El Centro de Estudios Jurídicos, CEJ, uno de los mayores tanques de pensamiento en materia jurídica del país, manifestó ayer en un comunicado, que tanto los funcionarios públicos como los empresarios del sector privado están obligados a cumplir la Constitución.
“El sector privado está obligado a cumplir con la Constitución y las leyes en sus actividades económicas, a fin de garantizar la salud pública , el bienestar de los consumidores y la salud de los trabajadores”, cita el CEJ al referirse al cierre de los restaurantes Mister Donut.
La entidad apela a la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) que desarrolla los principios constitucionales que deben regir a la Administración Pública, entre ellos el principio de legalidad (art. 85 de la Constitución de la República) en virtud de que los funcionarios deben actuar con pleno conocimiento al ordenamiento jurídico.
La LPA reconoce el derecho de la buena administración, que considera los asuntos de naturaleza pública deben ser decididos con equidad, justicia, objetividad e imparcialidad…” cita el CEJ.
El centro, que está integrado por prestigiosos abogados del país, también hace un llamado a los funcionarios públicos para que “cumplan con la Constitución y las leyes en el ejercicio de sus atribuciones y observen el derecho a la buena administración y el derecho a los administradores a ser tratados con respeto y dignidad…”Además a que no afecten innecesariamente la estabilidad laboral de los empleados del sector privado.
También insta a las partes involucradas a que “modulen la estrategia mediática con la que acompañan la ejecución de los procedimientos administrativos, debido a que la publicidad innecesaria puede ser percibida como arbitraria, injusta y parcial.
Finalmente hace un llamado a los empresarios a que cumplan con la Constitución y las leyes en el ejercicio de sus actividades económicas y garanticen a sus empleados un trato y salario digno.
El cierre de los dos primeros restaurantes ocurrió el 1 de octubre pasado, pero 10 días antes, el 20 de septiembre el Ministerio de Trabajo ya había realizado una primera inspección.
La institución determinó que existían suficientes elementos “legales” para proceder a cerrar las primeras dos sucursales. A partir de ahí, tres restaurantes más han sido clausurados. El último, ayer jueves.
El representante legal de Sistemas Comestibles S.A. de C.V., Adolfo Salume se ha pronunciado tanto en su cuenta de Twitter como en un comunicado enfatizando que “no existe sustento legal para el cierre de los restaurantes, pues no existe violación alguna a normativas técnicas que establezcan la posibilidad de un riesgo para nuestros colaboradores o el público en general”.
Por su parte la cartera de Estado manifestó también a través de redes sociales que: “Como Ministerio se actuó apegado a la ley, ejecutando las verificaciones previas pertinentes y tras las irregularidades encontradas se procedió al cierre de ambos establecimientos”.