Francisco Díaz fue elegido como candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia por el gremio de abogados. Pero lo que más lo destaca en estos momentos es una lección de dignidad y entereza profesional que dio en la Asamblea Legislativa al decirles a los diputados oficialistas que lo entrevistaron, por televisión nacional inclusive, que seguramente no iban a elegirlo magistrado porque sus principales postulados son la independencia judicial, la imparcialidad y la defensa de la Constitución, ante lo cual guardaron un silencio sepulcral y cerraron de inmediato la sesión.
El profesional aspiraba a una de las cinco plazas, con sus respectivas suplencias, que quedarán vacantes en la Corte al cumplir su periodo igual número de magistrados.
Nombre: Francisco Díaz Rodríguez.
Profesión: Abogado de la República
Cargos desempeñados: Miembro Nacional de la Judicatura
Superintendente de Competencias
Candidato a magistrado por el Centro de Estudios Jurídicos
En entrevista con El Diario de Hoy, Díaz no duda en rechazar la imposición de abogados para sustituir a los cinco magistrados legítimos de la Sala de lo Constitucional, con el golpe del 1 de mayo anterior, y advertir que los actos y mandatos de los funcionarios de facto son ilegítimos. Al mismo tiempo, advierte que el control que ejerce la presidencia de la República sobre el Poder Judicial terminará afectando a los mismos ciudadanos, que no tendrán ante quién recurrir para defender sus derechos frente a los abusos de autoridad.
Usted se distinguió en las entrevistas ante los diputados por exponer su plan de trabajo y decirles que actuaría con independencia e imparcialidad, ante lo cual se quedaron callados. ¿Cómo fue ese momento?
Desde el comienzo la entrevista fue muy ligera en el sentido jurídico. Me preguntaron mi posición sobre la situación política y se tocó muy marginalmente sobre la cuestión jurisdiccional, a pesar de que mi propuesta de trabajo es en materia de administración de justicia. Me resultó muy obvio por las preguntas y el lenguaje corporal de los entrevistadores que ellos estaban en busca de otro tipo de persona.
¿Cómo que sólo estaban llenando un formalismo?
Yo tengo esa impresión.
¿Y entonces a quiénes esperan elegir?
Dándole el beneficio de la duda, lo más que se puede esperar es que de allí salga un x número de personas que digan los diputados: “estos podrían ser electos”, para que otros tomen la decisión y la Asamblea únicamente ratifique.
“El amparo era una garantía frente a un despido injustificado, a una desatención de salud, frente a una obra pública sin sentido o actos de derroche público o corrupción. Ahora esa protección no existe y afecta la vida cotidiana de los ciudadanos... Seguramente tramitarán demandas de los despedidos, pero no les darán feliz término”
¿Por eso les dijo: “Creo que no me van a elegir”...?
“Creo que no me van a elegir porque yo he mostrado ser un funcionario independiente, imparcial, que me he orientado siempre por la lectura y la comprensión de la Constitución, de la ley y la capacidad que tengo para interpretarla”.
¿Ellos demostraron que no es eso lo que buscan?
Esa es mi impresión porque otras personas que llegaron francamente a “ofrecer sus servicios” o a decir que lo que ocurrió el 1M era una cuestión netamente legal tuvieron una muy buena recepción de los diputados.
Uno de los entrevistados llegó a decir que la Asamblea “debe tutelar a la Sala de lo Constitucional”…
Es un absurdo ese planteamiento, es la narrativa actual del gobierno, donde quisieran que el Ejecutivo decide todo y está por encima de todo. La última palabra en aplicación de la ley en El Salvador la tenía la Sala de lo Constitucional independiente. Porque ahora tenemos una Sala ilegítima e ilegal, cuyos mandatos carecen de legitimidad constitucional, legal y democrática.
¿Y la respuesta de este abogado a qué pudo deberse: a condescendencia o a miedo? Se habla de miedo en el gremio de abogados y entre los jueces…
No debemos sorprendernos de que haya miedo. Desde el momento en que el presidente de la República dice: Si yo fuera dictador ya habría mandado a fusilar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional... desde esa frase es como para poner las barbas en remojo y cualquier persona puede asustarse frente a eso. Es una forma de terror. No es de extrañarse de que en este momento en que han sido impuestos magistrados que son próximos, afines a la Presidencia de la República, se tenga un temor de ser investigado, de ser destituido, de ser sancionado.
