El general Atilio Benítez Parada, exministro de Defensa en el gobierno de Mauricio Funes, compareció ayer en la audiencia preliminar ante la Cámara Primera de lo Penal, donde se le acusa de comercio y depósito ilegal de armas; actos arbitrarios y estafa.
La Fiscalía acusa al militar -quien además fue embajador en Alemania- de que presuntamente se valió de un decreto emitido por la Asamblea Legislativa, que permitió que ciudadanos que tuviera armas ilegales pudieran legalizarlas.
La medida estuvo vigente entre mayo y julio de 2009, pero las investigaciones indican que en 2010, cuando el decreto había vencido, Benítez registró “muchas” armas de forma ilegal para luego venderlas. Para ello, el imputado supuestamente tuvo como colaboradores a otros militares y personas particulares, según el Ministerio Público.
En junio pasado, el coronel Salvador González Quezada, director de Logística del Ministerio de la Defensa entre 2010 y 2011, declaró en una audiencia especial, que Benítez le ordenó inscribir armas de manera irregular.
González además explicó el mecanismo que se seguía en el Ministerio de la Defensa para la obtención, inscripción y venta de las armas de guerra, que en su mayoría eran catalogadas de “trofeo” tras haber sido confiscadas a la exguerrilla durante el conflicto armado.
La Fiscalía ha presentado como evidencia el testimonio de González; de supuestas víctimas de estafa y de peritos de la Policía. El imputado pidió que le admitan el testimonio de un ayudante militar.
Los magistrados no fijaron fecha para dar a conocer su resolución. Al finalizar la audiencia, Benítez expresó que estaba con “la moral alta” y confiaba en que le darán un sobreseimiento definitivo.