Procuraduría pedirá informe a la Fiscalía de 292 violaciones de niñas

Este año 156 niñas de 10 a 14 años fueron embarazadas y 136 dieron a luz en ese lapso. Procuraduría de DD. HH. pide que se identifique y se castigue a los agresores de las niñas.

Los principales agresores sexuales de las niñas están en sus casas, son sus vecinos o sus allegados, según autoridades. FOTO EDH/Archivo.

Por Jaime López

Jun 13, 2020- 04:00

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) solicitará a la Fiscalía General de la República un informe en el que se establezca cuántos de los 292 agresores sexuales de niñas están siendo investigados o son procesados por delitos sexuales.

Según la PDDH, en los primeros cuatro meses de este año el Ministerio de Salud Pública reporta esa misma cantidad de niñas de entre 10 y 14 años de edad, quienes fueron víctimas de la violencia sexual por parte de los adultos.

El procurador adjunto para la Defensa de la Niñez y la Adolescencia, Ulises Rivas, detalló que de los 292 casos, 156 niñas se inscribieron al programa prenatal tras su estado de embarazo y 136 dieron a luz en los primeros cuatro meses de 2020.

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“Estamos hablando de una cifra escandalosa porque son niñas de 10 a 14 años que han salido embarazadas y están en control prenatal en el Ministerio de Salud”, dijo Rivas.

Para la PDDH, es preocupante que niñas de 10, 11, 12, 13 y 14 años hayan dado a luz a un hijo, sin haber alcanzado su desarrollo emocional y físico.

“No estamos protegiendo como sociedad, país y familia a nuestras niñas, porque no vemos a los infractores”, lamentó el procurador.

El funcionario afirmó que al finalizar la cuarentena domiciliar pedirá a la Fiscalía General de la República un informe que detalle cuántos agresores son procesados por embarazar a niñas.

“Este tipo de cosas es inconcebible, reprochable, condenable y censurable, porque no puede ser que seamos un país o una sociedad que permita que las niñas sean violentadas en su libertad e integridad sexual”, lamentó Rivas.

Como ejemplo de este tipo de violaciones, Rivas se refirió a una joven lideresa del municipio de Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate, quien asegura que el alcalde intentó abusar sexualmente de ella.

La Fiscalía confirmó que el jefe edilicio fue procesado judicialmente y condenado a un año de prisión por el delito de acoso sexual pero que fue dejado en libertad con medidas alternas a la prisión.

Pese a ese antecedente judicial, el alcalde busca postularse en el cargo en las próximas elecciones.

Rivas también se mostró en contra del abuso de los castigos físicos a los niños. Citó el caso del niño de 6 años, residente en La Unión, a quien su madre castigó utilizando un cuchillo caliente.

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“Necesitamos investigar con el CONNA qué fue lo que pasó con este niño por los tratos crueles, inhumanos y degradantes como quemarlo con un cuchillo caliente y que fue denunciado en redes sociales por la misma familia que condenó el hecho”, afirmó el procurador.

Hay desprotección de la niñez

“No estamos protegiendo como sociedad, país y familia a nuestras niñas. Vamos a pedir a Fiscalía cuántos han sido procesados por embarazar niñas”.

Ulises Rivas, Procurador de la niñez y Adolescencia

Agregó que por ese caso la PDDH de La Unión ha abierto una investigación para determinar las circunstancias y todo el contexto en que se dio ese abuso.

Como solución a este tipo de maltrato, el procurador afirmó que está en proceso de aprobación la Ley de erradicación del castigo físico, la cual condenaría ese flagelo. Agregó que organismos internacionales como instancias de Naciones Unidas como Unicef y el Comité de los Derechos del Niño, han recomendado al Estado salvadoreño que erradique todas las prácticas de castigo físico a la niñez.

Violación a la salud

Esta semana, Fiscalía reportó hasta el 31 de mayo de 974 casos de violencia contra menores de edad, de los cuales 243 son de maltrato infantil, 353 por violaciones, 274 por agresión sexual, 104 violación en menor incapaz agravada.

Entre las violaciones a la integridad del menor, el procurador Rivas se refirió al caso de una niña de 15 años que tiene las nacionalidades salvadoreña y estadounidense y que llegó al país en el periodo de la emergencia y fue llevada a un hotel por 45 días.

La menor que sufría de resistencia a la insulina pero durante 22 días recibió alimentación normal que le causó una serie de complicaciones a su salud y tuvo que intervenir la PDDH para que se le brindara una dieta adecuada.

“Al final nosotros intervenimos, hablamos con el CONNA y al Minsal que cuidaran a la jovencita que estaba siendo mal alimentada”, explicó el procurador. “Son casos lamentables que van contra la Ley Especial, Integral para la niñez y la adolescencia (LEPINA), que van contra la convención internacional de los derechos del niño y que hay que trabajar para que estas cosas no se den”, agregó el funcionario.

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