La Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador se ha anunciado con bombos y platillos desde antes que se instalara este gobierno. Sin embargo, a casi seis meses de esta administración, esta entidad aún no ha terminado de despegar y solo esta semana se firmó un acuerdo marco entre Cancillería y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Pese a que la comisión aún no tiene atribuciones claras, la directora del departamento de Transparencia de Funde, Jessica Estrada, afirmó ayer en conferencia de prensa que se ve un uso mediático de la misma.
“Se ha manejado como que la comisión ya trabaja casos e investiga a ciertas personas, cuando al hablar con los pocos que integran la CICIES nos dicen que no están investigando todavía”, explica la experta.
En efecto, en al menos dos ocasiones el gobierno ha afirmado que la comisión tiene en estudio casos como el de Sistema de Transporte Integrado del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) o el El Chaparral. Sin embargo, sin atribuciones ni mandato es imposible que tenga investigaciones en curso.
“Es riesgosa la forma en que esto se maneja”, añade Estrada y se suma a las voces que ponen en tela de juicio el rol que la OEA pueda jugar, al notar la cercanía de esta institución con el presidente y su gobierno.
Para muestra, recuerda que en el acuerdo recién suscrito entre la canciller Alexandra Hill y el secretario de la OEA, Luis Almagro, se establece que el gobierno debe autorizar la propuesta de cabeza de la comisión que la OEA establezca. En su artículo 3.4, el convenio marco dice: “El/la comisionado/a será designado/a por el Secretario General con el visto bueno del Gobierno a través del presidente, y será el responsable general de las actividades de la CICIES”.
“Vemos un problema, pues qué tal si viene la mejor persona, con credenciales en la lucha anticorrupción, y el presidente no la avala. No tendríamos fortaleza del comisionado”, cuestionó Estrada, quien lamentó que este apartado le resta independencia a la comisión.
Presupuesto
Otro punto que preocupa a la experta de Funde es la independencia presupuestaria de la CICIES. En el documento firmado en septiembre, punto previo al acuerdo de esta semana, se estableció como una obligación del gobierno salvadoreño que este erogaría US$250,000 para apoyar el inicio de la comisión.
Esto genera duda, dice Estrada, “pues nos preguntamos por qué el gobierno da recursos a esta CICIES, de dónde toma esos fondos si en la actualidad hay problemas presupuestarios”.
Según el acuerdo marco de esta semana, el financiamiento vendrá “principalmente con contribuciones voluntarias de la comunidad internacional”. Esta redacción, advierte, puede abrir la puerta a que la comisión pueda seguir recibiendo aportes del gobierno, lo cual podría seguir restándole independencia. Asimismo, adelantó que espera que no den fondos que vayan en detrimento de la Fiscalía.
“No se le dijo todo a la ciudadanía”
Según Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, el acuerdo marco no va en línea de las necesidades en materia anticorrupción del país. A su juicio, el problema es estructural y necesita medidas profundas, mientras que “según lo visto en el convenio, la CICIES se queda corta”, aunque reconoce que pueda tener ventanas de oportunidad de ampliar su alcance.
Escobar vuelve a lamentar que no se ratifique el tratado con la Asamblea Legislativa, pues le resta potencia jurídica. Además, el comunicado presentado en la mañana dice con contundencia que no pasar por la Asamblea “constituiría una clara manifestación de evadir las reglas sobre frenos y contrapesos”.
Finalmente, lamenta que desde el gobierno se hizo un manejo de la CICIES sin reparar en los límites legales que existen en El Salvador. Por ejemplo, ilustra, el acuerdo marco habla de la posibilidad de que la CICIES acompañe casos como querellante, algo que el Código Procesal Penal reserva para asociaciones salvadoreñas. Asimismo, habla de que la comisión pueda sumarse a investigaciones, pero la Constitución da a la Fiscalía el monopolio de la acción penal y la dirección de la investigación del delito, por lo que habría que modificar también la ley máxima de El Salvador.
“Aquí no se le dijo todo a la ciudadanía sobre lo que podía hacer la CICIES”, critica Escobar, quien recuerda que Nayib Bukele se encontraba en campaña y lo que quería era vender una solución sin tener que amarrarla a que iba a requerir reformas legales y procedimientos complicados. “No debimos habernos hecho tantas expectativas”, reflexiona.