Fiscalía reporta 692 casos de violencia contra población LGTBI en cinco años

Los datos de la Fiscalía sugieren que la población trans es la que mayor riesgo presenta. Los datos también sugieren problemas para clasificar adecuadamente.

Imagen del sepelio de Anahy Miranda Rivas, de 27 años, encontrada asesinada el pasado 27 de octubre en el bulevar Los Héroes, San Salvador. Foto EDH / archivo
Imagen del sepelio de Anahy Miranda Rivas, de 27 años, encontrada asesinada el pasado 27 de octubre en el bulevar Los Héroes, San Salvador. Foto EDH / archivo

Por Eduardo Sosa

Ene 02, 2020- 21:45

El Estado salvadoreño ignora cuánta población LGTBI hay en El Salvador, por lo que los datos oficiales sobre homicidios contra este grupo no pueden ser dimensionados a través del cálculo de tasas y porcentajes con base a la población afectada.

La más reciente edición de un informe presentado por la Dirección de Información y Análisis (DIA) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública sobre hechos de violencia contra la mujer ocurridos entre enero y junio del año 2019 incluyó un apartado de estadísticas sobre violencia en contra de la población LGTBI. Los datos para este grupo fueron recopilados desde enero de 2015 hasta junio de 2019, pero no coinciden con la estadísticas la Procuraduría de Derechos Humanos.

 

Según lo reportado por el informe de la DIA, son 692 casos de violencia los que la Fiscalía General de la República (FGR) registra contra la población LGTBI a lo largo de los cuatro años y medio de análisis.

Los datos de la Fiscalía muestran un punto de inflexión en el año 2017 donde está el máximo de hechos registrados y, a partir de ahí, una disminución. La FGR clasifica a las víctimas en las categorías de bisexual, gay, lesbiana, transexual y “no determinados”, que es cuando se sabe que pertenece a la población LGTBI pero no específicamente su identidad de género u orientación sexual.

Los datos también señalan que el porcentaje de víctimas que se clasifican como no determinados va en aumento; es decir, las estadísticas se han hecho menos precisas.
Además, los datos sugieren que la subpoblación más afectada es la transexual ya que a partir de 2016 fue la que más hechos de violencia registró. La cantidad de hechos contra las subpoblaciones gay, bisexual y lesbianas se mantienen sin muchos cambios.

La Policía y Fiscalía, en ese orden, son las instituciones que más reportan los casos.

Un 4 % proviene de organizaciones de la sociedad civil, mostrando inclusive más casos reportados que el sector salud o el ISDEMU.

Los datos recabados por la Digestyc y la DIA también muestran que la mayor cantidad de hechos de violencia contra la población LGTBI ocurre en espacios abiertos, representando el 56 % de todos los hechos ocurridos entre enero de 2015 y junio del 2019. El 24 % ocurre en el domicilio particular.

El Diario de Hoy consultó sobre lo publicado en el informe a Bianka Rodríguez, directora de la organización Comcavis Trans, quien se dedica a la defensa de los derechos humanos de la población trans y la comunidad LGTBI en general.

En palabras de Rodríguez: “Quiérase o no, la información que recopila este informe trata de abordar la situación, pero no es la realidad que vivimos, porque al final muestran datos muy escuetos y subjetivos de la realidad que enfrenta las personas LGTBI. Es curioso que en el año 2017 este mismo informe refleja que no hay homicidios hacia mujeres trans cuando los hemos documentado y los hemos visibilizado. Tienen la buena voluntad de investigar y presentar información sobre violencia hacia personas LGTBI, pero es un poco sacada de la manga”.

Por otra parte, al revisar el informe no se encontró ninguna explicación metodológica, ni la explicación de qué significaban determinadas abreviaciones. Al consultar con la Digestyc el motivo por el que no se incluyó ninguna explicación metodológica, esta se limitó a enviar una ficha metodológica, que era una página que mostraba las variables de desagregación, la fuente de los datos y la principal limitante, que fue la falta de clasificación de decenas de casos por parte de la FGR.

