Con 59 votos de mayoría calificada; 10 en contra de GANA; y dos diputados de ARENA, la Asamblea logró superar el veto que el presidente Nayib Bukele envió a los diputados de los decretos de reforma a la asignación de $354 millones de deuda para pagar la contrapartida de Fomilenio, alcaldías y pensión de veteranos.
Con la ratificación del decreto legislativo, la asignación aprobada por la Asamblea queda así: $50 millones para Fomilenio II; $288 millones para el FODES atrasado de ocho meses de las alcaldías; y $16 millones para pensión de los veteranos de guerra que cubre hasta diciembre de 2020.
Bukele argumentó en su veto que es “inconstitucional” lo actuado por los diputados de reasignar el dinero de un decreto que ya había sido aprobado anteriormente por la Asamblea para pagarle a los proveedores del Estado sin consultarle antes al Ministerio de Hacienda.
En su cuenta de Twitter lo reafirmó: “… Están repartiendo un dinero que ya se asignó y ejecutó en otros rubros que ELLOS MISMOS APROBARON en el mismo decreto 640 actual, que, hoy por hoy, sigue siendo ley de la República. Al menos 1 de los 2,000 asesores que tiene la Asamblea será medianamente inteligente y les podrá decir que ese dinero no se puede reasignar cuando ya se ejecutó, aun teniendo el aval del Gobierno (cosa que tampoco tienen). Creo que solo lo hacen para engañar a sus alcaldes”, señaló Bukele.
Sin embargo, por la misma razón que argumenta Bukele, sobre esos $354 millones que fueron aprobados por la Asamblea en el decreto 640 para cancelar a proveedores del Estado y pago del IVA a exportadores, es que los diputados aprobaron ayer enviar un aviso a la Fiscalía y notificar a la Corte de Cuentas para que ambas instituciones investiguen adonde fueron a parar esos fondos, ya que Bukele y el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguran que ya se los gastaron y no fue en el destino para el cual fueron solicitados.
“¿Dónde está el dinero?, porque este gobierno prácticamente ha tenido todos esos recursos a disposición y los ha utilizado aparentemente a partir de esas declaraciones, incluso sin haber tenido una autorización por parte de la Asamblea, en ese caso, ese es un procedimiento anómalo, porque el Ejecutivo no se puede autorizar a sí mismo el destino de los recursos, principalmente de orden préstamos y presupuesto. Estamos en una violación grave de ley”, razonó la diputada del FMLN, Yanci Urbina.
La situación se complica también a partir de la denuncia del presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, de que Hacienda tiene ocho meses de atraso en trasladarles $1.1 millones que deben a los proveedores de la Asamblea.
Ponce informó que también la Corte Suprema de Justicia acarrea mora con sus proveedores por casi $20 millones, buena parte son deuda de pago de alquileres de casas particulares en donde funcionan tribunales y juzgados.Con la superación del veto ayer por la Asamblea, el decreto vuelve a la Presidencia, quien deberá analizar si lo acepta o lo rechaza, si pasa esto último, deberá ser la Sala de lo Constitucional quien dirima sobre la controversia.