La Fiscalía General tiene registradas a 57 personas como víctimas de la red conformada por unos 65 presuntos estafadores que se apropiaron de manera ilegal de inmuebles y vehículos para después venderlos a “precios cómodos”. Esas víctimas corresponden al período de las investigaciones de febrero de 2015 hasta agosto de 2017, por lo que pueden resultar más personas afectadas, debido a que las indagaciones de la red aún no terminan.
El fiscal general, Raúl Melara, pidió a las personas que se consideren ofendidas de los detenidos para que se presenten a la oficina fiscal a interponer la denuncia. “Esta gente lo que hacía era aprovecharse de las personas que tenían un inmueble, que tenían un vehículo y falsificaban documentos para venderlos una, dos o tres veces a otras personas, estaban jugando con el dinero de la gente, estaban jugando con el esfuerzo de toda su vida”, dijo Melara.
La agrupación delictiva estaba integrada por abogados, funcionarios públicos, personas particulares y pandilleros, según las investigaciones fiscales.
Estas víctimas son los propietarios de los edificios o viviendas y automóviles de los que se apropiaron de manera fraudulenta los acusados. También se consideran afectadas las personas que compraron esos bienes, sin saber que todo era una farsa para estafarlas.
En ese período de tiempo, cuatro unidades especializadas trabajaron en conjunto para poder recabar evidencias que comprueban que los integrantes de la banda lograron “legalizar” con documentos falsos 27 propiedades inmuebles y 45 vehículos, sin que los verdaderos dueños se dieran cuenta.
Para ello, los supuestos estafadores tuvieron que falsificar sus firmas y obtenían de manera fraudulenta los datos personales de los propietarios para elaborar escrituras de compra venta falsificadas.
Todo comenzó cuando en algunos casos de estafas a través de la venta fraudulenta de inmuebles aparecían una misma persona como vendedor.
Con el paso de las investigaciones descubrieron de quien se trataba y ahora se ha convertido en un testigo criteriado (con beneficios penales). Este testigo les ha contado detalles relacionados con la organización delictiva que en un principio estaba integrada por unos 75 miembros, según el testigo.
Ahora la red está compuesta de no menos de 65 integrantes, de los cuales 47 han sido detenidos en el último operativo dirigido por la Fiscalía. Hay otros nueve que recibieron las notificaciones de las nuevas acusaciones en los penales donde se encuentran recluidos por otros delitos.
Las investigaciones fiscales y policiales se limitan al período de febrero de 2015 a agosto de 2017. En ese plazo de tiempo, la red pudo haber “legalizado” 26 inmuebles y 45 vehículos, por lo menos los que por el momento se encuentran documentados, aunque la cantidad puede aumentar a medida transcurran con las investigaciones, según fiscales del caso. Como parte de las pruebas en contra de la estructura se han recolectado 76 documentos con las firmas de los propietarios de los inmuebles y vehículos falsificadas.
En la mayoría de los casos, los integrantes de la banda hasta practicaban la escritura de las firmas de los afectados para tratar de que a simple vista no se notara que había sido falsificada.
La organización era dirigida por Edwind Omar Mayda Chacón y su esposa, Iris Iraheta de Mayda; quienes tenían la colaboración del director del Registro de la Propiedad e Hipotecas de San Salvador, Gerardo García Maltez; y del inspector de la Policía, Baltazar de Jesús Hernández. Éstos últimos les proporcionaban información personal de los propietarios de los inmuebles y de los vehículos, que les servía para elaborar las escrituras falsas de compra venta con las que hacían las ventas ilegales de esos bienes, según Fiscalía.
Rentaban vehículos para “legalizarlos” y luego venderlos a otras personas que eran estafadas
Las investigaciones fiscales descubrieron que los integrantes de la red actuaron de dos maneras para poder vender los autos que se apropiaban.
