Fátima Mena, política hondureña: “Deben centrarse en convenio y alcances que darán a CICIES”

La exdiputada sugirió que, de cara a una comisión de este tipo, se preste particular atención a la definición de las capacidades que tendrá la entidad a fin de que esta tenga dientes suficientes e independencia.

El movimiento de las “Marchas de las antorchas”, en 2015, presionó porque se instaurara la Misión de Apoyo contra la Corrupción, que ayer logró la condena histórica de una ex primera Dama en Honduras . Foto EDH / archivo

Por Magdalena Reyes nacional@eldiariodehoy.com

Sep 05, 2019- 06:30

Independientemente de con qué organismo internacional se suscriba un acuerdo para comisión de combate contra la impunidad, lo más importante es el contenido del convenio, los alcances que tendrá y a qué se compromete cada una de las partes, dijo a El Diario de Hoy la política hondureña Fátima Mena, del Partido Anticorrupción (PAC).

“Mi recomendación a los salvadoreños es que se enfoquen en el convenio. El nombre que le pongan (a la comisión) al final son siglas, en lo que se deben enfocar es en el contenido, los verbos, las atribuciones que se le van a dar”, dijo la exdiputada.

Mena, quien fungió como legisladora cuando se elaboró el convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que suscribió dicho país centroamericano con la Organización de Estados Americanos (OEA), relató que en Honduras el convenio fue diseñado más para el combate a la impunidad y la corrupción y que tras la experiencia hondureña, se debe poner especial atención a verbos importantes como acompañar, supervisar, colaborar, además del vínculo tanto con el gobierno como con el organismo internacional.

“Creo que es lo más importante, deben centrarse más en el convenio que con quién se está firmando” reiteró Mena.

Aunque considera que es más confiable por el tema de la universalidad el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indica que en cualquier caso debe buscarse la independencia de la misión.

“Si es a través de la OEA, es necesario que el organismo tenga independencia de la Secretaría General y de la misma OEA, para que el vocero o vocera designado tenga la independencia de poder administrar sus propios fondos y que no esté tan subordinado como actualmente está (la MACCIH). Esa es una de las desventajas que identifico”, dijo, basada en la experiencia hondureña.

La MACCIH nació y se instaló en Honduras luego de la presión de la población a través de las “Marchas de las antorchas”, luego de que saliera a la luz pública un hecho de presunta corrupción en el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).

Recordó que en el Congreso se dio una lucha fuerte para lograr que el convenio fuera efectivo y conllevó meses para la redacción de este.

“Al principio había mucha oposición, es un convenio internacional, como un acuerdo de cooperación de países en el cual se compromete el Gobierno de Honduras con la Secretaría General de la OEA a ejecutar un convenio”, destacó Mena.

Comentó que lo que se construyó en la vecina nación fue un convenio para combatir la corrupción y la impunidad, lo que llegaba al Congreso era un acuerdo que ya estaba negociado por el Gobierno y el Congreso simplemente lo aprueba o no.

“La etapa álgida de este tipo de convenios realmente se da en el proceso de negociación que hace el Gobierno con el organismo internacional; en Honduras el mecanismo tuvo bastantes obstáculos”, detalló la política.

Alcanzar la MACCIH fue un proceso lento cuya construcción llevó más de un año, según el analista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Ismael Zepeda.

“Teníamos cierta desconfianza de que funcionara porque pasaron más de un año y medio montando el mecanismo, no se creía mucho en la MACCIH, hasta los últimos meses que se cierra el convenio y ahora la población está pidiendo la renovación de este convenio porque la MACCIH logró montar una unidad especial en el Ministerio Público, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción del Ministerio Público de Honduras (UFECIC)”, destacó Zepeda.

La ex primera dama de Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), fue condenada ayer a 58 años de prisión. Foto EFE/ Gustavo AmadorDebe pasar por la Asamblea si es un convenio internacional

La exdiputada afirmó que por ser un convenio bilateral de carácter internacional, debe pasar por el parlamento y de esa manera ostentar el grado de “Comisión Internacional”. En El Salvador la regla es la misma.

