FMLN denuncia que Agricultura y MOP tienen más fondos que Salud

Por ello, el partido de izquierda no votó por ratificar el crédito que deja a Salud en tercer lugar de prioridad. Por su parte, abogados exigen que se fortalezca el control que la Asamblea debe ejercer al Ejecutivo.

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La red hospitalaria del país está colapsada y su infraestructura es insuficiente para la pandemia. Por ello, el FMLN cuestiona que se le dé más recursos a otras carteras que además han sido opacas en manejo de fondos. Foto EDH / Archivo

Por Violeta Rivas

2020-08-03 8:45:02

Luego de la aprobación del préstamo por $250 millones en la Asamblea Legislativa, el FMLN aparte de no acompañar la votación también ha cuestionado la distribución de los fondos, desde que unos $40 millones irán Agricultura y $20 millones más para el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), además de $30 millones para el funcionamiento del hospital El Salvador, mientras que para la emergencia, recuperación y recuperación económica van solo $18 millones y $12 para los veteranos cuando necesitaban el doble de fondos.

La diputada Cristina Cornejo, del FMLN, dijo que por esta distribución de gastos para diferentes destinos que no son la prioridad sanitaria es que decidieron oponerse a la ratificación y votar en contra, porque les preocupa que se le sigue entregando dinero al Gobierno sin obligación de rendir cuentas.

Gobierno tendrá $250 millones más para pandemia y llenar huecos fiscales

“Nuestra preocupación es la cartera de Agricultura que cuestionamos y pedimos que ese dinero se reorientara. Según el informe que el mismo ministro entregó a la Asamblea Legislativa ya lleva más de $250 millones invertidos, según él, en el tema de paquetes agrícolas. Y ayer (domingo) se le estaban entregando otra vez $40 millones que es otro presupuesto adicional para el Ministerio de Agricultura, más otro dinero que han estado agarrando de otras carteras sin la autorización de la Asamblea, que también está muy relacionado a la salida del exministro de Hacienda”, dice la diputada.

Cornejo expone que en dos ocasiones ha sido llamado a la Asamblea Legislativa, el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Pablo Anliker, para que explique el gasto que ha tenido en su cartera de Estado y no ha asistido, lo cual le parece a la legisladora, al igual que otros ministerios como el de Obras Públicas, o Salud tienen indicios de corrupción y les siguen entregando dinero sin rendir cuentas.

“Todo el personal de Salud sigue esperando que se les paguen los meses de la bonificación que se les prometió y el ministro (de Hacienda) dijo que era porque nosotros no habíamos aprobado la ley de emergencia, y eso no es cierto, él tenía que haber enviado un presupuesto extraordinario o una reasignación de fondos, o de estos fondos que se supone que eran para ellos, pero nosotros seguimos sin tener respuesta de estos temas fundamentales de cara a la emergencia. Yo no quisiera creer que esto está enfocado en un tema político-electoral para tratar de garantizar mayor correlación de diputados por parte del presidente (de la República) de su partido en las próximas elecciones porque lo que está haciendo el ministerio de Agricultura, lamentablemente, es politiquería entregando este tipo de paquetes agrícolas”, señala la legisladora.

Lamentó que no todas las fracciones parlamentarias estén en función de exigir al Gobierno una rendición de cuentas y que en el caso del FMLN no van a acompañar la aprobación de más fondos si los funcionarios no informan debidamente, “pero no hay ningún informe, ni siquiera mínimo ya ni se diga detallado, desglosado en el tema de esta inversión, porque no estamos hablando de “cien pesos”, estamos hablando de millones y millones de dólares que están siendo mal utilizados por parte de este gobierno y las cuentas las vamos a pagar todos”, dice Cornejo.

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En el caso de los $20 millones, la parlamentaria asegura que darían los votos ya que son fondos que irían destinados para el funcionamiento y equipamiento de los hospitales nacionales, ya que todos tienen áreas destinadas para atender los casos de COVID-19 y necesitan destinar recursos a dichas áreas.

