Los diputados intentaron en la Comisión Política, sin éxito, acordar una ley transitoria que permitiera aplicar cuarentenas focalizadas en barrios, colonias, cantones y caseríos de municipios en donde existan más casos positivos de COVID-19 y un alto índice de muertos por causa de la enfermedad.
Decidieron suspender el análisis ante la falta de información por parte del Ministerio de Salud Pública de los sitios más abatidos por la pandemia y la ausencia del Ejecutivo en acompañarlos en la discusión, ya que la Sala de lo Constitucional ordenó que ambos aspectos deben privar si se restringen derechos constitucionales para combatir el COVID-19.
“Jurídicamente ni políticamente es opción aprobar una ley de cuarentena sino hay el acompañamiento debido del Órgano Ejecutivo, carecería de un sustento fáctico informativo básico para que pudiese llegar a buen puerto esta normativa, ya está cantado que sería vetada y al final del camino tendría la misma justificación que la misma Sala pudiera declarar inconstitucional, entonces la Asamblea está haciendo un esfuerzo de desgaste contra la espada y la pared, no hay derecho, mientras nuestra gente está muriendo”, lamentó el diputado del PDC, Rodolfo Parker, tras el retiro de GANA de la discusión y el anuncio de que el presidente Nayib Bukele vetará lo que apruebe la Asamblea.
ARENA había presentado una propuesta que incluía ciertas restricciones al libre tránsito de manera focalizada, mientras que los técnicos de la Comisión Política diseñaron un documento basado en una propuesta de régimen de excepción presentada por el Gobierno y adicionaron algunos elementos coincidentes con la iniciativa de los tricolores y otras que plantearon abogados, académicos, médicos especialistas y economistas en una jornada de consultas que llevó a cabo la Asamblea el lunes y martes, sin embargo, ninguna de esas mociones tuvo frutos.
A mitad de la discusión los legisladores se entramparon. En un momento pareció que se dividieron en tres bloques. ARENA y el PCN pujando por lograr un acuerdo sobre la base de un documento “híbrido” que buscaba adecuar la propuesta del partido tricolor y conjuntarla con los aportes de los expertos en relación a restringir derechos de los ciudadanos como lo solicita el Gobierno para enfrentar la pandemia.
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Por otro lado, el FMLN y el PDC, promoviendo entre sus colegas diputados respetar la sentencia de la Sala de no prevalecerse de la emergencia por el COVID-19 para violentar los derechos humanos de las personas, debido a que ARENA y el PCN, miraban positivo focalizar ciertas restricciones como el de libre circulación de acuerdo al número de DUI, tomando en consideración los municipios o zonas con mayor número de contagios y densidad poblacional; mientras que GANA insistía en que la Asamblea ignoró la petición del Gobierno de implementar un régimen de excepción.
Guillermo Gallegos, expuso que ninguna cuarentena focalizada funcionará para frenar la pandemia, sino se realiza una restricción total y a nivel nacional. GANA optó por retirarse de la discusión en la Comisión Política. Gallegos dijo en declaraciones fuera de la reunión que, así como planteaban la medida de cuarentena, el presidente Nayib Bukele la iba a vetar.
Con el anuncio de Gallegos y al observar que ni el FMLN ni el PDC accedían en consentir artículos de la propuesta de ley que incluyeran la suspensión parcial de algunas garantías constitucionales; fue Parker junto a René Portillo Cuadra, de ARENA, quienes terminaron convenciendo a sus colegas de suspender la discusión y buscar otras alternativas que le den solución inmediata a necesidades de la población como es la regulación y facilidades en insumos médicos para donar plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19 y ampliar las pruebas para detectar el virus.
“Mientras no tengamos información de cuántos municipios son los más contagiados en espera de que el ministro de salud (Francisco Alabí) nos envíe esa información. No solo es un tema de restricción de derechos sino un tema de información, la misma Sala plantea que cuando se toman medidas que pueden violentar garantías constitucionales debe de respaldarse con información, como Asamblea no tenemos esa información, es propia del Ministerio de Salud, para darle vigencia a cualquier ley que se apruebe en esta materia necesitamos contar con esa información”, argumentó Portillo Cuadra.
La jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, expresó que su partido no está de acuerdo en emitir una ley que suspenda las garantías constitucionales, que la intención de los farabundistas es darle respuesta a la emergente necesidad de la población que ante el vacío jurídico que existe por los vetos presidenciales a las leyes emanadas de la Asamblea no tiene ninguna regulación para evitar contagiarse con el virus.
Sin embargo, dijo que están a la espera de que la Sala de lo Constitucional resuelva pronto sobre la controversia que tiene en sus manos con la superación del veto a la ley de atención sanitaria contenida en el decreto 661 realizado por la Asamblea la semana pasada.
Parker informó que mientras los magistrados resuelven sobre esa situación a la Asamblea no le quedará otro camino que buscar solventar algunas demandas de la población como evitar el acaparamiento gubernamental de los insumos médicos para que la gente pueda realizarse las pruebas para detectar el virus y brindar facilidades para que los pacientes recuperados por COVID-19 puedan donar su plasma sanguíneo y ayudar a otros que estén contagiados a recuperarse.