La Fiscalía General profundizará las investigaciones sobre los supuestos actos de corrupción que habría cometido el ex presidente prófugo, Mauricio Funes y el resto de procesados en los tribunales de justicia.
Hay nuevos indicios de que la supuesta trama de corrupción que se gestó en la adminsitración presidencial de Funes es más extensa, según el fiscal General, Raúl Melara, quien no descarta que pueda surgir una nueva acusación en su contra y de los otros implicados en los escándalos de corrupción.
“En el caso del expresidente Funes han habido nuevos hallazgos, estamos entrándonos más en toda esa red de corrupción que él tejió alrededor de su gobierno y creo que dentro de poco vamos a tener nuevas cosas que comunicar a la gente, la gente se va a dar cuenta de todo estaba detrás de esta red de corrupción, de todo lo que se ha presentado en los tribunales y de los nuevos hallazgos que estamos teniendo”, dijo ayer Melara en una entrevista con El Diario de Hoy.
En ese sentido, Melara no descarta la posibilidad de que el prófugo Funes y el resto de implicados sean acusados de nuevo por delitos de corrupción ante los tribunales de justicia.
“Es muy temprano decirlo, pero sí puedo asegurar que lo que se ha visto en el caso del expresidente Funes no es todo, hay más cosas aún por investigar y todavía hay más cosas por procesar”, dijo Melara, quien sostuvo que por razones de la investigacion no reveló de que se trata esos nuevos hallazgos.
Agregó que “es una señal de que la Fiscalía sigue trabajando, no nos quedamos con los brazos cruzados, no nos quedamos únicamente con lo que tenemos, sino que estamos ahondando en todos los casos para poder procesarlos”.
Funes con cinco órdenes de captura
El expresidente Funes, quien se encuentra prófugo en Nicaragua, tiene cinco órdenes judiciales de captura relacionadas a delitos de corrupción.
La primera orden de captura judicial está relacionada al caso Saqueo Público en el que Funes con la ayuda de varios exfuncionarios, familiares y amigos cercanos habrían desviado $351 millones de las arcas de la Presidencia de la República.
El Juzgado 5o. de Paz de San Salvador abrió el 10 de junio del 2018 el primer proceso penal contra Funes y 31 acusados más, entre ellos su exesposa, dos hijos, su actual compañera de vida y exfuncionarios de su gestión presidencial.
El 28 de junio de ese año, el referido juzgado ordenó la captura de Funes, sus dos hijos y su actual pareja sentimental. Todos son procesados por el supuesto desvío de $351 millones de fondos públicos en su administración, según la Fiscalía General.
Esta investigación penal comenzó con el informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia al encontrar indicios de enriquecimiento ilícito por $702,000. La Cámara Segunda de lo Civil le ordenó a él y a su hijo Diego, devolver $419,145 al Estado.
La segunda orden de captura fue emitida el 12 de noviembre de 2018 por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador. Esta vez por los delitos de cohecho activo y cohecho propio (soborno) y al ex-Fiscal General Luis Martínez por falsedad documental agravada y omisión a la investigación.
Las investigaciones fiscales revelaron que Funes entregaba de $10,000 a $20,000 mensuales para que el exfiscal Martínez no lo investigara por los delitos derivados de la tregua entre pandillas y por el arreglo directo en caso El Chaparral.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó el 18 de enero de 2019 otra captura de Funes, del exfiscal Diego Escobar Portillo y el experiodista Lafitte Fernández, para que respondan judicialmente por la supuesta divulgación del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) del caso relacionado al supuesto desvío del donativo de 10 millones de dólares de Taiwán para los damnificados del terremoto de enero del 2001.
Un cuarto proceso penal contra el exmandatario prófugo se abrió en el Juzgado Noveno de Paz el 18 de enero pasado a petición de la Fiscalía General por los delitos de peculado y lavado de dinero. La orden de captura por este caso fue emitida el 29 de enero pasado y a la vez, pidió a Interpol que emitiera la orden de captura internacional o difusión roja.
En esa oportunidad, la Fiscalía acusó a Funes de haber recibido $3.5 millones de la constructora Astaldi por haber ordenado el arreglo directo con la CEL y el consiguiente pago de $108 millones por las obras inconclusas de la presa hidroeléctrica de El Chaparral.
La quinta orden de detención emitida por el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador contra Funes fue por la supuesta evasión de impuestos en el orden de más de 85,000 dólares en perjuicio de la hacienda pública.
Caso de El Chaparral será uno de los primeros a trabajar con la CICIES
El caso de la supuesta corrupción en la obra inconclusa de El Chaparral es uno de los seis procesos de investigación que la Fiscalía comenzará a trabajar en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) de la Organización de Estados Americanos (OEA.
Melara explicó que en las próximas semanas pedirá al referido organismo para que les proporcione la asistencia necesaria para reforzar con más pruebas las acusaciones de casos de corrupción. “Estamos próximos a enviar el primer requerimiento de asistencia a la Cicies sobre casos de corrupción que ya obran en la Fiscalía General”, dijo Melara.
Agregó que “todos son casos ligados a corrupción, en los cuales está involucrado el dinero del Estado, el dinero de la gente, y hoy por hoy estamos elaborando el primer listado de casos que vamos a requerir la asistencia de la OEA . Uno de los casos en los que sí vamos a pedir la asistencia de la Cicies es en las investigaciones que llevamos de El Chaparral y otros”, dijo Melara.
Explicó que “no hay ninguno(casos) nuevo por el momento, porque hay que recordar algo, las investigaciones son de la Fiscalía, la Cicies va ser un apoyo, entonces todo el apoyo que se está pidiendo son en casos que ya estan abiertos desde hace tiempo o que estamos abriendo recientemente. Próximamente vamos a comenzar a trabajar y vamos hacer público los casos que estamos pidiendo el apoyo”, recalcó Melara.
Fue enfático al señalar que “vamos a trabajar de la mano con la Cicies, vamos a combatir la corrupción y vamos a tratar de combatir la impunidad”.
En diciembre pasado, la Fiscalía General y la OEA firmaron un convenio de cooperación para asesorar al ente fiscal para investigar actos de corrupción.