Fiscales del Grupo Contra la Impunidad presentaron este lunes al Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, más de 20 cajas con 1,649 folios o páginas en las que se rinde un informe contra 30 imputados que supuestamente integraban una red de corrupción dirigida por el ex-Fiscal General, Luis Martínez, el expresidente Mauricio Funes y el empresario Enrique Rais entre otros.
Dinero a cambio de no investigar delitos
A ellos y a otros 27 imputados de esa estructura, la Fiscalía les acusa de delitos de corrupción y contra la fe pública como peculado (apropiación indebida de los fondos públicos), cohecho (soborno), negociaciones ilícitas, falsedad documental agravada (alteración de documento oficial) y omisión a la investigación.
El Ministerio Público asegura que el exfiscal Martínez habría recibido soborno por más de $1.7 millones a cambio de omitir investigaciones relevantes y no emprender demandas judiciales contra el empresario Enrique Rais (prófugo en Suiza) y el expresidente Mauricio Funes (prófugo en Nicaragua). Este último para no ser investigado y procesado por las supuestas irregularidades en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, en San Luis La Reina, San Miguel.
“Este día (ayer) Fiscalía presentó el dictamen de acusación en el caso Corruptela en el que se procesan a 30 imputados, se resuelven 22 casos relacionados a delitos de corrupción y delitos contra la fe pública, así como lavado de dinero”, sintetizó una de las fiscales, a la salida del juzgado.
La agente fiscal manifestó que la investigación determinó que dentro de la Fiscalía General de la República existía, entre 2012 y 2015, una red de corrupción que encabezaba el exfiscal Luis Martínez y otros miembros de la institución.
Además estaban vinculados a esa estructura el exgobernante Mauricio Funes, Enrique Rais y su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais. Por eso Fiscalía ha solicitado al Juzgado Cuarto de Instrucción que envíe a juicio a los tres y a 27 imputados más. “Se ha determinado que el exfiscal Martínez recibió dinero en efectivo y seis vehículos como parte de las dádivas”, dijo la fiscal.
Pero esos dineros, según Fiscalía, no solo fueron a los bolsillos del exfiscal Martínez, una parte la repartió entre sus más cercanos colaboradores como el ex gerente general, Mauricio Yanes, quien también es procesado por lavado de dinero en grado de complicidad. “Como coautor se ha determinado que también extrajo dinero de las arcas de la institución”, dijo de él la fiscal.
Las investigaciones han determinado que la suma millonaria que Martínez recibió la utilizó para reparaciones de vehículos, adquisición de joyas y boletos de viajes al extranjero, asegura Fiscalía. Además dice que ha quedado establecido que esos dineros fueron introducidos en el sistema financiero nacional y por eso es que también se les procesa por lavado de dinero y activo a Martínez y a Yanes entre otros. “Los favores que recibió el expresidente Funes y el empresario Rais consistían en no ser investigados al interior de la Fiscalía ni como víctimas ni como imputados”, afirmó ayer la fiscal.
Las operaciones de Martínez
De acuerdo con las indagaciones del caso, a través de supuestas dádivas de Funes y Rais, el exfiscal Martínez lavó $1.2 millones y saldó deudas por $301,000 en los primeros meses al frente de Fiscalía.
Las indagaciones, al inicio del proceso, arrojaban que el exfiscal Martínez tenía deudas en cinco bancos por más de $240,000 y las saldó en los primeros dos meses de haber asumido el cargo.
El exfiscal general no solo se valió de su investidura para aceptar dádivas de dos prófugos, Funes y Rais, sino que se las ingenió para reestructurar protocolos de administración de la Fiscalía y, de esa manera, extraer fondos sin reunir los requisitos o someterse a los controles institucionales, dice la investigación del Ministerio Público.
Una de las reestructuraciones que Martínez hizo en la institución fue crear el puesto de gerente general y nombró en ese cargo a Mauricio Antonio Yanes (ahora procesado) con mayores potestades que la Gerencia Financiera, que era la que verificaba el cumplimiento de ley LACAP en cada solicitud de fondos.