La última acusación por la que las autoridades giraron en mayo pasado otra orden de arresto contra Enrique Rais López, propietario de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (Mides), es para que responda ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador por los delitos de falsedad ideológica y fraude procesal por anomalías en el traspaso de acciones de su empresa a favor de la sociedad OVNI Business de El Salvador S.A. de C.V.
Junto con Rais -quien desde 2016 es prófugo de la justicia por otros procesos judiciales- fueron acusados su sobrino Hugo Blanco Rais y los abogados Wilfredo Gutiérrez Ayala y José Mauricio Salvador Arrieta Gálvez.
En hechos que se remontan a mayo de 2013, la Fiscalía denunció ante el referido Juzgado que en una reunión de la Asamblea Especial de Accionistas de la sociedad Tradesal Inc. en la que compareció Arrieta Gálvez, como presidente; Rais Blanco, como secretario Ad-hoc y Rais López, como apoderado general de la sociedad Inversiones y Servicios del Istmo S.A., acordaron el traspaso del 90% de las acciones de la Sociedad Mides S.E.M. de C.V. a favor de la sociedad OVNI Business de El Salvador S.A. de C.V. y se autorizó a Arrieta Gálvez que procediera a efectuar el traspaso accionario.
El Ministerio Público planteó que los imputados presuntamente cometieron falsedad documental al hacer constar que en la Asamblea de accionistas de Tradesal estuvo presente Rais López, pero que al verificar documentos de salidas e ingresos al país, se tiene en cuenta que el empresario abandonó El Salvador el 25 de abril y retornó el día 4 de mayo de 2013, por lo que “no estuvo presente materialmente el señor Enrique Rais en la reunión mencionada”.
Las investigaciones indican que Rais no podía traspasar las acciones de Mides porque aún no le había pagado la totalidad de las mismas ($5 millones) a sus exsocios canadiense Matteo Pasquale y Franco Paccetti.
Otros procesos
Con esta acusación se elevó a cuatro el número de casos penales que Rais tiene pendientes, pero que no enfrenta porque es prófugo desde 2016. Por varias semanas, El Diario de hoy gestionó una entrevista con la Fiscalía General para conocer detalles y el estado actual de los procesos judiciales contra el empresario pero no hubo respuesta.
El Ministerio Público también le imputa a Rais delitos de corrupción, pues habría dado dádivas a empleados del Sistema Judicial y el exfiscal general, Luis Martínez (preso en Mariona), a cambio de que le ayudaran a fabricar pruebas falsas contra Claudia Herrera, esposa de su exempleado de confianza, el abogado Mario Calderón.
El prófugo acusó a Herrera y a dos empleados de ella por el delito de amenazas agravadas, pero los tres fueron absueltos en un juicio en noviembre de 2016.
Dos años después, en octubre de 2018, la Fiscalía giró otra orden de arresto contra Rais en el marco de la “Operación Corruptela”, que también incluyó a varios exfuncionarios, entre ellos al expresidente de la República, Mauricio Funes, al exfiscal Martínez y al empresario Aldo Vinicio Parducci.
Las autoridades acusaron a Rais de cohecho activo porque habría pagado a Luis Martínez, con cerca de 100 viajes al exterior en sus aviones, favores recibidos a cambio de promover investigaciones viciadas o pedir u omitir investigaciones contra el empresario.
En enero anterior, además fueron acusados de fraude procesal y cohecho activo, ya que habrían manipulado pruebas contra sus exsocios Matteo Pasquale y Franco Pacetti en la compra y venta de las acciones de la empresa Tradesal.
Rais fue incluido en febrero de 2018 en la lista de los 100 delincuentes más buscados por la Policía Nacional Civil. La Policía Internacional (Interpol) también emitió una difusión roja para que sea localizado en las 190 naciones que integran la institución y sea aprehendido con fines de extradición.
Es acusado por sobornar a empleados del sistema judicial
En agosto de 2016, Enrique Rais López, junto con otras ocho personas, entre ellas el exfiscal general, Luis Martínez, fue arrestado por falsedad ideológica, fraude procesal, omisión de investigación, cohecho activo, prevaricato (resolver contrario a derecho), falsedad documental y cohecho propio.
El Ministerio Público lo señaló de comprar voluntades entre jueces, peritos de Medicina Legal y abogados particulares para que le ayudaran a crear pruebas falsas en contra de Claudia Herrera, esposa de Mario Calderón, quien fue abogado del empresario.
