La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y Acción Ciudadana (AC) se mostraron ayer a favor de que se instale en el país una Misión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción (MICIC), pero que también tenga la facultad de judicializar los casos ante los tribunales de justicia.
“La naturaleza de la MICIC debe ser acordada y establecida como una instancia de cooperación técnica y de fortalecimiento institucional para reforzar la capacidad del Estado salvadoreño en prevenir, investigar y judicializar la corrupción. La Misión deberá actuar con absoluta independencia y estar sujeta solo al mandato establecido en su convenio de constitución”, plantearon estas organizaciones.
Humberto Sáenz y Eduardo Escobar, de AC, y Roberto Rubio y Claudia Ortiz, de Funde, dijeron que ante señales de debilitamiento de las entidades encargadas del combate a la corrupción, se debe comenzar un verdadero debate para instalar la MICIC en el país, que entre sus funciones tenga la facultad de investigar y judicializar los casos de corrupción.
“Nuestra propuesta, lo que hemos definido a raíz de diferentes análisis y reuniones de trabajo que hemos tenido al respecto es que se le permita a la Misión ser querellante desde el mandato en el acuerdo internacional y además establecer alguna colaboración con la Fiscalía General de la República a través de comisiones especiales”, planteó Claudia Ortiz, de Funde.
Estas organizaciones dejan en claro que se debe respetar que el monopolio de la acción penal la tiene la Fiscalía General de la República, pero que en el acuerdo de constitución se debe de establecer que si a los 6 meses de presentado un caso de corrupción la FGR no lo judicializa, entonces la MICIC pueda hacerlo o acompañar una querella en los tribunales.
“Si la Fiscalía no desea o no sigue la investigación de determinados casos cuando a todas luces según los criterios establecidos es necesario en un caso estratégico que al resolverse va a desarticular una red de corrupción muy grande que pueda existir la posibilidad de una querella como existe en Guatemala”, añadió Ortiz
Dejaron en claro que no se necesita de reformas constitucionales sino que la MICIC estaría fundamentada en tratados internacionales.
Mencionaron que la MICIC debe ser independiente del gobierno y de estructuras de poder, pero que tendrá que rendir cuentas e informes periódicamente y deberá estar bajo el control y monitoreo de la sociedad civil (ver recuadro).
“Es una Misión que debería de configurarse desde su estructura legal a través de convenciones internacionales, a través de tratados internacionales suscritos por el Estado de El Salvador y que permitirían no tener que trastocar el ordenamiento legal que ya existe”, dijo Sáenz, presidente de AC.
Estas organizaciones llamaron a los diputados y al próximo gobierno de Nayib Bukele a darle entrada a un debate en la que también participe la sociedad civil.
Plantearon que los integrantes de la MICIC los designaría el organismo internacional que lo apadrine, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el mandato podría ser por 5 años y se puede prorrogar por un periodo similar.