Una de las formas es que los integrantes de la banda rentaban vehículos en negocios legalmente establecidos. Al recibir el vehículo, de inmediato se iban a tramitadoras que estaban en contubernio con la banda para “traspasar” el auto a un integrante de la banda que se convertía en el “propietario”.
Para ello, la red obtenía información personal del dueño del vehículo a través del inspector de la Policía, Baltazar de Jesús Hernández, con esto hacían la falsa escritura de compra venta. Ya con este documento, anunciaban la venta del auto en plataformas digitales.
“Se genera un daño patrimonial tanto a la persona que renta el auto como a la persona que compra el vehículo con documentación falsa”, dijo una fiscal del caso. Hay cuatro tramitadoras que son investigadas por la Fiscalía porque son parte de la organización delictiva.
“Ellos tenían conocimiento de lo que hacían, cómo lo hacían, tenemos esos documentos que se realizaban ante un notario que también está siendo procesado porque únicamente firmaba las hojas en blanco y él ya sabía con que intenciones realizaban estos documentos”, explicó otra fiscal.
La otra forma de poder estafar con vehículos era a través de dos arrendadoras que son propiedad de José Alexander Melgar, y Edwin Omar Mayda Chacón; supuestos integrantes de la banda.
Un miembro de la red rentaba el auto y enseguida iba a las tramitadoras para traspasar el vehículo a su nombre y luego lo ponía en venta a través de internet. Mientras tanto, el “dueño” ponía la denuncia en la Policía por apropiación indebida del auto en un intento por cobrar el seguro para tratar de estafar a la aseguradora.
“Los aseguradoras no les pudieron devolver el dinero en virtud de que son rentas de vehículos y solo se cubre el robo de vehículos”, dijo una fiscal.
Agregó que “cuando el vehículo era recuperado por la Policía, tenían su vehículo de regreso y obtenían la ganancia, mediante la estafa al tercero que le habían vendido el auto. Por una situación así fácilmente tenían $4,500 de un vehículo y recuperaban su automotor”.
Se apropiaban de inmuebles para “legalizarlos”
La Fiscalía tiene documentado la venta ilegal de 27 inmuebles, que se localizan en su mayoría en San Salvador, La Libertad y Chalatenango. Aquí es donde, según la Fiscalía, les colaboraba el director del Registro de la Propiedad Raiz e Hipoteca de San Salvador, Gerardo García Maltez, al proporcionarles la información de los propietarios de los inmuebles y la situación jurídica de los mismos.
También recibían los datos personales de los dueños de las propiedades por parte del inspector Hernández, los que les servían para elaborar las escrituras falsas de compra venta, según la Fiscalía.
A esas colaboraciones se le suma la que brindaban pandilleros de la mara 18 que se autodenominan Revolucionarios en el sentido darles seguridad a los integrantes de la banda para que llegaran a localizar aquellas casas que les podían servir para venderlas y que están situadas en lugares con presencia de pandillas.
Como operaba la red de estafadores
Localización de propiedades.
Los integrantes de la red se dedicaban a localizar inmuebles que estuvieran deshabitados para “legalizarlos “ y venderlos.
Contactaban con Registro de la Propiedad.
Llegaban al lugar del inmueble y enviaban la dirección vía WhatsApp al contacto que tenían en el Registro de Propiedad.
Traspasaban inmueble a otra persona.
Con información que obtenían del Registro de la Propiedad hacían la escritura a favor de uno de los imputados que servía de comprador.
Ofertaban inmuebles baratos en internet.
El nuevo “dueño” promocionaba la venta del inmueble en plataformas digitales. Vendían inmuebles a precios cómodos.
El calvario de las víctimas por recuperar parte de lo estafado
Hay dos tipos de víctimas, los propietarios legales de los inmuebles y vehículos, a quienes despojaron de los mismos, y las víctimas de las estafas, los que compraron esos bienes. Se espera que los dueños recuperen los inmuebles al final del proceso judicial. Los compradores de los mismos podrían recuperar el dinero si llegan a un acuerdo con los imputados.