El capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador, al igual que los medios de comunicación que siguen de cerca los procesos de contratación en la emergencia con fondos públicos, se han visto con el valladar de poca información del Gobierno de Nayib Bukele que ha puesto candados para no dar información que es de interés público.
El Diario de Hoy habló con Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de Funde, Transparencia Internacional capítulo El Salvador, quien ve posibles actos de corrupción en el hospital que se construye en el Cifco para enfrentar el Covid-19 y que a penas está en fase de terracería en plena cúspide de casos de la pandemia.
Sandoval hace duras críticas a la Corte de Cuentas y cuestiona que las auditorías que realiza esa institución no obedecen a parámetros internacionales de entes fiscalizadores. A continuación las respuestas que nos dio en una entrevista virtual.
¿Qué valoración haces de la situación de acceso a la información en el país, especialmente en esta emergencia?
Hago dos valoraciones: la primera que hacemos desde Alac-Funde es que hay un claro retroceso en medio de la pandemia, en medio de este contexto de la emergencia en relación al derecho de acceso de información pública y por ende, con relación a la capacidad de la sociedad civil y de la ciudadanía de poder exigir rendición de cuentas al Estado salvadoreño, ¿por qué? Porque el decreto 593 lo que vino a hacer es a suspender los plazos administrativos, y entre ellos a suspender los plazos que permitía que las dependencias del Estado, independiente si es legislativo, ejecutivo o judicial suspendieran la entrega de información.
Acá es bien importante destacar que el ejercicio no ha parado, la gente sigue solicitando información pública, las respuestas que hemos obtenido de dependencias como el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salud es que en razón de la suspensión de los plazos no pueden entregar la información.
Un dato importante y es que se atan la soga al cuello estas dependencias, las respuestas que nos dan es que no dan información por la suspensión de los plazos, pero en ningún momento alegan que la información no existe, eso nos lleva a una conclusión: la información existe, está dentro de las dependencias, porque si no existiera, la justificación de los Oficiales de Información, por ejemplo, del MOP y de Salud sería que la información es inexistente.
Lo que estamos enfrentando es entonces un patrón de resistencia de entregar la información desde una perspectiva política y no desde una perspectiva jurídica. En ese sentido hay un retraso eminente y viene amarrado al patrón que viene arrastrando de 10 meses atrás donde el Ejecutivo recurre a artilugios legales como irse a la Cámara de lo Contencioso Administrativo para no entregar información pública y que es oficiosa.
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Ese patrón que teníamos antes de la pandemia ahora lo vemos más reforzado en este momento de la pandemia, entonces la valoración es esa, una valoración negativa, una valoración preocupante, urgente, y que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado en el sentido que la ciudadanía tiene el derecho humano de buscar y recibir información pública, porque eso permite tomar decisiones inteligentes a la ciudadanía, pero también nos permite fiscalizar que los fondos realmente estén enfocados en tratar la pandemia y no estén enfocados en tratar de gastos que no tengan que ver con la emergencia.
Tenemos un retroceso, un retroceso alarmante, y un retroceso que es un menoscabo a los derechos humanos de la población en general.
Estamos buscando la adjudicación y contratos del nuevo hospital del Cifco y de otras compras, pero no hay información en ningún lado ¿Qué opinas de esa forma de manejar las cosas?
Definitivamente, hay que entender algo, dentro de las emergencias y hay varios estudios de Transparencia Internacional que refuerzan estos elementos, las emergencias dan espacios a la corrupción; es donde se configuran espacios para que los perpetuadores de la corrupción puedan aprovechar de que se han desarticulado aquellas herramientas o candados que buscan limitar que la corrupción se desarrolle.
Por ejemplo, en el caso del MOP dejamos de un lado el artículo 72 de la Lacap que era una forma de controlar las contrataciones directas que se están haciendo, y por otro lado, dejamos suspendidos los plazos de la LAIP, que nos permitía ver y evaluar cómo se están manejando los fondos, lo que hemos identificado es que hay un bajo flujo de información que lo que sucede dentro de las contrataciones y adjudicaciones en el MOP.
En Alap tuvimos la oportunidad de revisar lo que el informe del MOP que presentaron a la Asamblea Legislativa y era un informe patético, un informe malicioso, era un informe de tres páginas, la primera página era una portada y en las dos páginas eran unas capturas de pantalla, ¿y qué encontramos en este informe? Encontramos dos columnas con los costos de las adquisiciones y las empresas que habían sido contratadas, pero eso no es rendición de cuentas, y la interpretación que está haciendo el Estado es que rendición de cuentas es entregar números.
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El problema es que hay un rubro donde aparece que se adquirieron tantos kit para pruebas de Covid-19 pero no dice por qué razón contrataron a esa empresa, no dice el número de kits que se adquirieron, no me dice la razón de por qué contrataron a esa empresa, a pesar que estamos en un proceso de contratación directa, entonces eso no permite conocer a la ciudadanía ejercer un juicio de valor si las compran se están haciendo en el contexto de lo que realmente se necesita para la pandemia.
Otro ejemplo, en uno de los segundos rubros que aparecen en los reportes del MOP aparece la adquisición de paquetes de construcción y uno que no es arquitecto o ingeniero, que es un ciudadano común uno podría pensar a qué se refiere con paquete de construcción, la mayoría de gente es probable que no lo sepa, entonces queda la duda: ¿qué están comprando? Ese paquete puede tener una infinidad de cosas.
¿Qué debe entender la gente por la rendición de cuentas?
