Forenses denuncian supuestas ilegalidades en formación de colegas

Una de las anomalías denunciadas es que los aspirantes a ser médicos forenses se encargan de realizar las autopsias y los dictámenes, sin estar autorizados para ello.

Personal de Medicina Legal en un levantamiento de una escena de muerte violenta. EDH/ Francisco Campos

Por David Marroquín

Ago 12, 2019- 05:50

Un grupo de médicos forenses ha denunciado una serie de supuestas ilegalidades en la formación académica de los futuros especialistas forenses, lo cual podría poner en riesgo algunos procesos judiciales.

Los aspirantes a ser médicos forenses realizan su preparación de especialización en Medicina Forense en el Instituto de Medicina Legal (IML) de acuerdo a un convenio con la Universidad de El Salvador (UES).

Los denunciantes -que solicitaron omitir sus nombres para evitar represalias- aseguran que el Instituto de Medicina Legal es un ente auxiliar de la administración de justicia para la aplicación de la ley y no es una institución de enseñanza académica tal como sucede en estos momentos.

Se remitieron al artículo 6 del Reglamento del Instituto de Medicina Legal donde están establecidas las atribuciones de la institución.

En materia penal, Medicina Legal es la encargada de practicar reconocimiento pericial de cadáveres, autopsias, exhumaciones seguidas de autopsias, reconocimiento de lesiones, aborto, delitos contra el pudor y la libertad sexual.

También le otorga la atribución de calificar la capacidad mental del imputado, así como todos los demás dictámenes relacionados con otros delitos. Los forenses señalaron que lo delicado del asunto es que se toman casos que todavía no han sido judicializados como parte de la enseñanza a los médicos generales que reciben el curso para aspirar a ser peritos forenses.

Pero lo que consideran más grave es que algunos de sus colegas permiten que los aspirantes a forenses hagan las autopsias de los cadáveres como parte de las prácticas y que emitan los dictámenes, sin estar autorizados, lo que podría convertirse en fraude procesal porque transgreden la cadena de custodia de las evidencias.

Para tratar de encubrir esa transgresión a la legalidad, los forenses que dejan solos a los aspirantes para realizar autopsias y dictámenes, después, ellos firman las actas de las autopsias como que ellos han practicado los reconocimientos y dado fe de los resultados de las mismas, aseguran los denunciantes. “Ellos -los estudiantes- hacen los dictámenes y los médicos forenses solo llegan a firmar”, dijo un denunciante.

Las ilegalidades que consideran los denunciantes que existen en la formación de los futuros médicos forenses es que éstos últimos realizan funciones de peritos en las autopsias de cadáveres, y en levantamientos de los cadáveres, cuando no están autorizados.

A lo anterior se le suma la realización de exámenes físicos forenses a personas lesionadas y a víctimas de violaciones sexuales, lo que puede derivar en fraude procesal y ser refutado por los abogados defensores de los imputados.

Proceso “empírico”

Hasta hace unos siete años algunos médicos se formaron como forenses a partir de la experiencia en el terreno o de manera empírica, ya que no existía el convenio con la Universidad de El Salvador y ese proceso era “hasta normal” -dijo un médico que solicitó mantener su nombre en reserva-, y esto era debido a la ola de criminalidad que demandaba de realizar hasta 18 levantamientos de cadáveres de personas víctimas de muertes violentas.

Sin respuesta a solicitud

Para este reportaje se solicitó entrevista a Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia y del Instituto de Medicina Legal, una semana antes de las vacaciones agostinas, sin haber obtenido respuesta.

“Donde queda el respeto a la ley, la legalidad de los peritajes, el debido proceso estaría viciado. También se corre el riesgo de que si alguna víctima que fue examinada en la clínica forense por un médico y cuando va a la audiencia tiene que decir que a mi no me examinó un doctor, fue una doctora que no está aquí”, explicó un forense denunciante.

Los forenses que hacen esa denuncia se remiten al artículo 189 del Código Procesal Penal que señala que la autopsia de los cadáveres la practicarán solo médicos forenses.

Señalaron que al permitirse que los médicos residentes hagan la autopsia con el pretexto de que realizan sus prácticas “están transgrediendo, violando, quebrantando y desobedeciendo la ley. Se corre el riesgo de que este quebranto de la ley anularía la autopsia”.

“¿Entonces como quedaría la muerte de una persona, si se anula la autopsia?… No hay autopsia, no hay cadáver, no hay delito”, señaló un forense.

Otra de las irregularidades que los denunciantes consideran que es grave es la selección de los médicos generales que han sido contratados como docentes para el curso de implementación de la especialidad de Medicina Legal.

También descalifican a los instructores del curso porque no tienen ni el más mínimo conocimiento de Medicina Forense, según los denunciantes.

Agregaron que los docentes no tienen la especialización de Medicina Forense ni tampoco preparación como académicos sino que trabajan de manera empírica.

Otro aspecto que resienten los denunciantes es que hay personal del Instituto que posee una maestría en Medicina Legal y no fueron tomados en cuenta para trabajar como docentes, a pesar de que cuentan con atestados y con título de post grado.

El personal que trabajó en la elaboración del pensum curricular son docentes de la Universidad de El Salvador, pero no son médicos forenses, según los denunciantes.

Además los médicos que se preparan en el curso de especialización están como becarios estudiantes y además fungen como empleados de la CSJ, por lo cual reciben un salario de la Corte Suprema, denunciaron.

En El Salvador hay entre 250 y 300 médicos forenses autorizados por la CSJ, pero de esos, hay entre 32 a 36 especialistas en Ciencias Forenses, cuyos estudios los realizaron en el extranjero.

Con este curso de especialización de Medicina Forense se pretende graduar ocho peritos forenses por año, después de tres años de estudios. Los denunciantes hicieron un llamado al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Fiscal General para que indaguen sobre las supuestas ilegalidades que se estarían cometiendo al permitir que los médicos residentes hagan las autopsias y exámenes forenses, sin que la ley los faculte para realizar ese tipo de procedimiento legal.

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