“En Honduras tenía que ir al Congreso nacional porque era un tratado internacional que iba a tener impacto también en función de las relaciones con otros poderes del Estado”, afirmó la ex parlamentaria.

El proceso es que el Gobierno lo suscribe y el Congreso lo ratifica para que tenga validez, de lo contrario perdería el carácter internacional.

“Los verbos de acompañar, supervisar y colaborar activamente en los casos de corrupción es lo que ha facultado que en Honduras se haya generado la institucionalidad necesaria, que era inexistente completamente antes de la MACCIH”, según Mena.

Instituciones que nacieron

Para investigar delitos de corrupción dentro del Ministerio Público y las cortes hondureña nacieron instituciones como la UFECIC, una sección especializada de los fiscales hondureños del Ministerio Público para investigar casos de corrupción. Para integrar este equipo élite, estos fiscales deben pasan por un proceso de entrenamiento, evaluación y selección.

Además, se creó el Circuito Anticorrupción, formado por jueces y magistrados especializados para conocer los casos que presenta el Ministerio Público.

Estas unidades se lograron a través del acompañamiento activo estableciendo protocolos y criterios para la aplicación de la justicia.

“Después de que Honduras tenía cero institucionalidad profesionalizada para poder realmente conocer y evacuar casos de corrupción, ahora tenemos una institucionalidad hondureña más sólida”, afirmó Mena.

Antes de la MACCIH, el único mecanismo en Honduras para investigar un caso de corrupción era pasar primero un informe de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, que son electos por los mismos diputados.

“Si ese reporte nunca pasa al Ministerio Público, jamás será judicializado, entonces es una herramienta para generar impunidad”, destacó la exlegisladora Mena.

Zepeda apuntó que en Honduras nunca se había procesado ni a un alcalde o diputado. En ocasiones, dijo, se daban señalamiento del Tribunal Superior de Cuentas que nunca trascendían en los tribunales

“ Pero ya montando los juzgados anticorrupción, han logrado montar esa lumbrera”, celebró Zepeda.

Áreas de trabajo
Hay una división de prevención y combate a la corrupción que se encarga de acompañar, supervisar y colaborar activamente con los casos de corrupción en Honduras y la división de reformas al sistema de justicia penal. Además, hay una división de la reforma político electoral que investiga el posible financiamiento ilícito de partidos políticos a través de elites políticas corruptas, así como la compra de voluntades y el tráfico de influencias. Finalmente, establecieron una división de Seguridad Pública.

Caso emblemático:
Condena de 58 años para exprimera dama La ex primera dama hondureña Rosa Elena Bonilla de Lobo fue condenada ayer a 58 años de prisión en un caso emblemático investigado por la MACCIH, por los delitos de apropiación ilícita y de fraude.

La exfuncionaria fue señalada por la misión con apoyo de la OEA de la sustracción de $500 mil de la cuenta de la oficina del “Despacho de la Primera Dama”. Su asistente también fue condenado a 48 años de prisión ayer por el mismo delito.

¿Cómo se seleccionan los casos que ve la Maccih?
Para que un caso sea tratado por los jueces especializados del Circuito Anticorrupción certificados por la MACCIH, la investigación debió iniciarla dicha misión. De lo contrario se le otorga a un juez “de la justicia ordinaria”. Según la ex diputada Mena, la mayoría de los casos tratados por la “justicia ordinaria” termina por absolver al imputado. Por otro lado, los casos que abordan los jueces certificados por la Maccih, generalmente terminan judicializados.

Unos 310 exfuncionarios procesados
Según datos de la MACCIH, hay 310 personas judicializadas hasta el momento por casos de corrupción, entre los que figuran diputados, exdiputados, exministros, ex primeras damas y otros altos funcionarios públicos.

Anteriormente el cuello de botella era el Ministerio Público, ahora existen operadores de justicia especializados, con condiciones dignas y entrenados para poder investigar casos de corrupción.

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