La rendición de cuenta debe tener dos condiciones básicas, una dimensión es la presentación de la información y la otra, es la justificación de la información, y es en la segunda dimensión en donde el Estado no está funcionando, es decir, no justifica el por qué está tomando ciertas decisiones, y en ese sentido, no es rendición de cuentas, no podemos hablar de rendición de cuentas sin justificar la información y el por qué estamos haciendo ciertas compras.
Lo que vemos en el MOP, a mi criterio es un hoyo donde se están drenando grandes cantidades de dinero y donde no sabemos cómo se está gestionando o cómo se está manejando.
¿Cuál es el riesgo detrás de todo eso? El problema está en que lo que buscamos finalmente con garantizar el derecho de información pública que es un derecho llave, es que tengamos la posibilidad de confirmar que se está cumpliendo también con el derecho a la salud, ¿por qué? Porque si garantizamos que los fondos realmente se están usando o se están manejando de la forma más adecuadas dentro del MOP, por ejemplo, con el hospital en el CIFCO puedo tener la garantía que estoy trabajando para proteger la salud de la población, hoy por hoy, no puedo hacer eso, porque la llave que me da acceso a la información pública está suspendida.
¿Cómo ven el rol que está tomando la Corte de Cuentas que afirma que están auditando esos procesos. ¿Realmente está haciendo auditorías la Corte de Cuentas?
No, a nuestro criterio no, y por dos razones, normalmente lo que está haciendo la Corte de Cuentas son ciertos informes ad hoc, ciertas revisiones de cifras de las gestiones de cómo se están realizando las contrataciones dentro de Cifco y otros proyectos, pero, eso que la Corte de Cuentas llama auditorías, realmente no son auditorías porque no cumple con los estándares internacionales de lo que implica realmente una auditoría.
De acuerdo a la instancia Gasto Público y Responsabilidad Financiera (Public Expenditure and Financial Accountabilitiy, PEFA) autoridad a nivel mundial sobre el tema de auditorías y establece un ranking de cómo los países utilizan las auditorías y determina en unas de sus notas técnicas que lo que realiza la Corte de Cuentas no llega a nivel de categoría de una auditoria, es decir que no tiene la profundidad necesaria para identificar irregularidades dentro de los proyectos, no sé qué nombre ponerle a lo que está realizando la Corte de Cuentas actualmente.
Otro ejemplo, tuvimos acceso al informe que presentó la Corte de Cuentas con respecto a lo que se está haciendo dentro de Cifco y la respuesta o el común denominador dentro de estos informes era que no había información, eso es ridículo e inviable, porque la Corte de Cuentas es una institución dentro del sistema de rendición de cuentas de rango constitucional que es independiente del Órgano Ejecutivo y en esa independencia tiene la facultad de actuar de oficio e investigar aquellos aspectos donde puede haber indicios de corrupción y no debe pedirle permiso a nadie para realizar esas investigaciones.
El Ejecutivo está sujeto y obligado a responder a las preguntas de los auditores de la Corte de Cuentas con respecto al manejo de los fondos, a las contrataciones y adquisiciones que se hacen, pero pareciera que la corte de Cuentas no tiene el valor o no tiene la habilidad política, o no tiene el interés político de ejecutar metodologías de auditoría que puedan encontrar irregularidades que nos puedan decir si el manejo de fondos se está haciendo de manera transparente y es acorde con los que se está buscando.
Otro elemento importante es que la ley de la Corte de Cuentas, en principio, parece una ley bastante estructurada, pero pareciera que dentro de la Corte de Cuentas quisieran no utilizar como esa estructura o esas atribuciones que le da la ley, por ejemplo, La Corte de Cuentas puede actuar de oficio y puede certificar a la Fiscalía General cuando encuentre indicios de corrupción, pareciera que eso no está sucediendo.
Los funcionarios de la Corte de Cuentas tienen el derecho de exigir la información, no es una sugerencia la que les da la ley de Corte de Cuentas a los auditores.
Información hay, información la tienen, que no la quieran dar al público y a la Corte de Cuentas es otra cosa, pareciera que la señora presidenta, y lo digo con todo respeto, pareciera que no está haciendo un trabajo efectivo en ese sentido, debería aplicar la ley y cumplir las atribuciones que la ley le confiere.
¿Qué opinas de la secretividad de los informes de la Corte de Cuentas?
Claro, tenemos nota negativa respecto a los organismos internacionales, porque la ciudadanía no conoce los informes, nosotros y los periodistas los conocemos porque tenemos fuentes que no dan acceso a ese tipo de informes, pero la gente no sabe que los informes lo que están arrojando es que el Ejecutivo no está entregando información pública a la Corte de Cuentas.
Pareciera que nadie está fiscalizando en este momento lo que está haciendo el Estado.
¿Los alcances de la Corte de Cuentas podrían ir e identificar relación con las personas que están siendo contratadas en la emergencia, por ejemplo, en la construcción del hospital del Cifco y otras compras, tendrá ese alcance?
Lo tiene definitivamente, porque debería verificar precisamente que las contrataciones se hagan con ciertos criterios que vayan enfocados sobre la base de méritos. La profundidad de la Corte de Cuentas le permite explorar ese tipo de cosas, el problema es que no se está haciendo.
Este tema de esta contratación (hospital del Cifco) encaja dentro de lo que es un posible acto de corrupción y si encaja dentro de lo que es un posible acto de corrupción, la Corte de Cuentas tiene la obligación de oficio de poder investigar, yo no sé si la Corte de Cuentas lo sabe o no, y si lo sabe y no lo ha investigado está cometiendo ciertos fraudes a la ley, no está cumpliendo con las atribuciones que le corresponde.