El Parlamento Europeo (PE) adoptó en el pleno de este jueves una resolución en la que pide al Gobierno de Nicaragua que acabe con la represión política de la oposición y “condena todas las acciones represivas” del Ejecutivo nicaragüense, según reza el texto, adoptado por 550 votos a favor.
La Eurocámara “insta” a las autoridades de Nicaragua a que “pongan fin a la persistente represión de la disidencia y al actual modelo de detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual”, y exige al Gobierno “que se abstenga de criminalizar, perseguir y atacar a defensores de los derechos humanos, opositores políticos, familias de víctimas y otras voces disidentes”.
Los eurodiputados señalaron que es necesario “desmantelar inmediatamente las fuerzas paramilitares que actúan en el país” y pidieron que “se investigue la violencia a fondo, con rapidez, transparencia e imparcialidad”, además de la “puesta en libertad inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente”.
Asimismo, el texto solicita que se activen las cláusulas de democracia recogidas en el acuerdo de asociación UE-Centroamérica, lo que podría implicar la suspensión de Nicaragua del acuerdo.
La Eurocámara justifica esta medida señalando que el desarrollo y la consolidación de la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos deben formar parte integrante de las políticas exteriores de la Unión Europea (UE).
En esta línea, los eurodiputados solicitaron que se envíe a Nicaragua una delegación del Parlamento con el fin de “reanudar el seguimiento de la situación en el país”, y demandaron a las autoridades nicaragüenses que permitan “la entrada sin restricciones en el país” y el acceso a todos los interlocutores.
Nicaragua está viviendo una ola de disturbios y represión contra manifestantes y voces de la oposición desde que comenzaron las protestas en abril de 2018 por las reformas de la seguridad social decretadas por el presidente, Daniel Ortega.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde entonces han muerto unas 328 personas, aunque organizaciones locales denuncian hasta 595 víctimas mortales fruto de la represión del Gobierno de Daniel Ortega.