En una conversación con El Diario de Hoy desde su despacho, Renato Sepúlveda, embajador chileno en el país, hace una reflexión sobre los recientes sucesos en esas tierras sudamericanas. A su juicio, casi todos los índices económicos y de desarrollo humano le dan a Chile una posición de liderazgo regional.
Sin embargo, dice, “cuando nos vino el infarto (de las masivas movilizaciones y multitudinarias protestas que demandan profundas transformaciones), ninguna medida del gobierno fue suficiente”.
Desde hace más de un mes, las calles de Santiago y otras ciudades importantes de Chile se encuentran abarrotadas por cientos de miles de personas. Muchos de ellos, la mayoría, han salido a protestar pacíficamente y las redes sociales se han llenado de vídeos en que la creatividad se combina con el descontento. Otros, sin embargo, han recurrido a la violencia y se han encontrado con una dura respuesta de Carabineros y la Policía de Investigaciones, los dos cuerpos civiles de seguridad de ese país.
La chispa de la movilización fue un alza al precio del metro de Santiago. Sin embargo, detrás de esto se agolparon decenas de demandas que por años se habían visto insatisfechas y permanecían escondidas detrás de una historia cierta, pero no del todo realista: el exitoso modelo chileno, de cifras impresionantes a comparación del hemisferio, no ha sido capaz de llevarle crecimiento y desarrollo a todos.
El embajador Sepúlveda lo reconoce: “Las acciones de los gobiernos en los 30 años de democracia en el país no han sido suficientes para cumplir con las aspiraciones postergadas de todo Chile”.
Las acciones que estos gobiernos han tomado, añade, quizá nunca sean suficientes, aunque reconoce que no se manejó de manera prioritaria el tema de llevar el desarrollo a más y más chilenos. Y ahora, ante la crisis, advierte que se están tomando pasos pero puede que estos no lleguen tan rápido como miles de ciudadanos, muchos aún en las calles, esperan. “Por eso es que están saliendo a la calle”, dice.
Sin embargo, ofrece cifras para explicar cómo su país, si bien está pasando un momento duro, tiene una situación que resulta envidiable para la mayoría de sus vecinos.
Dice, por ejemplo, que la escolaridad es alta y que el 88% de los estudiantes tienen 12 años de estudio. También menciona que desde 1990, cuando llegó la democracia, la pobreza cayó 68% y que el Producto Interno Bruto per cápita creció seis veces. Asimismo sale al paso de las críticas que dicen que el país es el más desigual del continente y afirma que son el sexto mejor. Pese a todo esto, reconoce, sigue habiendo pobreza y desigualdad “y eso es importante recordarlo”.
Las razones del descontento
Las cifras chilenas pueden resultar esperanzadoras para cualquier país. Por eso, en un conversatorio reciente, el diplomático comparó la crisis a un “maldito y devastador infarto”, de esos que afectan a pacientes en apariencia muy saludables.
Sin embargo, haciendo una reflexión más profunda, Sepúlveda concluye que la enfermedad de su país es más grave de lo que se pensaba, que esta requerirá amplias y costosas medidas en diferentes áreas.
Para ello, cita dos estudios recientes. Uno del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE) y otro de Prensa Latina. Estas instituciones consultaron a miles de personas sobre las razones del descontento y por qué marchaban.
Según el sondeo de ICARE, los principales factores que llevaron a la gente a las calles son: las bajas pensiones en comparación al costo de vida; la costosa educación universitaria; la mala calidad de la salud; los bajos ingresos de la gente; los gobiernos poco empáticos; y la desigualdad de la justicia. Este último tema resulta un tanto escandaloso: en casos de colusión de grandes empresarios, narra el embajador, las penas se redujeron a enviarlos a cursos de ética. Por mucho menos, la gente de menos recursos e influencia ha terminado en la cárcel, añade.
Por otro lado, el sondeo de Prensa Latina muestra las principales demandas: pensiones dignas; seguro de salud universal; cárcel efectiva para delitos de cohecho y corrupción; reducción del impuesto territorial a mayores; reducción de salarios a altos funcionarios; limitar el IVA a medicamentos; y un impuesto más alto a los más ricos para poder financiar los programas sociales que se demandan.
El embajador añade otros dato: el promedio de los chilenos, dice, está endeudado en un equivalente a 10 meses de su ingreso (sin contar créditos hipotecarios). En algún momento, esta deuda se vuelve insostenible y genera presión sobre su bienestar.
Además, según Sepúlveda hay un factor clave detrás de las demandas: “la gente se contacta por las redes sociales y las manifestaciones los hacen vivir colectivamente, se la pasan bien. Además, a diferencia de los movimientos sociales del pasado donde no se veía soluciones, con este tremendo movimiento social el gobierno se movilizó y planteó medidas”. Esto es un gran incentivo para mantenerse protestando, reconoce el diplomático.