Eso se ha visto con el Ministro de Trabajo…
El ministro se toma la tarea de amenazar a los jueces que no resuelvan conforme a lo que les solicitan las personas atendidas por el ministerio. Esa es otra forma de coacción. El juez tiene que ser independiente y resolver según las pruebas que le presentan. Conocemos de otros casos de colegas abogados que ya han sido amenazados o les han iniciado procedimientos de investigación. No puedo decir nombres.
¿Qué reacción vio en los diputados?
Lamentablemente ya no hubo oportunidad de eso, porque fue la última pregunta y a partir de mi respuesta hubo un silencio y el presidente dijo: “Muchas gracias. Ha terminado la entrevista”, y me retiré.
“No debemos sorprendernos de que haya miedo (entre abogados y jueces). Desde el momento en que el presidente de la República dice: Si yo fuera dictador ya habría mandado a fusilar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional... Desde esa frase es como para poner las barbas en remojo y cualquier persona puede asustarse frente a eso. Es una forma de terror”
¿Cómo interpreta ese silencio?
Como un desacuerdo, como un disgusto. Para nada se cumple la máxima de que “el que calla, otorga”. He recibido muchas felicitaciones y la cantidad me ha dejado sorprendido. Hay vídeos que ha tenido miles de repeticiones, lo cual significa que hay una población creciente que estaba esperando una actitud correcta, consecuente, sincera, independiente e imparcial como la que yo planteé.
A las puertas de la “elección”, ¿qué clase de magistrados cree que van a elegir?
Gente que no va a tener ninguna independencia, ninguna imparcialidad frente a la voluntad del Ejecutivo. Hay dos cosas que me dicen bastante: las personas que fueron impuestas para sustituir a los que renunciaron son muy próximas al equipo de gobierno del Ejecutivo, incluso una persona ya había intentado ir en la lista del Consejo Nacional de la Judicatura, que no quiso incluirla por considerar que no tenía los méritos. Ese es un indicador. Otro es la reciente declaración del diputado Gallegos que con toda tranquilidad dijo: Quizá vamos a gente que participó pero que no viene en la lista del CNJ, rompiendo el mandato y el procedimiento constitucional.
Pero él principalmente no puede alegar ignorancia de la ley. ¿Qué dice la Constitución?
Que la Asamblea elegirá de la lista que le envíe el Consejo, formada esta la mitad por los elegidos por el gremio de abogados y la otra mitad por los elegidos por el Consejo. Lo dicho por el diputado Gallegos es una muestra de que lo que dice la Constitución no les dice ya nada. Están ignorando completamente la norma constitucional.
¿Qué pasará con los abogados nombrados de facto el 1M en la Sala de lo Constitucional? ¿A qué se exponen?
Antes de presentar sus renuncias -como resultado de presiones y amenazas, los textos de las renuncias eran casi idénticos como redactados por una misma persona-, los magistrados de la Sala ya habían emitido una resolución que declara inconstitucional su destitución. Esa declaratoria es válida conforme a derecho y la Constitución y a partir de eso se invalidó el resto de las actuaciones, carecen de base legal y constitucional y podrían revertirse en un momento dado. De manera que los nombramientos que siguieron son inconstitucionales. Que esa destitución y la elección adolece de vicio constitucional, es incuestionable. Es una forma de prevaricato: resolver de una forma contraria a la ley, en este caso la aceptación de un cargo opuesto. Y como más tarde o más temprano las cosas cambian, tendrán esa responsabilidad sobre sus espaldas y en algún momento el Estado tendrá que exigir que se cumplan esas consecuencias.
“Antes de presentar sus renuncias –como resultado de presiones y amenazas-, los magistrados de la Sala ya habían emitido una resolución que declaraba inconstitucional su destitución. Esa declaratoria es válida conforme a derecho y la Constitución y a partir de eso se invalidó el resto de las actuaciones, carecen de base legal y constitucional y podrían revertirse en un momento dado. De manera que los nombramientos que siguieron son inconstitucionales”
¿Qué cree que vendrá a partir de las reformas constitucionales que se están planteando a la medida?
