José Guillermo Maza Brizuela, exministro de Salud en la administración de Antonio Saca, deberá enfrentar un juicio por el delito de negociaciones ilícitas en la construcción y equipamiento de los hospitales San Pedro, de Usulután, y Santa Gertrudis, en San Vicente, vinculados al proyecto de Reconstrucción de Hospitales, Equipamiento y Extensión de Servicios de Salud (Rhessa).
Junto con Maza, el Juzgado Primero de Instrucción envió a juicio a otras 15 personas acusadas de estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos y falsedad documental agravada y falsedad ideológica.
Las investigaciones indican que el Estado pagó $2.7 millones por obras que no se realizaron y por equipo médico que nunca fue recibido en ninguno de los dos hospitales.
En su momento, Fiscalía acusó a Maza Brizuela de haber avalado reclamos de Guillermo Osegueda Gine (prófugo), representante de la constructora CPK Consultores S.A. de C.V., relacionados con alargar el plazo para la reconstrucción del hospital San Pedro, en Usulután, lo que implicaba también la erogación de fondos públicos de $1.7 millones.
El Juzgado envió a juicio a los imputados por orden de la Cámara Primera de Penal, quien en noviembre de 2017 anuló el sobreseimiento definitivo que en abril de ese año se les dio a los acusados. En esa ocasión, el Juzgado Primero de Instrucción decidió que no había las suficientes pruebas en contra de Maza Brizuela para que siguiera procesado por negociaciones ilícitas.
En abril de 2014, el fiscal del caso presentó prueba documental que consistía en peritajes de obra y contable, en las que se determinaba que había obra pagada y no ejecutada, así como equipo pagado y no suministrado e instalado en cada uno de los hospitales.
A esa fecha, las investigaciones arrojaron que el monto de lo estafado en los dos proyectos hospitalarios era de $5,142, 096.50.
En enero de 2015, el Juzgado Primero de Paz de San Salvador, exoneró del pago de responsabilidad civil al ex ministro de Salud, Guillermo Maza, condenado el 16 de septiembre de 2014 a 144 jornadas de trabajo de utilidad pública al haber sido condenado por actos arbitrarios en el caso de Reconstrucción de Hospitales, Equipamiento y Extensión de Servicios de Salud (Rhessa).
Uno de los fiscales del caso, tras conocer el fallo, dijo que el tribunal no valoró las pruebas presentadas.