Sin embargo, destaca que el gobierno de Sebastián Piñera ha tomado insumos de estos estudios y otras demandas ciudadanas y está ofreciendo soluciones, aunque estas no son fáciles de implementar.
“Ninguno de los dos gobiernos de Piñera (entre 2010 y 2014, y desde 2018 a la fecha) ha tenido mayoría parlamentaria y todo está sujeto a negociación. Además, hay elecciones municipales en octubre de 2020, lo cual complica políticamente el panorama pues los partidos de oposición piden medidas difíciles de cumplir. No somos máquinas de billetes”, justifica.
Ajustes en tres áreas
El embajador Sepúlveda reconoce que la situación de su país es grave. De hecho, admite que no será suficiente hacer leves ajustes al “modelo” (como ahí se conoce al sistema económico de corte predominantemente liberal que se construyó bajo el régimen de Augusto Pinochet y se mantuvo en democracia).
“Son cambios fundamentales, es una nueva constitución, es casi un nuevo país. Radicalmente se modificará todo”, reconoce. Eso sí: reitera que todos los cambios de la agenda social se tramitarán por medio de los partidos políticos y en el marco de la institucionalidad.
Para ello, adelanta que el gobierno está pensando en tres ejes de cambios: uno en el ámbito social, otro en el ámbito constitucional y el último, acaso el más polémico, en la forma de “hacer frente a los actos de violencia y el terrorismo que hemos sufrido”.
En lo social, adelanta aumentos en las pensiones para los jubilados, rebajas en los costos de transporte para adultos mayores, aumento de la asignación en materia de salud a las municipalidades y controles a los precios de los fármacos.
En lo relativo a la constitucional, recuerda que el 26 de abril se celebrará un plebiscito para decidir si los chilenos quieren una nueva carta magna y si es así, cómo quieren integrar a la asamblea constituyente. Según el calendario previsto, a finales de 2021 se podría ratificar la nueva ley máxima del país. Ambos pilares apuntan casi a una refundación del país.
Finalmente, señala que “en materia de combatir al terrorismo”, hay cuatro leyes en ciernes: una que prohíbe manifestar encapuchado, una que prohíbe las barricadas, una que penaliza con mayor contundencia los saqueos y la más criticada que faculta a la fuerza armada a resguardar proyectos clave de infraestructura. Esto, explica, preservará fronteras y servicios clave, además de liberar a carabineros (policías) para que procuren el orden.
Al ser cuestionado sobre este último punto, especialmente en lo relativo a los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch que certifican graves violaciones a derechos humanos por parte de policías, el embajador se limita a decir que “lamentablemente ha habido abusos a pesar de lo estrictos que han sido los protocolos de la policía”. Además, promete que quienes violen derechos humanos serán enjuiciados.
¿Réditos políticos?
Es imposible tener una discusión con el embajador chileno y no preguntar quién, a su juicio, está detrás de las manifestaciones o si hay un interés político de subirse al descontento.
Sepúlveda reconoce que la mayoría de personas en la calle son pacíficas y con un interés legítimo en que mejoren las situaciones antes mencionadas. Sin embargo, denuncia que un 4 o 5% de los que manifiestan tienen una agenda radical y se sitúan en los extremos del espectro político.
Sin embargo, afirma que “no está claro quiénes están dirigiendo las protestas”. Por esto mismo, le resulta difícil adelantar quién está recogiendo los frutos del descontento y capitalizando en tiempos de crisis.
Lo que a sus ojos es cierto es que hay un descrédito total de la clase política y el desgaste de los partidos es evidente. Esto se agrava con la poca presencia de líderes emergentes que canalicen institucionalmente las demandas de grandes sectores de la población.
“Veámoslo así: los últimos cuatro gobiernos han sido dos de Michelle Bachelet (de la coalición de izquierdas) y dos de Sebastián Piñera (de la coalición de derechas). No hay liderazgos nuevos”, ilustra.
El diplomático destaca del movimiento social que no han permitido que políticos se apropien de las demandas ciudadanas. “La gente que participa en estas manifestaciones es seria en este sentido, ve que son necesidades de la población en general y que esto no tiene que ver con políticos en particular. Según ellos, en 30 años todos han sido incapaces de solucionar sus problemas”, explica.
Si bien no se atreve a predecir el futuro político, sí pinta una imagen llamativa: el presidente roza el 15% de aprobación según los últimos sondeos y el Parlamento está incluso más bajo. Esto, añade, “llevará a un cambio importante en la política chilena. Hay un quiebre del pasado, pero te aseguro que se manejará en términos institucionales. El modelo económico tendrá algunos arreglos pero básicamente seguirá creciendo con base en el comercio exterior, exportaciones y en la capacidad de adquirir mercado fuera”.