Los partidos políticos deben ser sometidos al control de la Corte de Cuentas de la República (CCR) por el uso de los fondos públicos que se les asignan, recomienda la investigación ¿A quiénes ha controlado la Corte de Cuentas de la República de 2013 a 2018?, ejecutada por un grupo de organizaciones.
Esto ya está regulado por el artículo 26-C de la Ley de Partidos Políticos que reza que pondrán a disposición de la CCR información sobre el financiamiento público.
La investigación se ejecutó en conjunto entre instituciones como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Tracoda y Conexión, y arrojó que los partidos políticos no han sido sometidos al control de la CCR por el uso de fondos públicos que se les asigna, pues la Constitución solo establece como atribución de la Corte, según el artículo 195, “vigilar, inspeccionar y glosar las cuentas de los funcionarios y empleados que administren o manejen bienes públicos, y conocer de los juicios que den lugar dichas cuentas”.
“En cuanto a los partidos políticos, la Corte de Cuentas está trabajando en los preparativos para realizar en las próximas semanas las auditorias a estos; hemos tenido conversaciones con instituciones como el Ministerio de Hacienda, el Tribunal Supremo Electoral y estamos en la fase de planificación de estas auditorías”, detalló el segundo magistrado de la Corte de Cuentas, Roberto Antonio Anzora.
Gilberto Lara, director de Conexión, entidad que participó en la investigación, también destacó que entre los principales hallazgos de la investigación realizada es que no se ha hecho auditorías ni contralorías a los partidos políticos.
“Hay un Presupuesto General de la Nación que se usa en instituciones privadas y ese tipo de organizaciones tampoco tiene auditorías. Entre las recomendaciones (del informe) también está que les hagan auditorías, porque tienen presupuesto del Estado”, dice Lara.
Para Lara este tipo de entidades deben auditarse y de esta manera fortalecer la transparencia y minimizar el espacio para la corrupción.
Según el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, a la falta de auditoría de los fondos para partidos políticos, también se suma que la Corte solo ha realizado tres informes de exámenes a la deuda política: uno del periodo entre 1984 y 1994, otro para las elecciones del año 97 y la última entre 1997 y 2002 y únicamente era para verificar si a los partidos se les había entregado el total de deuda política que según la ley les correspondía.
Otro hallazgo es que las alcaldías reciben más del 50 % de las auditorías que realiza la Corte y esto puede deberse a que los tiempos de gestión son más cortos, de solo tres años. Según la investigación, las demás auditorías se distribuyen entre instituciones del Estado.
“Recordemos la cantidad de alcaldías a nivel nacional; al hacer una curva del tipo de hallazgos o reparos, al ser una cantidad mayor de entidades, obviamente se encuentran más hallazgos”, reparó María del Carmen Martínez, presidenta en funciones de la Corte.
El Ministerio de Salud y de Educación son de las instituciones del Ejecutivo que reciben más auditorías, según el informe.
“El Ministerio de Salud y de Educación comparten una característica, que están desplegados en el territorio y eso conlleva que no solo se audita al Ministerio de Salud, si no que también a los hospitales nacionales”, detalló Carmina Castro, investigadora de Fusades.
Auditorías a Sánchez Cerén
En cuanto a la auditoría de los fondos reservados que manejó el anterior gobierno del FMLN, encabezado por el exmandatario Salvador Sánchez Cerén, la presidenta en funciones de la CCR dijo que el examen del uso de recursos ya debe estar en fase de comunicación y se está coordinando con Casa Presidencial para pedir la documentación.