La Constitución requiere una revisión técnica ciertamente. En gran medida, nuestra Constitución es la de 1950 con algunas modificaciones, sustanciales algunas de ellas, particularmente las que resultan de los acuerdos de paz, pero tiene muchas imprecisiones. De eso a decir que se necesita una nueva constitución para crear un nuevo Estado hay una gran distancia. Las cláusulas pétreas, que se refieren a los puntos medulares del sistema republicano y democrático, son claras: no puede haber una reelección presidencial y es claro que esa es la ambición. Buscan la forma de que la reelección presidencial pueda ser inmediata.
Y se habla de que también puede hacerlo vía Sala de lo Constitucional, y una sala dócil a Casa Presidencial…
Como la que existe actualmente y fue el camino que siguió Honduras: hacen una interpretación ad hoc y permiten la reelección.
Alguna gente dice que “como no les afecta el bolsillo o la vida, el gobierno puede hacer lo que quiera”, pero ¿cuál es el peligro de que desde Casa Presidencial se tomen las grandes decisiones que les corresponden a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia?
El mayor peligro es la ruptura, la desaparición de la República, y con la República, del sistema democrático. La existencia de la República implica la existencia de diferentes poderes. El Estado es uno solo, el poder es un solo, pero debe estar repartido en diferentes órganos, para que estos se controlen unos a otros. En el sistema de los Estados Unidos, una de las cámaras del Congreso es contrapeso de la otra. Al desaparecer ese balance de poderes, desaparece la República, entramos en una forma nueva de monarquía que puede ser un califato, un emirato…
¿Qué le implica al salvadoreño de a pie que exista de una clase de régimen de ese tipo?
Algo muy grave. No puedo decir que hayamos vivido en los años anteriores en una situación idílica, en la cual la administración de justicia era pronta y cumplida como hemos reclamado tanto tiempo, pero había cierto margen de protección. El amparo era una garantía frente a un despido injustificado, a una desatención de salud, frente a una obra pública sin sentido o actos de derroche público o corrupción. Ahora esa protección no existe y esto afecta la vida cotidiana de los ciudadanos.
Hay despedidos a los que nos les están pagando indemnizaciones o les aplican aberrantes “suspensiones indefinidas” y el sistema judicial no les está dando protección, como no está atendiendo demandas contra la misma Sala por su nombramiento de facto…
Y no la van a tener. Seguramente están presentando las respectivas demandas. A lo mejor puedan tramitárselas algunos meses para llegar un término infeliz. Y no habrá cómo hacer un reclamo hacia arriba, salvo aquellos que están del lado o de acuerdo con algunos de los funcionarios, como se ha podido ver en el caso de sindicatos afines al Ministerio de Trabajo.
¿Estos ciudadanos no tienen la mínima garantía de que sus casos serán resueltos conforme a derecho?
Para eso se están haciendo cambios rápidamente al interior del Órgano Judicial, para que los mecanismos de investigación que ya existen se utilicen para eliminar a los jueces que han actuado correctamente, que son independientes, imparciales y que en un momento dado podrían “obstaculizar” una voluntad del Ejecutivo.
¿Qué vislumbra para el país en el futuro, sin una corte y tribunales independientes? ¿Se han echado a la basura los acuerdos de paz y los avances que se consiguieron y la comunidad internacional ya no reacciona?
Quiero dar una respuesta optimista... Nuestro pueblo está cansado de lo que ocurrió antes y durante la guerra. Hemos tenido un respiro democrático en 29 años. Ante ese cansancio ahora hay poca reacción, pero creo que va a haber una reacción de la sociedad en un momento dado y un tensionamiento. Y luego hay que volver a empezar, pero para superar lo que teníamos, no para volver a lo que teníamos. Eso es lo que yo veo.
¿Cómo se siente usted ahora con la respuesta que dio a los diputados, con la comunidad jurídica, con el país, con usted mismo?
Muy tranquilo. Acepté esta candidatura porque me la propuso un gremio al que respeto mucho, el Centro de Estudios Jurídicos, y porque pensé que en la situación actual del país es una responsabilidad ciudadana moral mía. Pero a partir de la elección de esta nueva Asamblea yo sabía que estaba fuera. Desde entonces me quedé tranquilo, lo cual no me inhibe para decir las cosas como las pienso y como las dije en esa oportunidad.