Ciudadanos, encabezados por representantes de la iglesia católica, movimientos sociales y académicos, presentaron el jueves en la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley General de Aguas que busca garantizar “el derecho humano al agua”; afirmar que es un “bien público” y que sea administrada por el Estado con participación ciudadana.
La propuesta que entregaron contempla la conformación de una junta directiva constituida por siete personas, titulares de los distintos ministerios del Estado.
También proponen un comité consultivo representado por 14 instituciones (alcaldías, iglesias, comités regionales de cuencas, pueblos indígenas, entre otros) que deliberarían las decisiones de la junta directiva.
“La ley pretende proteger el agua. Que no haya más abusos, que se garantice el servicio humano al agua y el saneamiento para todos; y donde los principales destinatarios de este recurso sean las personas, todos los salvadoreños por igual”, expresó el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, quien habló en representación de la comitiva.
El religioso aclaró que la elaboración de la propuesta fue por una iniciativa ciudadana y no era presentada en nombre de iglesias o universidades, sino que fueron “conglomerados de asociaciones ambientalistas y defensoras del agua” las que han consensuado esta ley”.
Morena Murillo, representante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, señaló que la propuesta recoge los 92 artículos acordados en las legislaturas anteriores, por lo que pidió a los parlamentarios de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático que no “empiecen de cero” la discusión del tema, sino que retome las propuestas que se trabajaron hace tres años.
La petición fue acompañada por las diputadas de ARENA, Martha Evelyn Batres, y del FMLN, Dina Argueta. También por sus colegas Juan José Martel, de Cambio Democrático, y el independiente, Leonardo Bonilla.
Batres, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, señaló que la Asamblea Legislativa ha tenido una “deuda histórica” al no abordar el tema y coincidió con los ciudadanos en la importancia de que el país tenga una ley que proteja el derecho humano al agua, que lo reconozca como un derecho público y que vele por la sostenibilidad del recurso. Ella confía en que esta legislatura aprobará la ley.
La diputada Argueta expresó que propuesta era recibida como un “mensaje de articulación social” y abogarán porque la entidad que debe administrar las decisiones sobre el agua en el país sea pública.
A la entrega del proyecto asistieron el cardenal Gregorio Rosa Chávez; el obispo de la iglesia Luterana de El Salvador, Medardo Gómez, y el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Andreu Oliva.
También representes de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña, la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares y el Foro Ecuménico.