En junio, el orteguismo se queda sin canal y sin opciones

Este mes presenta profundos retos para el opresor régimen nicaragüense debido a presiones locales e internacionales.

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Caminata antigubernamental en Managua. Foto/ AFP

Por Iván Olivares

2019-06-18 4:30:06

En junio de 1979, el dictador Anastasio Somoza Debayle enfrentaba una serie de problemas: el pueblo se había levantado en su contra, mientras los gobiernos de varios países latinoamericanos -con el apoyo de Estados Unidos- exigían su renuncia. 40 años después, Daniel Ortega, su sucesor en la presidencia de Nicaragua, enfrenta prácticamente los mismos problemas.

Hace cuatro décadas, Somoza tenía que lidiar con una insurrección armada, más la presión continental, liderada por México y Venezuela, con el concurso de muchos otros países; una economía golpeada por la guerra, y un gobierno estadounidense reclamando por el asesinato sin razón y a sangre fría, del periodista Bill Stewart.

En 2019, Ortega tendrá que enfrentar un reto en combo, en el que hay seis fechas que tendrá que sortear, tratando de no empeorar más lo que parece una cada vez más frágil posición. Tres de esas fechas están relacionadas con Centroamérica.

Las otras tres, con Norte y Suramérica, pero también con Europa… y dos de esas seis fechas ya pasaron.

El primero de junio, la llegada de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador ha implicado que Ortega perdió la complicidad del gobierno del FMLN, que se abstuvo de condenar los crímenes de

Estado por los que el sistema interamericano señala a la administración del nicaragüense.

Ello implica que cambia el voto de El Salvador en la Organización de Estados Americanos (OEA), del mismo modo que ya cambió el de Venezuela, pero que también cambia en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cuya decisión de seguir financiando al régimen de Managua tiene escandalizados y desilusionados a los opositores de ese país.

El canal fue solo un sueño

La segunda fecha llegó este viernes 14 de junio, cuando se cumplieron seis años del otorgamiento de una concesión al empresario chino Wang Jing, para que cumpliera el largo sueño de siglos de la nación nicaragüense: construir un canal interoceánico por su territorio.

La obra, cuyo precio inicial fue fijado en 40,000 millones de dólares -y elevado a 50,000 millones poco tiempo después- tenía fecha de caducidad si el millonario no era capaz de recaudar esa colosal fortuna: el 14 de junio de 2019.

El cumplimiento del plazo fue motivo de celebración entre los adversarios de Ortega, pero especialmente entre los miembros del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, el formidable movimiento campesino que organizó alrededor de un centenar de marchas en contra del proyecto que les habría despojado de sus tierras.

“No olvidemos que los que comenzamos a protestar en contra de Ortega y la Ley del Canal somos los campesinos. El resto del pueblo se nos sumó casi cinco años después”, dijo el recientemente liberado preso político, Medardo Mairena, presidente de ese Consejo, al celebrar que ya no hay base legal para expropiarles sus tierras.

De reos… a héroes

La tercera fecha llega hoy, cuando se cumplen los 90 días que el régimen pidió para liberar a cerca de 700 presos políticos… pese a que el control total de Ortega sobre todos los poderes del Estado, hacen innecesario esperar nada, pues basta una orden suya para que la Corte Suprema de Justicia haga lo que él decida.

Si bien se considera que el mandatario eligió ese plazo para que la fecha de liberación definitiva coincidiera con el momento en que Europa y Estados Unidos tienen que decidir si le aplican nuevas sanciones o no (y así poder mostrar cumplimiento), lo que sí ha ocurrido es que cada reo político que ha vuelto a su hogar se ha transformado en un ejemplo para una nación que está cansada de ver a la misma persona en la presidencia por los últimos doce años.

Por su parte, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, recordó en un comunicado que “aún nos faltan 89 hermanos que antes del 18 de junio deben gozar de libertad plena”, a la vez que exigía “el cumplimiento del acuerdo de derechos y garantías ciudadanas del 29 de marzo, para asegurar que los liberados y los ciudadanos en general podamos ejercer nuestros derechos fundamentales, garantizados por nuestra Constitución Política”.

Los días pasan y los plazos se le cumplen a Ortega.