Tres abogadas, cada una en su área de especialización: penal, derechos humanos y anticorrupción, señalan varias aristas en sentido negativo en torno a la propuesta que el fiscal general, Rodolfo Delgado, llevó a la Asamblea este jueves pasado, de crear una Ley de Recompensa Ciudadana.
Celia Medrano, investigadora y consultora en derechos humanos, enfatizó en que la nueva ley suena a mecanismos usados en la época del conflicto armado de El Salvador, no en sí por la propuesta como tal, ya que mecanismos similares se dan en países como Estados Unidos en donde a nivel de normativa internacional en materia de derechos humanos puede funcionar.
El problema, según Medrano, es que en El Salvador no existen esos controles y los que están: Asamblea Legislativa, Sala de lo Constitucional, la Fiscalía y la Policía, giran de manera ilegal e inconstitucional alrededor del Poder Ejecutivo.
“Cuando hay tal concentración de poder a nivel de normativa internacional no es recomendable tener mecanismos de esta naturaleza, porque no son mecanismos que tengan controles fiables y viables para que no pueda quedar en la impunidad hechos de arbitrariedad y de manipulación de estos mecanismos, para el ataque, el espionaje, el control y la persecución a cualquiera que sea una voz crítica o que se constituya desde el punto de vista gubernamental un opositor político”, manifestó Medrano.
Lo que evoca la nueva Ley que el fiscal planteó a los diputados de la Comisión de Seguridad es una posición militarizada del poder público que se vivió durante la guerra, recuerda Medrano.
En su opinión, el delito se combate con herramientas técnicas, con el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades en la Policía, en la Fiscalía y en los tribunales para poder tomar decisiones sobre la base de la prueba técnica.
A su criterio, “un mecanismo que se base en informadores, que de dinero y que premie con dinero a informantes, lo que hará es profundizar una grave dolencia que ha sido señalada hacia la Policía y la Fiscalía por años. Toda la prueba se fundamenta en testigos criteriados, muchas veces instrumentalizados”.
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Medrano llama a poner atención a este asunto, pues a su juicio las últimas aprobaciones de la Asamblea de más fondos al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), han duplicado la capacidad de esa entidad, en donde no se sabe para dónde va el dinero ni para que se ocupará.
Ruth Eleonora López, del área de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, critica que la Ley de Recompensa Ciudadana puede ser otro método del gobierno para desviar fondos públicos, debido a que actualmente el Ejecutivo se niega a someterse a controles y auditorías de la Corte de Cuentas de la República, pero también ser un instrumento de persecución política financiada con recursos del Estado.
“Podría significar una salida de dinero irregular, pero además, pudiera ser una herramienta de persecución política financiada con fondos públicos”, expresó López.
Señaló que en estos casos normalmente hay un anonimato y esto da pie a que no existan los controles efectivos para asegurarse de a quién se le entregará la recompensa.
“Es otra información que seguramente será reservada (como la de Agricultura, Salud y el MOP sobre fondos usados en la pandemia), será imposible auditarla y esto con el agravante de los antecedentes que tiene este gobierno de persecución política”, afirmó López.
El fiscal dijo a los diputados que se implementará un comité evaluador y que la recompensa será entregada únicamente si a través de la información brindada por el denunciante se logra la captura de un delincuente o grupo criminal.
Para Marcela Galeas, abogada penalista, lo anterior no es suficiente ni es garantía de que allí terminó todo el proceso.
“La captura del presunto delincuente no es la culminación del proceso, es el principio de la judicialización, porque cuando ya se captura a la persona se tiene que poner ante la presencia del juez, se desarrolla la audiencia inicial, la fase de instrucción y luego la sentencia. Para llegar a la condena de una persona se debe destruir la presunción de inocencia y eso se podrá hacer con base a pruebas que haya recabado la Fiscalía en contra del imputado”, señaló Galeas.
La abogada pone sobre el tapete otros elementos que deben examinarse con rigurosidad, tales como establecer el parámetro para el tipo de denuncia y la recompensa. Opina que no toda noticia del presunto delito, resulta ser un delito, por ejemplo.
“Se tendrá que examinar con rigurosidad si existen los elementos, primero de credibilidad y, segundo, elementos fidedignos que nos indican de la comisión de un delito”, afirmó Galeas.
Coincide con sus colegas que muchas personas se podrían aprovechar de ese mecanismo para acceder a fondos del Estado o poder realizar denuncias falsas o con fines políticos, o simplemente por algún tipo de vendetta personal.
LAS FRASES
“Dada la concentración del Poder actualmente en el Órgano Ejecutivo esos mecanismos no pueden interpretarse más que como una nueva herramienta de control político a la población y de represalia política a la población señalada como oposición política”
Celia Medrano, Investigadora de Derechos Humanos
“La denuncia ciudadana es importante, empoderar a la ciudadanía en sus derechos es importante, pero no generar mecanismos oscuros que puedan servir para generar persecuciones y para el movimiento irregular de fondos públicos”
Ruth Eleonora López, de la Unidad Anticorrupción de Cristosal
“Se tendrá que examinar con rigurosidad si existen los elementos de credibilidad y fidedignos que nos indiquen de la comisión de un delito, porque muchas personas podrían aprovecharse de eso para acceder a fondos del Estado, realizar falsas denuncias, con fines políticos o simplemente por algún tipo de vendetta personal”
Marcela Galeas, Abogada Penalista