El proyecto de Ley del Agua que el presidente Nayib Bukele mandó el viernes a la Asamblea Legislativa excluye a la empresa privada de la directiva de la autoridad hídrica.
El sábado por la tarde, se tuvo acceso al contenido de la normativa, la cuál establece la creación de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA). “Créase la autoridad salvadoreña del agua, que en adelante se podrá denominar ASA, como institución oficial autónoma de derecho público, su autonomía comprenderá lo técnico, administrativo, financiero y presupuestario con personalidad jurídica y patrimonio propio”, reza el artículo 10 de la propuesta, en la cual se detalla que ASA “estará adscrita al Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)”.
También se plantea que la ASA será la instancia superior , deliberativa, rectora y normativa en materia política de los recursos hídricos.
Además, el artículo 12 del proyecto indica que la ASA será constituida por un presidente, que será nombrado por el Presidente de la República y por una Junta Directiva, como órgano político colegiado, para la toma de decisiones estratégicas sobre el agua. La conformación de la autoridad hídrica ha sido el principal punto de debate para los diferentes sectores que han elaborado y presentado propuestas de ley durante más de 15 años.
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El ejecutivo plantea que la junta directiva de la ASA esté integrada por el director presidente, quien la presidirá, así como por un representante la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y de los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Turismo, Vivienda, Salud, Gobernación y por un representante de una Autoridad de Agua Potable y Saneamiento, a la que no se refiere como ANDA. La directiva también tendría un representante de las universidades públicas y privadas y otro de sociedad civil.
El artículo 18 de esta propuesta excluye al sector privado. Además, el artículo 3 menciona en el literal “d” que una de las finalidades de la ASA es promover la coordinación entre los organismos estatales, los gobiernos municipales, la sociedad civil y el sector académico para una adecuada gestión del agua, sin tampoco mencionar a la empresa privada; la cual solo podrá tener presencia en las reuniones de la directiva cuando reciba una invitación para ello, según lo define el penúltimo inciso del artículo 18.
Al respecto, este medio intentó obtener la postura de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), manifestaron que recién conocen el proyecto y que deben estudiarlo.
Leopoldo Dimas, consultor en gestión de recursos hídricos, consideró que “es un buen primer paso para comenzar de nuevo el proceso para proteger nuestros recursos hídricos y creo que en estos 90 días que vienen va a ser importante recoger todos los buenos aportes de todos los sectores del país”.
Sobre la exclusión del sector privado Dimas dijo que en la mayoría de las legislaciones modernas relacionadas con la conservación y protección del recurso hídrico, los entes rectores están compuestos netamente por el sector público.
También consideró que, al hacer una rápida revisión, le parece que la estructura es muy similar a otras propuestas, pero la estudiará más a fondo para reafirmarlo.
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Al comparar la propuesta del Gobierno con la que presentaron las organizaciones sociales del país y que fue respaldada por el FMLN es evidente que se coincide en incluir a representantes del MARN, del MAG y el Minsal.
Pero esta propuesta incluye representantes del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Economía y del FISDL. Sin embargo, se omite incluir a la sociedad civil y a las universidades.
Una fuente que participó en la elaboración de una de las propuestas anteriormente estudiadas en la Asamblea Legislativa, opinó que los primeros 15 o 20 artículos están bastante parecidos a lo que se había planteado años atrás.
“Con la conformación de la junta directiva, que es el problema más complicado, primero son bastantes directores, creo que no deja de ser un poquito complicado, lo bueno es que no son los ministros, sino que son los representantes de los ministros y me imagino que van a poner como representante a una persona técnica para ese tema de carácter técnico”, valoró.
Asimismo, planteó que lo importante es que habrá representantes de la sociedad civil, lo cuál es un avance, porque podrán estar opinando sobre el tema y conociendo lo que está sucediendo dentro de la junta directiva de la ASA.
“En mi opinión, no es la mejor conformación de junta directiva porque sigue siendo muy centralizada los que van a tomar las decisiones. Siempre he pensado que debería ser más independiente, porque el tema del agua no se resuelve en un periodo presidencial, se necesita de 15 a 20 años para ir resolviendo el problema como tal”, consideró.