Con la incautación de documentación y cheques de la organización no gubernamental Asociación Yo Cambio (Asocambio), la Fiscalía General comenzó a investigar las supuestas irregularidades en la administración de los fondos de las tiendas penitenciarias por parte de la referida asociación que horas antes denunció el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas.
“Nuestros equipos de fiscales han llegado a la Dirección y han incautado la documentación respectiva para iniciar los procedimientos correspondientes”, dijo Raúl Melara, Fiscal General, luego de recibir el aviso del ministro de Justicia y Seguridad Pública sobre los supuestos actos de corrupción.
Melara dijo que de inmediato se procedió a la incautación de la documentación financiera en la Dirección General de Centros Penales porque “nosotros estamos presto a investigar y lo haremos así como todos los casos que vienen a esta institución”.
El decomiso de la documentación relacionada a Asocambio se registró después de que el ministro Rivas, pusiera el aviso en la Fiscalía General para que se investigará indicios de una supuesta corrupción en el manejo de los fondos provenientes de las tiendas institucionales de Centros Penales.
Rivas aseguró que Asocambio captó unos 14 millones de dólares de las ventas en las 347 tiendas entre el 2018 hasta la fecha, pero que ese dinero nunca ingresó a las arcas del Estado, sino que fue directo a la referida asociación.
“Nosotros hemos identificado algunos indicios en el manejo de los fondos como por ejemplo obviar la Ley Lacap, la Ley de los Procedimientos de las compras del Estado, el pago de las planillas sin la aprobación del Ministerio de Hacienda, y eso es lo que venimos denunciar a la Fiscalía”, dijo Rivas.
Agregó que a la Fiscalía le han facilitado mucha documentación que corresponde a “todos los estados financieros, información legal, información de planilla, es decir, todo lo administrativo como para poder soportar el caso, y poder demostrar los posibles indicios de corrupción que existen”.
Las autoridades de Seguridad señalaron que la administración de las 347 tiendas penitenciarias, donde se comercializan alimentos para la población reclusa, estaba bajo la responsabilidad de la Asociación Yo Cambio, la cual fue fundada en 2018 por el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, para quien el presidente Nayib Bukele ordenó la suspensión de su cargo de asesor en la Dirección de la Policía sin goce de sueldo.
Una maniobra evasora
Rivas aseguró que las autoridades de Seguridad y de Centros Penales crearon Asocambio para evadir la fiscalización de la Corte de Cuentas y también para evitar de que cualquier ciudadano pidiera información sobre los estados de cuentas a través de la Ley de Acceso a la Información Pública.
De hecho reveló que la Corte de Cuentas nunca realizó auditorías en el manejo de fondos de las tiendas penitenciarias por parte de Asocambio por tratarse de una entidad “no gubernamental”.
Ante los señalamientos en su contra, el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró en un comunicado que la referida “asociación cuenta con auditoría interna y oportunamente se comunicó a la Corte de Cuentas de la República del inicio de las operaciones. Supongo que por ser este el primer año, dicha entidad contralora no ha procedido a las auditorías pertinentes”. Ramírez Landaverde asegura que Asocambio comenzó sus operaciones en enero de 2019.
Ante los argumentos de descargo de su antecesor, el ministro Rivas aseguró que Ramírez Landaverde tuvo que haber pedido una auditoría a la Corte de Cuentas y de inmediato le habrían asignado un equipo de auditores para garantizar la transparencia de su administración.
“Cuando un funcionario tiene verdadera voluntad, pide que se le haga una auditoría concurrente y eso lo que permite es transparencia en los procesos, la hubiera pedido, la excusa de que no llegó la Corte de Cuentas, más bien parece lavarse las manos el exministro con esta información”, cuestionó Rivas.
La administración anterior del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública escribió el 26 de marzo pasado en su cuenta de Twitter que Asocambio es una solución a una grave problemática que enfrentamos en Centros Penales y tiene su fundamento legal en los artículos 1 y 27 de la Constitución de la República; los artículos 3, 14 y 15 de la Ley Penitenciaria y el artículo 152 del Reglamento de la Ley Penitenciaria”. La Dirección de Centros Penales.
Como primer medida ante las supuestas irregularidades, el presidente Nayib Bukele ordenó que se disuelva el convenio entre Centros Penales y Asocambio y que permitía que esta se encargara de administrar los millonarios fondos de las tiendas. Hay 40,000 reos.
La administración de esos fondos regresará de nuevo a la Dirección de Centros Penales, cuyas administraciones anteriores también han sido cuestionadas por supuesto mal manejo de los mismos.
En el período de la tregua entre las pandillas y cuando el general David Munguía Payés era ministro de Seguridad, la Fiscalía cuestionó que se utilizaran fondos de las tiendas institucionales para el pago de “colaboradores” del autodenominado mediador, Raúl Mijango y otros gastos generados por el pacto marero.