Exfiscal es procesada por quedarse con más de $21,000 del dinero incautado a coyotes

Los imputados quedaron libres, y luego, al tramitar la devolución del dinero confiscado, la fiscal les puso obstáculos y no se los entregaron. Por eso la demandaron.

Ilustración / EDH

Por Jaime López

Jun 30, 2019- 20:12

Rosa Ligia Orellana Salazar tiene 12 meses de haber dejado de ser fiscal de la Unidad Especializada de Tráfico y Trata de Personas por estar procesada por cinco casos de supuesta apropiación indebida que suman más de $21,000.

La exempleada del Ministerio Público participó en la detención de personas en cinco casos, entre 2014 y 2016, por delitos de tráfico y trata de personas.

En cada uno de los casos, la fiscal ordenó que además de la detención de los sospechosos, se les decomisara dinero, vehículos, teléfonos y otros bienes de valor que portaban a la hora del procedimiento.

Después, los detenidos iban a las bartolinas policiales y los bienes que se les incautaba pasaban a resguardo en la División de la Policía Científica. En todos los casos, los imputados seguían el debido proceso en sedes judiciales hasta llegar al juicio, pero el resultado fue que todos fueron liberados.

Durante el proceso de acusación e instrucción (investigación), se determinó que Orellana Salazar enviaba a su asistente a la Policía Científica, donde estaba el dinero en custodia, con el respectivo oficio para su retiro.

La fiscal justificaba la extracción de los fondos en custodia policial, aduciendo que pasarían a la orden de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía o a fondos en custodia del Ministerio de Hacienda.

En los oficios (documentos) que enviaba a la Policía Nacional Civil daba a entender que los imputados además del proceso penal, enfrentarían el proceso de extinción de dominio para determinar si el dinero que les había sido decomisado tenía origen lícito, pero al final ese no era el propósito, según consta en el expediente judicial, al cual El Diario de Hoy tuvo acceso.

Los montos que le decomisaban a los detenidos oscilaba entre los $1,000 y $11,000.

Para dejar constancia de la entrega del dinero al asistente de la fiscal Orellana Salazar, en la Policía Científica se firmaba una acta, de igual forma el asistente de la fiscal, tenía una copia en la que se hacía constar que los dineros retirados eran recibidos por la exfiscal y constaba con su firma.

Nadie sabe ni hay constancia en el proceso judicial, en qué utilizaba los dineros que mandaba a sustraer de la custodia policial.

Los problemas se le vinieron a la exfiscal Orellana Salazar cuando sus imputados, que en algunas veces era uno, en otros eran dos y hasta seis personas, agotaban todo el proceso judicial y al final quedaban libres de cargos en el juicio.

Luego de que los imputados eran absueltos, sus abogados solicitaban la devolución de los dineros y otros bienes decomisados.

Entonces, dice la investigación, la fiscal utilizaba diferentes mecanismos para bloquear esos trámites; en algunos casos, pedía que los imputados solicitaran a la embajada o consulado de El Salvador en los Estados Unidos, una declaración jurada en el que se hiciera constar que esos dineros eran de origen lícito y que los procesados que habían quedado libres, no tenían antecedentes criminales de esa índole.

Lo que reveló la investigación

Los abogados de los exconvictos intentaban negociar con la exfiscal Orellana Salazar para resolver el problema sin mayores contratiempos, pero al no tener opción acudían a la jefatura de la unidad a la que ella pertenecía: la Unidad Especializada de Tráfico y Trata de Personas de la Fiscalía. Esta instancia pedía cuentas a la auxiliar.

Al no tener respuesta favorable enviaban oficio a la Auditoría Fiscal, entidad en la Fiscalía General de la República dedicada a investigar o auditar a los auxiliares con algún reporte.

Además, acudían a la División de la Policía Científica para obtener una explicación sobre el destino del dinero, la que con documentos demostraba que había sido entregado al asistente de Orellana Salazar. Posteriormente, la jefatura de la exfiscal, interpelaba a su asistente y este demostraba con documentos que los dineros habían sido retirados por él pero también mostraba la documentación en la que constaba que los había entregado a su superior.

Nuevamente, acudían a ella para que explicara qué había sucedido con esos dineros, a lo que la exfiscal contestaba que estaban en Extinción de Dominio de la Fiscalía, pero al remitirse a esa unidad, esta respondía que no existía ningún proceso abierto a nombre de los procesados.

Finalmente, la jefatura de la unidad a la que pertenecía Orellana Salazar, por medio de oficios o escritos pedía cuentas sobre el fin de esos fondos al Ministerio de Hacienda, pero esta cartera de Estado respondía que no había registros del ingreso de esos dineros.

Luego de agotada la investigación, la exfiscal Orellana Salazar fue capturada el 3 de julio de 2018 en el Centro de Capacitación de la Fiscalía, situado en colonia San Francisco, al surponiente de San Salvador, acusada de los delitos de peculado (apropiación de fondos públicos), incumplimiento de deberes e infidelidad en la custodia de registros y documentos públicos.

En la audiencia inicial en el Juzgado 14 de Paz, se ordenó que la exfiscal fuero a prisión provisional mientras seguía siendo procesada.

La exfuncionaria pasó varios meses bajo las rejas pero luego de gestiones de su abogado consiguió que le dieran arresto domiciliar y usara brazalete electrónico, después le dieron libertad de movilidad.

Actualmente, la exfiscal Orellana Salazar se encuentra con medidas, a la espera de la audiencia preliminar en la que el Juez Primero de Instrucción valorará si hay suficientes pruebas para enviarla a juicio.

TRES DE LOS CASOS POR LOS QUE SE LE PROCESA

Seis fueron absueltos pero exfiscal no entregó $11,22

Juan Cortez y cinco personas más fueron detenidos el 15 de abril de 2016 en El Congo, Santa Ana, acusados de tráfico de personas. Tras la detención, a Cortez le fue decomisado $11,226, dos vehículos y otros objetos más. El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana los absolvió a todos el 31 de enero de 2017, pero la exfiscal no les devolvió el dinero, por lo que la denunciaron formalmente.

Tras su captura decomisaron a la exfuncionaria $3,000 en efectivo

Neftalí Acosta Cortez fue detenido por tráfico de personas el 11 de febrero de 2015, en Berlín, Usulután. En el procedimiento, la Policía decomisó a Acosta la suma de $3,000. El 23 de marzo, Cortez quedó libre y acudió a la Fiscalía a tramitar la devolución.
Pese a sus gestiones, la exfiscal Salazar no le devolvió sus $3,000. Este se caso fue sumado al expediente de Orellana Salazar.

Tres procesados absueltos pidieron devolución pero no ocurrió

El 10 de noviembre de 2016, Ana Milagro Canales y Cristian Martínez fueron detenidos en San Pedro Perulapán, Cuscatlán. Tras sus arrestos les decomisaron $2,678 , dinero que no les fue devuelto tras ser absueltos por el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque. Eso mismo pasó a Alexander González Leonardo, el 19 de julio de 2016 en San Salvador, a quien le decomisaron $1,178

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