Tras casi 10 horas de debate, la Asamblea Legislativa aprobó la noche del domingo un nuevo decreto que contiene la nueva Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID-19, la cual le permitirá al Gobierno contener la propagación de la enfermedad en el país, que hasta ayer registraba 30 personas contagiadas.
Con 56 votos, sin FMLN y con la abstención de Ricardo Velásquez Parker, de ARENA; y Rodolfo Parker y Jorge Mazariego del PDC, se facultó al Gobierno a restringirle a la ciudadanía, por 15 días, las libertades de reunión, de tránsito y el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio.
POSIBLE FRAUDE DE LEY
Lo que dice la Constitución Por ser una medida que restringe derechos fundamentales, el artículo 30 de la Constitución pone candados al estado de excepción. El más importante es que se puede hacer por un periodo limitado y solo se puede renovar una vez por el mismo periodo. Así los derechos de los ciudadanos no están restringidos indefinidamente.
SE DESNATURALIZÓ
Juristas consultados por este medio consideraron que el decreto constituye un fraude de ley porque al aprobarse “un nuevo decreto”, en lugar de prorrogarse, abre la puerta a que ese sea renovado o a que se siga haciendo cambios en el texto y restringiendo derechos de manera indefinida. Los abogados consideran que hacer cambios de forma o ponerle límites al estado de excepción no cambia su esencia, pues restringe los mismos derechos.
DURA CRÍTICA A BUKELE
Organizaciones pidieron el domingo no renovar este régimen de excepción y el presidente Nayib Bukele dijo que “solo trabajan para lograr que mueran más humanos”. Al respecto, el director de América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, manifestó: “Vergonzoso intento de (Bukele) por descalificar a organismos de derechos humanos que por décadas luchan por un estado que (él) intenta destruir”. Vivanco llamó a que gobiernos extranjeros “tomen nota de este nuevo exabrupto”.
La aprobación del decreto se realizó alrededor de las 9:30 de la noche, dos horas y media antes de que venciera el plazo para aplicar las medidas de restricción de derechos constitucionales concretos que fueron avaladas el 14 de marzo de marzo pasado.
El retraso en la aprobación se debió al debate que había entre ARENA y GANA por el rol que tiene la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada para hacer cumplir la cuarenta domiciliar por 30 días (que vence el 13 de abril).
El partido tricolor pedía que se dejara claro en la normativa que las personas que fueran retenidas por transitar en la vía pública no fueran llevadas a sedes policiales o centros de cuarentena, sino a sus casas para que cumplieran el resguardo.
Con eso, según ARENA, se estaría cumpliendo la medida cautelar emitida la semana pasada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la que ordenó que las personas detenidas, desde el pasado 21 de marzo por supuestamente incumplir la cuarentena domiciliar, fueran liberadas y enviadas a sus casas a cumplir el resguardo. La resolución fue a raíz de un hábeas corpus presentados por tres personas.
Por su parte, el partido oficial aseguraba que con eso se le quitaría al Gobierno una herramienta legal para que pudiera contener la epidemia. Guillermo Gallegos expuso que si se le quitaba esa facultad a las autoridades era mejor no se aprobara la ley.
Al final, se agregó un inciso que llama a observar lo ordenado por la Sala en su reciente solicitud a un recurso de hábeas corpus, en el que pide respetar la legalidad en lo relativo a las detenciones y las condiciones de las poblaciones en albergues, pero no ahondó en los detalles.
Foto EDH / David Martínez
Guillermo Gallegos, de GANA, celebró esta aprobación. “Si no se hubiera aprobado el régimen de excepción, hubiésemos retrocedido, cuando otros países lo están implementando y hasta hoy les está dando resultados”, manifestó el diputado y directivo legislativo.
Ernesto Castro, secretario privado de la Presidencia, sostuvo que es una “medida vital para estos momentos y para mantener la cuarentena. Necesitamos que la población se quede en casa para controlar de alguna manera esta pandemia estas semanas críticas”.
Entre aquellos que se opusieron, el diputado del PDC, Rodolfo Parker, manifestó que “no se necesita suspender garantías para hacer frente a esta emergencia”.
El FMLN también manifiestó que se opusieron por considerar que no era necesario restringir derechos y que la declaratoria de emergencia nacional daba paso a poder establecer cordones sanitarios y otros controles para evitar el crecimiento del virus.
La sombra del fraude de ley
El presidente del Legislativo, Mario Ponce (PCN) aclaró que lo aprobado ayer no es una prórroga del decreto anterior sino un nuevo decreto ya que incluyó algunos cambios en su texto.
Según la Constitución, en su artículo 30, el estado de excepción puede renovarse una vez por el mismo periodo si se mantienen las causas que justificaron las restricciones a derechos constitucionales en un primer momento.
Por ello, múltiples abogados consultados por El Diario de Hoy consideran que lo aprobado constituye un fraude de ley y podría ser declarado inconstitucional, pues ven que un cambio en el texto no implicaba un nuevo decreto, sino modificaciones leves al original.
“Hay un fraude evidente a la Constitución porque utilizan la opción de aprobar un nuevo decreto para evitar prorrogar el anterior porque si se da prórroga teóricamente no tendrían posibilidad de aprobar un nuevo decreto de excepción”, manifestó Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana.
“Debió ser una prórroga, no una nueva ley”, adviertió Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades. A su juicio, es una forma de burlar la carta magna, pues los cambios no ameritan un nuevo decreto. Previene que el decreto se expone a ser anulado por la Sala.
El jurista José Marinero opinó que “de no corregirse este fraude, se abriría la puerta a la extensión indefinida del régimen de excepción. Es decir, la excepción podría volverse la regla”. A su juicio, la intención del constituyente era agregar controles al régimen de excepción y que se prevenga abusos en su aplicación.
Escobar, de Acción Ciudadana, añadió que esta es una regulación de última instancia y que con esto se busca convertir en una regulación de carácter permanente. “Se desnaturaliza y se vuelve una norma aplicable por tiempo indefinido”.
A esto se sumó el legislador Ricardo Velásquez Parker, quien se abstuvo de apoyar el decreto. “Soy el único de ARENA que se abstuvo. Este nuevo decreto durante 15 días más restringe garantías constitucionales. Esto significa de entrada que se puede prorrogar y se cumplirán 45 días donde la gente va a estar en cuarentena”, lamentó.
Además de los juristas, a lo largo del día diversas organizaciones de sociedad civil como Acción Ciudadana, DTJ o el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional pidieron no renovar el estado de excepción por considerarlo innecesario para hacer frente a la pandemia y por ver vacíos legales en su aprobación original.