La construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral vuelve a estar en riesgo de quedar paralizada, esta vez porque el contrato con la empresa rusa Tyazhmash vence mañana jueves 15 de agosto y la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel) aún no lo renueva.
Además, durante todo este tiempo la empresa tampoco ha recibido un pago de aproximadamente $12 millones que exigió como compensación por toda la maquinaria que ya está montada en el proyecto, por lo que la compañía ya augura un posible arbitraje que tendría que dirimirse a nivel internacional.
El 24 de enero de 2018 la empresa rusa, encargada de colocar las turbinas en la presa hidroeléctrica, acordó con Cel una ampliación de plazo por causas no imputables a la compañía. En esencia, eran cambios de fecha que Cel no había comunicado así como otras obras civiles que a su vez, causaron atrasos a la empresa contratista.
Nayib Bukele advirtió a través de Twitter que entregaría el caso a la Fiscalía General de la República para que investigue los indicios de corrupción que rodean la obra.
Según un documento en manos de El Diario de Hoy, el plazo de prórroga que se estableció el 24 de enero de 2018 fue igual a 568 días (que comenzaban desde el 25 de enero de 2018 hasta el 15 de agosto 2019).
El 10 de enero de este año la empresa envió una carta al expresidente de la autónoma, David López Villafuerte, explicándole que su trabajo se estaba desarrollando en un escenario “bastante negativo” y que los bancos no querían financiarle al contratista de Cel por cambios de costos.
Esta no era la primera vez que Tyazhmash pedía revisión de los plazos pues en otras fechas le hizo llegar más cartas mostrándole su preocupación por la situación financiera que enfrentaba.
En marzo de este año la compañía rusa volvió a enviar una solicitud a Cel para que les diera una compensación en el tiempo o prórroga del plazo del contrato igual a 234 días calendarios.
Sin embargo, una fuente cercana a los proyectos confirmó que esta semana funcionarios de Cel y de Tyazhmash se reunieron para determinar las salidas a este conflicto financiero y legal. Sin embargo, la Cel no planteó nuevos plazos del contrato ni tampoco su intención de pagar la compensación por las máquinas que ya fueron instaladas en la zona.
De acuerdo con la fuente, Cel apenas ha pagado $60,000 en los últimos cuatro meses que no compensan lo que la compañía rusa ha invertido.
La autónoma no ha pagado a la empresa pese a que ya tiene disponible el dinero desde hace varios meses pues éste será financiado a través de un préstamo que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha tenido listo desde el año pasado.
Con este incumplimiento, la empresa está libre de solicitar un arbitraje que tendría que dirimirse en una instancia internacional y que le costaría al país millones de dólares, como ya ocurrió con el otro litigio con la italiana Enel, a la cual en la administración de Salvador Sánchez Cerén se le pagó $287 millones por la explotación de pozos geotérmicos.
Como Tyazhmash, hay otras 32 compañías contratadas para finalizar el proyecto, que quedó paralizado desde 2012 cuando la Cel dio por finalizado el contrato con la empresa italiana Astaldi, a la que tuvo que indemnizar con $108.5 millones en el gobierno de Mauricio Funes, pese a que la obra solo tenía un 29% de avance.
Si el proyecto se detiene, estas compañías también estarían en su derecho de solicitar una indemnización por los trabajos hechos hasta ahora.
Bukele dice: “mejor detenerlo”
A este lío financiero se suman las declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele, quien ayer dijo, a través de Twitter, que es mejor detener la obra y enviar el caso a la Fiscalía General de la República. “Creo que es mejor detenerlo y pasar el caso a la FGR”, tuiteó.
Esta declaración surge después de que El Diario de Hoy publicara que el proyecto está paralizado desde hace 26 días porque los pobladores de San Luis de la Reina, en San Miguel, han impedido el paso de la maquinaria demandando supuestas obras sociales que Cel debía ejecutar en los alrededores y que a la fecha no se han realizado.
Las protestas se mantuvieron por varios días sin que ninguna autoridad o personal de Cel les exigiera moverse del lugar.
Ante esta publicación, el mandatario culpó al FMLN de poner en contra del gobierno a las comunidades de esa zona. “Al FMLN no le bastó robarse el dinero del Chaparral, ahora quieren poner a las comunidades en contra del proyecto”, escribió en sus redes sociales.
Ante esto, el diputado efemelenista, Shafick Hándal respondió: “Nosotros hemos impulsado la presa del Chaparral y ahora resulta que nosotros nos oponemos (…) que trabajen, que saquen el asunto adelante”. “Él (Nayib Bukele) es quien quiere detener el proyecto y quiere excusarse”, afirmó.
El recién nombrado presidente de la Cel, Daniel Álvarez, secundó al mandatario afirmando que los proyectos sociales que el FMLN le prometió a las comunidades no son viables, por lo que les han engañado y ahora quieren utilizarlos.
Para conocer la versión de Cel, El Diario de Hoy ha enviado preguntas al presidente de la autónoma, pero siguen sin ser respondidas.
Camino empedrado
La construcción de esta presa hidroeléctrica ha tenido infinidad de irregularidades que lindan con hechos de corrupción y que ya son investigados por la Fiscalía General de la República (ver nota aparte).
La Fiscalía inició una investigación por el pago de $108 millones que el Gobierno de Funes avaló en 2012 a la empresa Astaldi sin que la obra estuviera finalizada. Este arreglo se hizo de manera directa para evitar un arbitraje internacional.
La Cel posteriormente contrató a la empresa brasileña Intertechne para que desarrollara un rediseño de la presa y se retomara la construcción en 2015. Pero en el camino se descubrió que el diseño valorado en $3.7 millones hecho la firma brasileña Intertechne- implicada en su país en el escándalo de corrupción de Petrobras- estaba errado y le encargaron a la misma empresa hacer otro diseño por $5.8 millones, que también fue descartado.
Técnicos y peritos del gobierno y la Fiscalía determinaron además que parte de la estructura se instaló sobre terreno inadecuado y hubo que moverla, lo cual implicó elevar aún más los costos.
Desde esa fecha el proyecto sigue a paso de tortuga, pues hasta en agosto de 2018 López Villafuerte aseguró que la obra ya tenía un 70 % de avance.
Con el cambio de gobierno, Nayib Bukele nombró a William Granadino como presidente de la autónoma. En su única entrevista televisiva, Granadino dijo que el proyecto sería entregado a principios de 2020.
Sin embargo, el funcionario renunció un mes y medio después de asumir el cargo y Bukele lo sustituyó por Daniel Álvarez.
Fuentes cercanas a la institución afirman que desde el cambio de gobierno, la autónoma ha tenido una fuerte disputa entre funcionarios afines a la administración del FMLN y en específico, al efemelenista José Luis Merino, con los nuevos funcionarios nombrados por Bukele.
Granadino dijo que harían en la institución una auditoría, a lo cual varias personas se opusieron, afirman las fuentes.