas personas, limitando su capacidad para comprar alimentos. Por consiguiente, es pertinente diseñar mecanismos focalizados de asistencia a hogares vulnerables mientras pasa la emergencia y se recupera la dinámica económica.
También propone que las acciones para contener la difusión del virus deberían irse ajustando en el tiempo, según los escenarios de riesgo sanitario basados en modelos epidemiológicos.
“Este es el momento de confiar más en la ciencia y la información que en las buenas intenciones, para enfrentar la emergencia sanitaria con pragmatismo y con soluciones acordes con la realidad del país”, manifiesta Fusades.
La existencia de un sistema de monitoreo de la evolución de la enfermedad y los efectos de la emergencia sanitaria en la calidad de vida y la salud de la población, permitiría tomar decisiones informadas, no solo sobre la duración de las medidas sanitarias y de asistencia alimentaria, sino también su implementación.
Ante la emergencia sanitaria, la institución señala que el Estado tiene que actuar de forma efectiva y oportuna para proteger a la población, haciendo uso de los mecanismos que la Constitución le provee en los términos en que esta lo determina. Esto lo hace a través de las instituciones públicas, cada una dentro de sus facultades.
La situación que se vive es extraordinaria, por ello se ha respondido con medidas que también tienen ese carácter, al restringirse los derechos de libre circulación, reunión y libre elección del domicilio. Además, se han decretado cuarentenas, que son necesarias para contener el contagio del virus y que implican, en efecto, restricciones a la movilidad; sin embargo, no pueden permitirse actuaciones que impongan restricciones de derechos más allá de lo permitido por el orden jurídico.
“Para evitar cualquier incertidumbre y confusión que pueda llevar a abusos y arbitrariedades, es necesario que cuando se emitan las órdenes, estas siempre tengan base en un decreto ejecutivo o legislativo dictado en legal forma”, recocmienda el centro de pensamiento.
Si se anuncian por redes sociales o conferencias de prensa las acciones que implican afectaciones de derechos, antes deben existir los instrumentos jurídicos indispensables que le dan sustento legal. Toda orden debe ser clara, precisa y comunicada oficialmente, de manera coherente, a las autoridades y a la población. Además, debegarantizarse la transparencia y el acceso a la información pública.
Entre las medidas que se toman, las restricciones a la libertad son de las más severas y, por ello, deben estar claramente definidas, en cuanto a los casos que lo ameritan y el propósito, pues no debe confundirse una cuarentena para prevenir una enfermedad, con una detención por desobedecer una norma, que además se deje a la voluntad del agente de autoridad, sin que haya oportunidad de ejercer el derecho de defensa. Todas las personas merecen ser tratadas con respeto y dignidad, incluso en las situaciones de crisis.
En cuanto al impacto en la economía y sostenibilidad fiscal para garantizar empleos y bienestar. Fusades señala que el reto de los tomadores de decisión es implementar políticas estratégicas que, por una parte, atiendan los problemas a corto plazo, sin crear distorsiones en la economía para que pueda subsistir más allá del impacto de la pandemia misma.
“El reto grande, de no manejarse adecuadamente, puede convertirse en una crisis económica prolongada. Es por ello que las políticas que se tomen deben tener una visión integral, con efectos en el corto plazo –atender la salud de los más vulnerables al COVID-19–, sin olvidar el mediano y largo plazo, garantizarle los empleos a los salvadoreños y la capacidad de las empresas para contratarlos. Son decisiones difíciles que todos los países en el ámbito mundial están enfrentando; y por ende, es necesario que sean medidas responsables, respetando principios de transparencia, institucionalidad y sostenibilidad.
La organización además considera que cualquier endeudamiento público para atender la emergencia por el COVID-19 necesita transparencia en la discusión legislativa y en la ejecución de los recursos. Las instituciones que velan por la transparencia y la lucha contra la corrupción deben cuidar que se haga un uso adecuado de los fondos y abrir espacios de auditoría ciudadana.