El Fiscal General, Raúl Melara, confirmó ayer que los allanamientos a las 27 sociedades del grupo Alba Petróleos es un proceso normal en una investigación sobre lavado de dinero y activos.
“Ha habido una serie de investigaciones que han dado como resultado algunos indicios que pueden dar lugar a cometimiento de algunos delitos, especialmente en el tema de lavado de dinero”, subrayó Melara ayer, a su llegada a la plaza Gerardo Barrios para participar de la toma de posesión de Nayib Bukele.
A la pregunta de periodistas sobre si la investigación abarcará las empresas que Alba tienen en Panamá, Melara dijo: “Las investigaciones se pueden ir ampliando, dependiendo de lo que se vaya encontrando, pero puedo decirles que parte del Grupo Alba son los que está investigados”.
Los registros en la oficina central en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, en Sonsonate, La Paz y San Salvador, se hicieron de forma simultánea. Los fiscales recolectaron documentos financieros contables e informáticos a fin de que fundamenten una posible investigación penal contra este grupo.
El partido FMLN reaccionó ante los allanamientos y en un comunicado que publicó en redes sociales los calificó de “persecución” y una intensa campaña de ataques, “sin pruebas ni indicios alguno de veracidad desde las instancias oficiales del gobierno de los Estados Unidos”.
“Exigimos que el Fiscal General se apegue a las leyes del país y no se someta el accionar de la Fiscalía a la agenda política de ningún gobierno extranjero, ni grupo político, económico local”, reza el comunicado.
El FMLN también calificó de inaceptables los señalamientos contra José Luis Merino, uno de sus máximos dirigentes y a quien le atribuyen la llegada y desarrollo de la empresa Alba Petróleos.
Merino fue incluido en la lista de los de salvadoreños corruptos del Departamento de Estado de los EE. UU., pero estas acusaciones son “infundadas”, dice el FMLN.
Alba Petróleos, que ha tenido una situación financiera difícil en los últimos años, es propiedad (en parte) de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a la que Estados Unidos ha impuesto sanciones bajo el argumento de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.