Bianka Rodríguez agregó: “Se desconoce la metodología de recolección de los datos. No sé desde qué enfoque han abordado este estudio y ahora la Fiscalía va a ser como el ente rector”.
El Diario de Hoy también preguntó a Rodríguez si, desde su perspectiva, los números de la FGR eran acordes a la realidad y esta respondió: “No hace alusión a ninguna institución que no sea la Fiscalía. Dice otro cuadro que han habido denuncias a través del ministerio de Salud, del Ministerio de Seguridad, de la Policía, de la Fiscalía, pero mi pregunta es ¿será que todas las instituciones son pertinentes para que las personas puedan denunciar la violencia? ¿Tú vas, sufres un atentando y vas a un hospital a denunciar?”. Según el informe de la Digestycy la DIA, durante los primeros seis meses de 2019 no hubo homicidios reportados contra mujeres trans; sin embargo, la FGR procesó en julio a un grupo de policías por el asesinato de una mujer trans cometido a inicios de 2019, estando dentro del periodo de análisis.

Sobre el tema de las estadísticas, Rodríguez agregó que las instituciones tienen sistemas de denuncias: “Basta con una pequeña autorización en el tema de género u orientación sexual para que se cuente con datos estadísticos desde las instituciones. Pero, ¿por qué no lo hacen? Porque quizás no les conviene, porque quizá no es parte de su agenda política”.

Por otra parte, un representante de la Fiscalía dijo que los datos brindados provienen del registro de todas las denuncias que han recibido en la institución. Expresó que en todas las denuncias se incluye cuando se trata de personas que son LGTBI. Aseguró que desde la Fiscalía trabajan para no invisibilizar estos casos y a sus víctimas; puso como ejemplo las declaraciones que ha dado el fiscal Raúl Melara por medio de Twitter, respecto a los casos recientes. Consideró que aún hay muchas personas que no denuncian por temor, pero dijo que la indicación de Melara ha sido trabajar por todos los casos para brindar justicia a las víctimas. “La institución no invisibiliza”, reiteró.

Además, el director general del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Santamaría, dijo que es muy preocupante que existan crímenes de odio: “Porque ya es una forma elaborada de violencia, es una forma racionalizada de violencia. Expresa un prejuicio. Como Estado tenemos que reaccionar y proteger a la ciudadanía”. Aunque respecto a los últimos casos ocurridos en La Unión y San Miguel, dijo que los indicios de las investigaciones “nos llevaron a deducir que eran por actividades particulares que ellos desarrollaban”.

Santamaría dijo que ya han reactivado las mesas de trabajo de diversidad en el ministerio, aunque no estaba seguro de cuáles eran las organizaciones con las que se han reunido. Respecto a las observaciones realizadas por las organizaciones de defensa de derechos de la población LGTBI, el funcionario agregó: “Van a salir aquellas personas que han estado insatisfechas por cómo se ha dado la atención. No es cierto que no se está asumiendo el tema y que nos es indiferente. Le fue indiferente al gobierno anterior”.

Sobre los señalamientos realizados a la Policía Nacional Civil (PNC), algunos de cuyos integrantes han sido acusados de agresiones contra personas LGTBI, Santamaría aseguró que se investigarán todos los casos. “Hemos reforzado la inspectoría general de la PNC”, manifestó.

Por su parte, los resultados de la visita in loco realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) arrojan la existencia de un patrón de violencia contra las mujeres y de discriminación contra la comunidad LGTBI “que atraviesan casi todos los sectores de la sociedad salvadoreña y resultan en la normalización y tolerancia de la violencia contra las mujeres y contra las personas LGTBI, en un contexto facilitador para su ocurrencia, y en una situación de impunidad generalizada ante estos crímenes”.

A partir de esto, la CIDH recomienda al Estado “adoptar datos estadísticos, públicos, actualizados periódicamente, debidamente desagregados, relacionados con actos de violencia y discriminación contra personas LGTBI en el país”.

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