La Fiscalía General de la República siguió ayer la incautación de bienes para darlos en administración al Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) entre los que destaca una finca, un rancho y dos residencias que se suman a las la lista de propiedades vinculadas al expresidente Mauricio Funes, asilado y prófugo en Nicaragua desde 2016, a quien atribuyen el supuesto desvío de $351 millones durante su administración.
Uno de los últimos inmuebles incautados ayer está nombre de Ana Elizabeth Coto, asistente del exsecretario privado de la presidencia, la cual consta de una casa, un lote y estacionamiento en residencial Azucena en las cercanías de la colonia Miralvalle en San Salvador.
Coto fue detenida en la operación Saqueo Público junto a otros 30 exfuncionarios y amigos de Funes y es procesada por el delito de lavado de dinero, según consta en el proceso judicial.
En Sonsonate, las autoridades dieron en administración del Estado la finca Altamira, propiedad a nombre de Miguel Menéndez (Mecafé) y vinculada a la investigación que se realiza en contra del expresidente Mauricio Funes.
Asimismo, la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República materializó la incautación temporal de las propiedades situadas en cantón Cangrejera, Tamanique en La Libertad que constan de tres terrenos rústicos y un rancho de playa.
Estos bienes están a nombre de la sociedad Mecafé y están incluidos dentro de las 85 propiedades congeladas y que para su protección y administración fueron entregados al Consejo Nacional de Bienes (CONAB).
Además están ligadas a Funes, Mecafé y otros supuestos prestanombres que son procesados en los tribunales de justicia. Mecafé fue detenido el 5 de junio de 2018 tras ser vinculado a hechos de corrupción de Funes durante su administración.
Sobre sus hombros pesan dos procesos judiciales en su contra uno es por el delito de lavado de dinero y por el cual fue enviado a prisión provisional por el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.
El segundo proceso lo enfrenta en el Juzgado Noveno de Paz desde el 5 de enero de 2019.
Menéndez es procesado en este caso por haber instigado a negociar un trato directo que permitió a la empresa italiana Astaldi recibir $45 millones más por la obra inconclusa de la presa El Chaparral, afirmó la Fiscalía.
De esos millones, el expresidente Mauricio Funes y Menéndez recibieron $3.5 millones como soborno de Astaldi (la empresa italiana constructora) por haber llegado al trato directo de manera ilegal.
Entre tanto, Funes enfrenta cinco procesos judiciales y cinco órdenes de captura vigentes, además la Corte Suprema de Justicia aprobó en pleno de forma unánime autorizar la solicitud de extradición de Nicaragua el 21 de marzo.
De manera escueta, las autoridades nicaragüenses contestaron a El Salvador que el expresidente Funes tenía el estatus de asilado en ese país y en ese sentido dieron a entender que lo extraditarían para que enfrente los cargos penales.
A Funes se le procesa por los delitos de lavado de dinero y activos, peculado (apropiación indebida de fondos públicos), malversación (cambiarle el destino a los fondos), enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas y tráfico de influencia (aprovecharse de su condición para influir en otros).
La última demanda fue interpuesta el 27 de marzo en el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador por el delito de evasión fiscal al no pagar $85.000 en concepto de renta de 2014.
A ese ilícito y en el mismo año, Funes emitió varios cheques provenientes de una cuenta bancaria a su nombre, sin justificar la procedencia del dinero de la misma, dijo la Fiscalía. Frente al proceso de extinción de dominio que Fiscalía lleva a cabo en su contra, Funes ha respondido en su cuenta de Twitter “en mi caso no hay cheques, transferencias, facturas, títulos de propiedad o registro de inmuebles que demuestren que desvié $351 millones”.
Agregó que lo que hay en su contra es “que continúa una persecución selectiva y mediática de la Fiscalía”. Funes preguntó al actual Fiscal General, Raúl Melara ¿por qué permite que en la cuenta oficial de la FGR se publique información no comprobada?.
“Usted sabe muy bien que la FGR no tiene ningún documento que me vincule con los bienes incautados”, dice Funes. El Fiscal General le contestó a Funes, que “la investigación continúa”.