Ayer, la diputada Yanci Urbina, del FMLN, señaló que el Gobierno sigue asignando fondos a “bolsas negras” como el Fopromid, a quien ya le han asignado más de $625 millones y no han presentado informes de hacia dónde han dirigido dichos fondos.

“Esas asignaciones que no tienen suficiente transparencia, que también no se especifica claramente para qué son las partidas presupuestarias las han asignado, realmente es inadmisible, y es necesario que a esos recursos públicos se les dé transparencia, se les dé rendición de cuentas, pero lo que han hecho hoy es un acuerdo justamente para seguir asignando esos recursos sin la debida transparencia y sin la debida rendición de cuentas. Parece ser que esta será la característica principal de este gobierno”, manifestó la parlamentaria.

Urge fortalecer control político

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana sostiene que pese a que hay urgencia de fondos para diferentes ámbitos que está afectando la pandemia no se debe dejar de lado la obligación de la rendición de cuentas, de la transparencia y permitir el acceso a la información que debe de dar el Gobierno sobre el uso que le está dando a los fondos que tiene a su disposición para atender las necesidades por la pandemia.

“Lo importante son dos cosas, que el Gobierno rinda cuentas y que entregue la información a detalle de cómo está usando los fondos, y que las entidades de control, tanto político como presupuestario tengan un rol de fiscalización, monitoreo y de exigir de rendición de cuentas, y me refiero a la Asamblea Legislativa, que ejerce un control político y debe de existir un mecanismo para pedir a los titulares de las carteras de Estado, que van a manejar los fondos, además de las municipalidades, para que también rindan cuentas. Que la Asamblea realice este control político-presupuestario donde la comisión de Hacienda cree mecanismos para que los funcionarios rindan cuentas, mecanismos efectivos”, dice Escobar.

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Recuerda que en el caso de los fondos anteriormente autorizados, los funcionarios llegaron a la Asamblea Legislativa y no rindieron cuentas de forma efectiva y se tardaron en entregar informes, entonces tiene que ser el parlamento salvadoreño el que tiene que mejorar el mecanismo para que los funcionarios rindan cuentas.

Otras de las instituciones de control que tiene que estar monitoreando los gastos del Estado es la Corte de Cuentas de la República (CCR), opina Escobar, para tener un resultado efectivo, porque no es un tema de que si el Gobierno quiere rendir cuentas o no, sino que la CCR está obligada a fiscalizar el correcto uso de los fondos.

“Hay un peligro con todos estos fondos si no son fiscalizados adecuadamente, y aquí no solo es un tema de corrupción estrictamente, que se vayan a utilizar para indebidamente para enriquecer las bolas de empresas o personas, sino que se pueden utilizar también políticamente estos fondos con fines electorales, tanto a nivel de las alcaldías como a nivel de Gobierno central pueden utilizar fondos, para de forma velada, financiar campañas electorales o promover candidatos, por esto el tema de transparencia se vuelve fundamental”, señala Escobar.

Javier Castro, director de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) expone que la Asamblea Legislativa debió ser más estricta en la exigencia de la rendición de cuentas y de que existan mayores controles, “se está quedando muy corta la Asamblea en este punto que se vuelve fundamental este aspecto porque ya están habiendo investigaciones por supuestos casos de corrupción y transacciones durante la emergencia”, indica.

Agrega que la Asamblea Legislativa tiene que ser más estricta en la rendición de cuentas, porque hasta este momento el uso de los fondos públicos que se han entregado anteriormente al Gobierno ha estado lleno de cuestionamientos a lo largo de la emergencia. Entonces ahora es necesario conocer qué mecanismos de rendición de cuentas se estarían dando para el uso de los nuevos recursos que se aprobaron el pasado domingo.

“Se espera que los recursos públicos que se destinen para atender la emergencia sirvan para esa finalidad y que esos recursos se usen de la manera más transparente y en apego a la legalidad. Tienen que haber mecanismos robustos de rendición de cuentas y que esto también pasa por otras instituciones como la Corte de Cuentas de la República que tiene que tener un rol más protagónico fiscalizando el uso de los recursos públicos”, sostiene Castro.

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