Cerca de 39,000 salvadoreños han perdido su trabajo por la crisis del COVID-19

El número corresponde a la cotización a las AFP entre marzo y abril. Desde enero la cifra sube a 44,081. Las estimaciones de Fusades indican que se han perdido 64,000 empleos.

Por Karen Molina

Jun 03, 2020- 21:20

La suspensión de contratos y despidos derivados de la cuarentena ya se reflejan en las cifras oficiales de cotizantes a las AFP.

De acuerdo con datos de la Superintendencia del Sistema Financiero entre marzo y abril el número de cotizantes disminuyó 39,064 y si se toman los datos desde enero el número se reduce a un total de 44,081 salvadoreños que han dejado de cotizar para su pensión.

“La disminución refleja desempleo y suspensiones de contratos, muy seguramente derivados de la suspensión de actividades de muchas empresas por la cuarentena y por tanto la gente no ha recibido salarios ni ha cotizado”, explicó René Novellino, presidente de la Asociación Salvadoreña de Fondos de Pensiones (Asafondos).

La cotización previsional es uno de los indicadores más cercanos al pulso de empleabilidad en el país pues está estrechamente relacionado a la cotización del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) que reporta el pago de planilla de los empleadores del sector formal cada mes. El ISSS aún no publica los datos oficiales.

Novellino aclara, sin embargo, que a la fecha no se puede indicar con certeza que los 44,081 cotizantes menos son suspensiones permanentes o temporales pues la planilla no lo detalla de esa manera.

El dato de cotizantes es conservador en comparación a las estimaciones que ha hecho la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), que ayer dio a conocer su informe de coyuntura económica del primer trimestre de 2020.

En éste, Fusades destaca que hasta abril más de 225,000 salvadoreños habrían perdido su empleo tanto en el sector formal como en el informal como producto de las restricciones económicas para contener la pandemia del COVID-19, según las primeras estimaciones de la Fusades.

De esa cifra, unos 64,000 son trabajadores del sector formal y otros 161,000 son empleados del sector informal.

Los datos se han obtenido a través de una simulación que Fusades ha hecho combinando datos de cotizantes del ISSS de diciembre 2019 con el Índice de Ventas que la institución realiza mes a mes, así como las restricciones laborales que ha aplicado el gobierno durante la cuarentena.

“La crisis económica se ha traducido en una crisis social. Ha habido una restricción laboral fuertísima”, dijo Pedro Argumedo, analista del Departamento Económico de Fusades.

El desempleo es producto de una alargada cuarentena de más de 70 días en la que las pequeñas y medianas empresas han corrido con la peor parte.

Solo en el sector comercio, el número de empleos en riesgo ronda los 350,000.

En la crisis financiera de 2009 se estima que se perdieron 39,000 empleos que tomó años recuperarlos.

Según las estimaciones de Fusades, más de 1.17 millones de trabajadores no han producido por restricciones de la cuarentena. Esto representa el 42% de la fuerza laboral privada.

Y los datos son aún conservadores pues no se toman en cuenta las restricciones a partir del 9 de mayo, cuando se aplicó la cuarentena estricta que redujo aún más la productividad, pues se paralizó el transporte público.

Pero a la falta de empleo se suma además, una contracción significativa de las remesas que han caído -40% respecto a abril de 2019, lo que provocará una crisis social sin precedentes, según dijo Argumedo.

Con estos datos combinados, Fusades estima que el porcentaje de pobreza pasará del 30.9 % en 2018 a 51.4% en 2020, lo que significa un retroceso de 22 años.

Eso, traducido en número de personas significa que 1.36 millones de salvadoreños más serán pobres a partir de este año. En total se estima que 3.4 millones de salvadoreños sean pobres y de ellos 782,000 ingresarán a una situación “muy calamitosa” que les limitará para alimentarse.

“Recuperar esa calidad de vida llevará años y eso seguirá empujando la migración”, afirmó Argumedo.

Para Argumedo, es necesario que se comience a generar certidumbre para reabrir la economía de nuevo, con protocolos estrictos de sanidad pues de lo contrario “la gente saldrá, por hambre, a trabajar de lo que sea” y los contagios pueden aumentar.

De acuerdo con Fusades las proyecciones de caída en la economía van desde el -5.4 % del PIB hasta más del 7 % del PIB.

Solo en abril el país perdió 2 puntos porcentuales del PIB en concepto de exportaciones y remesas. “Nunca había visto esto”, afirmó Argumedo.

Cuatro huecos fiscales por llenar

Los problemas se agravan cuando se mira las finanzas públicas, las cuales corren un grave riesgo de iliquidez para los próximos años y además hay un grave riesgo de caer en un default (impago de sus deudas).

Según la economista Carolina Alas de Franco, el Gobierno tiene en estos momentos cuatro huecos fiscales que necesita financiar y que no son exclusivos de la crisis por el COVID-19.

El primer hueco es de $645 millones y se generó desde la creación del presupuesto 2020. Este no tiene relación con la pandemia.

El segundo hueco fiscal es un faltante de $610 millones que corresponde a gastos omitidos o que el gobierno subevaluó y que no contempló en el plan de gastos 2020.

El tercer hueco es el de $2,401 millones que sí corresponde a gastos asociados a la pandemia y que deben financiarse con préstamos ya sea de multilaterales o externos, para los que no hay las suficientes condiciones de confianza.

El cuarto hueco de unos $460 millones corresponde a préstamos que el gobierno otorgaría a través de Bandesal, pero que dependen de si este dinero se pudiera recuperar.

Para llenar estos huecos el país ha recurrido al endeudamiento que vuelve cada vez más riesgoso el panorama fiscal. ¿Podrá realmente el país pagar toda esa cantidad de dinero que quiere prestar?, se pregunta Alas de Franco.

Según la economista, aunque el gobierno consiguiera todo este financiamiento y eleve la deuda a más del 90%, esto significaría que elevaría el pago del servicio de la deuda en más de $200 millones más. Por ahora ese pago anual supera los $1,000 millones.

Para la analista económica, es necesario que el gobierno aplique el ahorro y haga un uso eficiente del dinero.

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