En El Salvador ocho personas son reportadas como desaparecidas a diario, según confirmó ayer el fiscal general, Raúl Melara. La alarmante cifra la reveló luego de rendir su informe anual de labores del ente fiscal ante la Asamblea Legislativa.fiscalia
Melara aprovechó su discurso ante los diputados para pedirles apoyo a las “acciones que vendrán encaminadas a dar solución a este problema de cara a la sociedad salvadoreña”. Sin embargo, no reveló cuáles serían esas acciones, solo dijo que pronto las anunciarán.
Las cifras que manejan la Fiscalía y la Policía con respecto a las personas desaparecidas superan a la cantidad de homicidios en el primer semestre del año.
Los registros oficiales detallan que 1,687 personas desaparecieron del uno de enero al 30 de junio pasado; es decir, 119 casos más que la cantidad de muertes violentas en el mismo período, cuando contabilizaron 1,568.
Lo preocupante es que la mayoría de las víctimas que desaparecen tienen edades entre los 15 y 30 años, al igual que en los homicidios, según registros de la Policía.
“No importa la condición social, no importa la edad de las personas, lo que importa es dar respuesta a la familia”, dijo Melara.
El fenómeno es tan complicado que de cada diez personas que se extravían, solo tres son halladas con vida y el resto se presume que han sido asesinadas y enterradas.
Las autoridades policiales le atribuyen la responsabilidad de la mayoría de las desapariciones de personas a las pandillas.
Aseguran que es una práctica de esos grupos criminales de raptar a sus víctimas, asesinarlas y enterrar los cuerpos en sitios desolados para evitar que sean hallados y que luego los involucren en esos crímenes.
“No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de las familias y hay que ponerle un basta ya al problema”, dijo el fiscal Melara al llamar a los parlamentarios a unir esfuerzos contra ese flagelo.
Adelantó que se trabaja en la creación de la unidad especial para la búsqueda e investigación de los desaparecidos del Ministerio Público. No reveló la cantidad de fiscales que integrarán la referida unidad ni tampoco si se requerirá de un presupuesto especial.
Sobre ese punto se pronunció ayer la embajadora de EE. UU., Jean Manes: “Yo creo que la decisión que está tomando para tener esta unidad especial para investigar qué ha pasado es realmente importante”.
Para la diplomática, es importante que haya una coordinación entre Fiscalía y las personas que están reportando a una persona desaparecida, así como entre las diferentes unidades del país “para determinar si la persona todavía está viva, o qué ha pasado, si se fue para los EE. UU. o dónde está”.
“La desaparición de personas es un látigo que azota a todos los salvadoreños, del cual, ninguno estamos exentos”, reflexionó Melara.
Esta semana se conoció que los cadáveres de once personas han sido localizados enterrados en el cementerio clandestino de la colonia Vista al Lago en Ilopango. Entre las víctimas se encuentran los cuatro soldados que fueron torturados y desaparecidos en octubre de 2016.
Además se presume que un agente de la Policía que desapareció en Aguilares también estaría entre las víctimas enterradas.
Diputado plantea ley a favor de familia de desaparecidos
El diputado por el partido ARENA, René Portillo Cuadra, presentará hoy una iniciativa de ley para declarar la ausencia de personas que han desaparecido de manera forzada con el propósito de garantizar la estabilidad laboral de la víctima y que sus familias no pierdan sus bienes e inmuebles. Además de suspender los pagos por créditos o préstamos personales.
En el anteproyecto se otorga medidas de protección a sus familiares para que estos no queden desamparados por la desaparición de sus padres, hijos o cónyuges; pero esto tendría que ser ordenado por un juez de Paz.
“Hay una desprotección total de la ley en este momento con respecto a las personas desaparecidas y a sus grupos familiares”, apuntó Portillo Cuadra.
Agregó que “hay nueve familias que quedan en la incertidumbre, ya no solamente a la situación de dolor que significa perder o extraviar a un familiar, sino a la incertidumbre de cómo quedan los pocos bienes, cómo quedan los créditos, cómo quedan los préstamos personales, cómo quedan los préstamos sobre vivienda”, explicó el legislador.
Entre las disposiciones se destaca que la persona desaparecida conservará su trabajo. Eso significa que el patrono de la víctima no podrá dar por terminado el contrato de trabajo. Para lo anterior, se aplicarán las reglas que contiene el artículo 35 y los que siguen en el Código de Trabajo.
Otra de las medidas tiene que ver con la suspensión de pagos de créditos para la compra de viviendas hasta por un plazo de ocho meses contados a partir de la desaparición de la persona.
También se contempla la suspensión de los créditos personales o hipotecas hasta por un plazo de ocho meses, a partir del día en el que se presume la persona desapareció.
Los familiares de las víctimas de desaparición deberán de seguir recibiendo los beneficios que otorga el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) hasta por un período de un año, salvo que la ley o reglamentos de la institución otorguen beneficios por mayor tiempo.
La iniciativa de ley da garantías a la familia de la persona desaparecida de no perder el patrimonio, bienes muebles o inmuebles, sin previo control o resolución judicial.
El contrato de arrendamiento de la casa donde residía el desaparecido con su familia no se podrá extinguir. En ese sentido, se entenderá que el contrato seguirá con la cónyuge, compañero o compañera de vida, ascendientes o descendientes o con quien la víctima haya habitado el inmueble antes de su desaparecimiento.
La suspensión de los efectos de las obligaciones fiscales o tributarias hasta que no se compruebe de manera fehaciente que está con vida o haya muerto. Esta medida no podrá exceder el período de un año.
Además, el proyecto de ley abarca la suspensión provisionalmente la apertura de nuevos procesos, actos judiciales o administrativos en contra de los derechos, garantías o bienes de la persona desaparecida hasta por el plazo de un año.