Funcionaria le devolvió $3,000 a exconvicto en dos pagos

Entregó primero a su demandante $2,500 y después $500. Pero no lo hizo por la vía legal o administrativa, por lo que no pudo evitar ser procesada.

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Foto ilustración de decomiso de dinero. Marvin Fuentes fue capturado con casi medio millón de dólares que tenía en su casa.

/ Foto Por Mauricio Caceres

Por Jaime López

2019-07-01 4:30:03

José Nolberto Hans Hernández Martínez fue arrestado el 21 de junio de 2014, acusado del delito de tráfico de personas, conocido en la jerga popular como “Coyote”.

A la hora del arresto, a Hernández Martínez le confiscaron $3,000 en efectivo, que para efecto de custodia fue resguardado en la Policía Científica.

El acusado fue sometido a todo el proceso judicial que terminó en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, donde fue absuelto el 17 de diciembre de 2014. Tras ser declarado inocente, su abogado defensor solicitó al juez que autorizara la devolución del dinero incautado, pero el Tribunal respondió que no tenía acreditada ninguna suma de dinero a favor del imputado absuelto y que en todo caso, hiciera la gestión ante la Fiscalía.

A partir de ese momento comenzaron las solicitudes de devolución ante la exfiscal Orellana Salazar. Ella pidió al exconvicto que le presentara una declaración jurada otorgada por el Consulado Salvadoreño en los Estados Unidos para corroborar el origen del dinero, porque esa suma estaba en la Unidad de Extinción de Dominio y para ser devuelto se requería llenar ese requisito.

Hernández Martínez contrató a una abogada para que gestionara la devolución de esos fondos ante la Fiscalía. La profesional habló con la exfiscal Orellana Salazar pero al no tener respuesta favorable acudieron a la Unidad de Auditoría Fiscal.

La entidad que investiga y controla el ejercicio de los auxiliares del Fiscal General, citó al imputado absuelto. De esa solicitud se enteró la exfiscal Orellana Salazar y poco antes de que él acudiera a la cita, contactó con él en un intento por parar esa diligencia.

La jefatura de la Unidad de Tráfico y Trata de Personas pidió cuentas a Orellana Salazar sobre el dinero que reclamaba su acusado, quien para superar la presión que había sobre sus hombros, afirmó que el dinero decomisado estaba en Fondos Ajenos en Custodia del Ministerio de Hacienda y mostró documentos firmados y sellados que después se comprobó que eran falsos, según consta en el proceso judicial.

La indagación abarcó a la Unidad de Extinción de Dominio (de la Fiscalía) en la que se solicitó que se certificara si bajo su poder se encontraba el dinero decomisado a Hernández Martínez, pero esa instancia negó que el dinero estuviera en su poder.

El destino que tuvo ese suma de dinero no dejó de ser investigado en Fiscalía y cuando creció la presión, Orellana Salazar entregó a su demandado $2,500 y el 10 de junio de 2017 le entregó los restantes $500. Pero no lo hizo por los canales judiciales o fiscales adecuados.