En el tercer día de escrutinio de los resultados de las elecciones del pasado 28 de febrero se continuó con el conteo de votos en las 49 mesas de trabajo tomando en cuenta el acuerdo emitido este jueves por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En el acuerdo se estableció una modificación al Instructivo de Escrutinio Final y con ello se autorizó para que cada partido contara con un representante con voz y voto en las 49 mesas instaladas, así como entregarles 49 credenciales de propietarios y 25 credenciales de suplentes a los institutos políticos.
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Tras esta resolución surgieron opiniones a favor y en contra. El instructivo modificado deja fuera del escrutinio a los miembros de las Junta Electoral Departamental (JED) y Junta Electoral Municipal (JEM).
Los críticos de la reforma la calificaron como un “atropello al sistema electoral” y recalcaron la labor de los institutos políticos de “vigilar” basados en el artículo 209 de la Constitución de la República el cual establece que los partidos políticos y coaliciones contendientes tendrán derecho de vigilancia sobre todo el proceso electoral”.
“La Ley establecerá los organismos necesarios para la recepción, recuento y fiscalización de votos y de más actividades concernientes al sufragio y cuidará de que estén integrados de modo que no predomine en ellos ningún partido o coalición de partidos”, dice el artículo.
El magistrado Julio Olivo y Guillermo Wellman no votaron en favor de modificar el Instructivo.
Al respecto, el magistrado Wellman dijo que como funcionario público se ha establecido la norma de que no violentar la ley.
“Yo siempre he estado a favor del respeto a la Constitución y las leyes y creo que una reforma al instructivo para acomodar la ley no es posible, un instructivo reformado no sustituye la ley”, argumentó.
Wellman manifestó que pese a que no votó a favor de esa decisión, no le gusta obstaculizar el proceso de escrutinio.
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“Hay una cosa, no me gusta obstaculizar el proceso de escrutinio, creo que no hay necesidad de estarlo obstaculizando ya la suerte está echada como decían los romanos, ya hay que sacar adelante esto, la población está pendiente del trabajo de nosotros y yo creo que como magistrado propietario de este organismo colegiado he dado muestra de transparencia y no puedo obstaculizar un proceso que la población está pidiendo ya”, razonó.
Francisco Parada, representantes de la JED de San Salvador denunció este viernes que “esta situación es preocupante, nosotros como organismos temporales tenemos una función administrativa y jurisdiccional del proceso electoral, estamos siendo desplazados del proceso y le están dando atribuciones a los partidos políticos que tengan voto en el proceso electoral”.
“El Tribunal ha sacado un acuerdo que ni siquiera nos menciona, sólo verbalmente nos han dicho que no formamos parte del escrutinio final cuando es una de nuestras atribuciones principales sino quien va entregar las credenciales a los alcaldes ganadores”, cuestionó el representante de la JED de La Libertad.
En ese mismo sentido opinó Marcos Ulises Lazo, jefe de la JED del departamento de La Unión. “Queremos denunciar el atropello y violación que está sufriendo el sistema electoral ahorita y sobre todo los organismo temporales. Es lamentable como algunos magistrados del TSE han cedido a las presiones de un partido político”.
El magistrado Harold Cornejo, en sustitución de Wellman junto a la magistrada presidenta del Tribunal Dora Esmeralda Barahona, el magistrado Noel Orellana y Rubén Meléndez votaron a favor de la reforma.
En relación a ello, El magistrado Orellana argumentó su voto en base al artículo 214 del Código Electoral el cual detalla que el escrutinio se hará en la medida de como se reciben las actas.
“En la medida que el Tribunal reciba las actas y la documentación a que se refiere el artículo anterior, procederá a efectuar el escrutinio final, en la forma que estime conveniente, tomando como única base los originales del acta de cierre y escrutinio de cada una de las juntas receptoras de votos”, reza el artículo.
Orellana explicó que en un principio habían decidido que iba ser con los miembros que conforman la JED y JEM, pero a raíz de los incidentes que se dieron los últimos días, modificaron el instructivo para autorizar la presencia de un representante por cada uno de los partidos políticos en aquellos lugares donde tuvieron candidatos.
“Nosotros hemos actuado de acuerdo a la ley, lo que sucede es que tradicionalmente así se hacia, esto lo han avalado la Fiscalía General de la República, la mayoría de los partidos políticos, lo avalado la mayoría de los miembros que conformamos el TSE y nosotros como tribunal lo único que queríamos es facilitar y agilizar este proceso”.
Algunos dirigentes de partidos también tomaron postura al respecto. El Secretario General del FMLN, Óscar Ortiz, dijo que los organismos electorales son los que por ley tienen que administrar el escrutinio final.
“Es increíble, sacaron una resolución para la cual no hay base legal”, señaló.
En ese sentido Ortiz advirtió “nosotros ya estamos preparando un escrito que va a llegar a las instancias correspondientes para mostrar esa ilegalidad en la que ha caído una instancia que tiene que saber manejar correctamente estos procesos”.
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“Una medida que ha sido tomada producto de las presiones, es impresionante, porque hablando de transparencia del proceso resulta que se presta a situaciones para poner en una situación gris la parte final, debido a las presiones que han recibido por parte de los equipos del gobierno”, criticó.
Por su parte, la comisionada presidencial Carolina Recinos reafirmó el cumplimiento de lo establecido en la reforma ya que aseguró que a primeras horas de la mañana les fueron entregadas las credenciales para las 49 mesas de escrutinio.
“Yo creo que cada quien el derecho de plantear lo que consideré, pero es el Tribunal quien por cuatro votos ha emitido un razonamiento, quiero recordar que dentro de eso votos, hay dos representantes magistrados que viene de la CSJ y que tiene muy claro cuales son sus alcances”, dijo.