El Salvador cerró julio con 155 muertes violentas, lo que se traduce en un promedio de cinco casos por día, según los registros de la Fiscalía General de la República. En mayo se tenía un promedio de nueve y en junio fue de siete.
El Gobierno -que ha manejado con recelo las cifras de homicidios y dejó de hacerlas públicas desde un día después de que Nayib Bukele asumiera la presidencia- ha atribuido la disminución de los crímenes a la puesta en marcha del Plan de Control Territorial, que inició el 20 de junio, y que los días menos violentos de julio fueron el 15 y 31.
El único asesinato que reportaron las autoridades el 15 de julio fue contra Keny Larios de Maravilla, quien fue ultimada a balazos por su esposo en Quezaltepeque, La Libertad. Según el Gabinete de Seguridad, fue el primer día en que no hubo homicidios en la actual gestión.
Si bien desde enero, en el mandato de Salvador Sánchez Cerén las autoridades empezaron a reportar una tendencia a la baja de hechos de sangre, la gestión Bukele también ha venido destacando la reducción de este delito, aunque desde mediados de julio comenzó a separar de las estadísticas a los pandilleros que mueren en enfrentamientos con policías y militares.
Los datos indican que en los primeros 45 días de la actual gestión presidencial murieron 35 pandilleros en diferentes tiroteos con agentes. En las estadísticas sobre homicidios, esos casos aparecen aparte de los 192 hechos sangrientos con los que cerró junio y los 70 que fueron cometidos hasta el 15 de julio. Antes se les incluía en los registros de muertes violentas que reportaban a diario las autoridades.
A esto se suma que en algunas escenas de homicidio o puestos policiales, los agentes se niegan a dar información a periodistas bajo el argumento de que han recibido órdenes superiores para no hacerlo.
Ayer, un fotoperiodista de La Prensa Gráfica que daba cobertura en una escena donde murieron dos pandilleros en un supuesto enfrentamiento con policías en Sensuntepeque, Cabañas, denunció que fue amenazado por dos agentes al negarse a borrar las fotos.
Aumento de las desapariciones
Aunque las autoridades han reportado una reducción de asesinatos en el país, se ha registrado un incremento de personas desaparecidas. El Gobierno y la Fiscalía General disienten con respecto a estos casos.
Bukele y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, han asegurado que la disminución de homicidios de los últimos días no equivale a un alza de desaparecidos y que las cifras de la Corporación indican que el 90 % de personas reportadas como extraviadas son halladas con vida.
Pero el fiscal general, Raúl Melara, difiere con esa versión. El mes pasado informó que entre el 1 de enero y el 15 de julio la institución recibió 1,931 denuncias de personas desaparecidas. También reveló que San Salvador, Cabañas, Chalatenango, Morazán y Ahuachapán son los departamentos con más casos.
Esa cifra significa que en el país desaparecen ocho personas por día.
Esta situación llevó al Ministerio Público a crear la Unidad Especializada para Personas Desaparecidas y a pedir a la Asamblea Legislativa que reforme el Código Procesal Penal y Código Penal e incorporen dos nuevos delitos contra delincuentes involucrados en estos casos: desaparición forzada cometida por un particular y desaparición forzada de persona agravada. Ambos tendrán una pena de entre 35 y 45 años de prisión.
En las últimas semanas, dos estudiantes de la zona occidental que fueron reportados como desaparecidos fueron hallados muertos.
El martes pasado, el estudiante de bachillerato Gerson Eduardo García Ruiz, de 16 años, fue encontrado asesinado en la finca Ana María, del cantón El Paraíso, en el municipio de Turín, Ahuachapán.
Él fue reportado por sus familiares como desaparecido un día antes. Su cadáver tenía las manos atadas y presentaba lesiones provocadas con arma blanca y de fuego.
El 22 de junio también fue hallado el cadáver de Katherine Iveth Rojas Granados, de 18 años, flotando en un río de Santa Ana. La joven estudiante del Instituto Nacional de Santa Ana fue raptada el 19 de junio después de hacer un examen, según sus parientes.
En La Libertad y San Salvador, tres familias viven en la incertidumbre por no conocer el paradero de tres empleados de una empresa de mantenimiento de piscinas, quienes desaparecieron el 24 de mayo al salir de una residencial de El Boquerón, en Santa Tecla.
Las víctimas presuntamente fueron raptadas y asesinadas por pandilleros, pero sus cuerpos no han sido encontrados por las autoridades, pese a la insistencia de los dolientes para que aceleren la investigación.
En este contexto de numerosas desapariciones, hace 10 días, la Policía informó que cinco personas que habían sido reportadas como desaparecidas en la Delegación de la zona Norte de La Libertad fueron halladas con vida. Eran tres adultos y dos menores de edad.
Un pastor evangélico originario de Jayaque, fue localizado evangelizando en México. Además, una señora sordomuda que pretendía llegar a Estados Unidos de manera ilegal fue abandonada por un traficante de personas en Guatemala.
Un hombre de 18 años estaba en prisión; una adolescente estaba en la casa de una compañera y huyó de casa porque un pariente la acosaba. Otro menor de edad estaba oculto en la casa de un vecino porque su madre lo ponía a hacer limpieza.
Para llevar un control uniforme de las personas desaparecidas, la Fiscalía ha creado una mesa bipartita con la Policía.