Rais despidió a Calderón y desde entonces este comenzó a defender a los canadienses Franco Pacetti y Matteo Pasquale; ambos eran socios del empresario prófugo con quien enfrentaba problemas legales por la disputa por quedarse con la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos S.E.M. de C.V. Después, Rais denunció a Herrera y dos empleados de ella por amenazas.
Cuando el empresario enfrentó la audiencia inicial, el Juzgado Séptimo de Paz ordenó enfrentar el proceso en libertad. Rais no podía cambiar de domicilio ni salir del país, pero violó las reglas y huyó.
A través de escuchas telefónicas, la Fiscalía descubrió que el empresario supuestamente dio un bono a los jueces Romeo Aurora Giammattei y Mauricio Álvarez Gámez para que ordenaran capturar a Herrera.
Además, al psicólogo forense Néstor Recinos habría recibido $5 mil por elaborar peritajes a favor de Rais en los que hacía constar que estaba afectado por las supuestas amenazas.
Empresario habría pagado $1.2 millones en viajes a exfiscal Martínez
Los empresarios Enrique Rais y su sobrino Hugo Blanco Rais, quienes están prófugos desde 2016, pagaron con viajes en vuelos privados, vehículos y dinero en efectivo “la protección” o los favores que recibieron del exfiscal general, Luis Martínez, durante su administración (2012-2015).
Durante su gestión, Martínez realizó 92 viajes en aeronaves propiedad de Rais; el costo aproximado de dichas salidas fue de $1.2 millones, de acuerdo a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República.
Los resultados de la investigación “Operación Corruptela”, revelada por el Ministerio Público en octubre de 2018, indican que, a cambio de dávidas, Martínez ordenó archivar siete casos judiciales en los que Rais y su pariente eran procesados por los delitos de cohecho activo, fraude procesal y falsedad ideológica.
Además, el exfuncionario, quien desde diciembre pasado cumple una condena de cinco años de cárcel por revelar audios reservados captados por el Centro de Escuchas Telefónicas de la Fiscalía en contra de Antonio Rodríguez, presuntamente fabricó casos en contra otras personas (que fueron detenidas provisionalmente) para favorecer a empresario prófugo.
Las investigaciones señalan que, entre octubre de 2013 y diciembre de 2015, el exfiscal viajó a Barbados, Trinidad y Tobago, Bahamas, Guatemala, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá y Honduras en aeronaves de Rais.
Por estos viajes que Martínez realizó junto con otros exfuncionarios de la institución, el Tribunal de Ética Gubernamental le aplicó la multa máxima: $8,964. La sanción le fue impuesta a el 15 de julio de 2016.
En esa ocasión, el referido Tribunal argumentó que se le había impuesto la multa “por recibir beneficios indebidos que le generaron un conflicto de interés”.
La entidad agregó que “entre los años 2013 y 2014, cuando Martínez se desempeñaba como fiscal general, viajó en aviones propiedad de una sociedad cuyo administrador único propietario es Enrique Rais, y al mismo tiempo la Fiscalía tramitaba casos en los que dicho señor figuraba como imputado y víctima”.
En agosto de 2016, El Diario de Hoy reveló que, solo en 2015, Martínez hizo 17 viajes, pero solo dos de ellos fueron pagados con fondos de la institución.
Un informe de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la Fiscalía reveló que el exfiscal Martínez recibió viáticos por $52,000 para los 17 viajes que realizó en el transcurso de 2015. Eran fondos de la Fiscalía General.
Fiscalía lo señala de crear pruebas falsas contra exsocios canadienses
Por los delitos de fraude procesal y cohecho activo, Enrique Rais; su sobrino Hugo Blanco Rais y los abogados Wilfredo Gutiérrez Ayala y Héctor Grimaldi Membreño enfrentan otro proceso judicial. En enero pasado, los cuatro fueron acusados en el Juzgado Octavo de Paz de manipular pruebas que sirvieron para que, en la administración del exfiscal general Luis Martínez, los empresarios canadienses Franco Pacetti y Matteo Pascuale fueran acusados de extorsión.
Las investigaciones indican que Rais y sus colaboradores habrían fabricado pruebas contra los extranjeros con el propósito de no saldar la deuda que tenía con ellos por la compra de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (Mides), de la cual eran socios. El argumento de Rais, según las autoridades, es que los canadienses le estaban exigiendo un monto mayor de las acciones que habían acordado.
Rais, por medio del resto de imputados, habría contactado a un perito de Medicina Legal, quien es testigo con régimen de protección clave “Grecia”, para proponerle que a cambio de dinero manipulara unas pruebas psicológicas en las que él estaba afectado por las supuesta exigencias de dinero y usar eso como prueba contra los canadienses.