A 21 días para que venza el plazo que establece el Código Electoral para hacer cambios en la legislación electoral, los diputados de la Asamblea Legislativa deberán correr para definir, antes del 27 de febrero, las reglas para las elecciones legislativas y municipales de 2021.
La Plataforma Ciudadana Electoral (PCE), conformada por siete organizaciones que trabajan en el tema de la democracia y la transparencia, advirtió este miércoles que la realización de los comicios está en riesgo debido a los “desacuerdos, omisiones y retrasos” de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial con respecto a la organización y regulación de las votaciones del 28 de febrero del próximo año.
Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), opinó que existe “incertidumbre” porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no cuenta con las reglas para implementar el voto en el exterior, y con ello no se ha cumplido la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que, en 2016, ordenó a los diputados legislar sobre el tema.
Tampoco se le ha dotado al organismo electoral del presupuesto de $55 millones que ha solicitado para llevar a cabo el proceso de elecciones. Estaba previsto que la tarde del miércoles se reunieran los magistrados del TSE con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, para discutir este tema. Al cierre de esta nota se desconocía el resultado del encuentro.
A la PCE también le preocupa que, a la fecha, el TSE no tenga certeza sobre la tecnología que se usará para el conteo de votos, la integración de las Juntas Receptoras de Votos y la observación electoral. Todo esto, dijeron, impacta negativamente en el desarrollo de campañas de información y educación cívica, contratación de servicios adecuados y otros aspectos.
Rodríguez señaló que es urgente que los parlamentarios definan el mecanismo a través del cual lo salvadoreños en el exterior ejercerán su derecho al sufragio.
También deben precisar si se realizará el voto electrónico, si se continuará ejerciendo el voto postal o si se implementará el voto presencial. En los tres casos se debe contemplar el desembolso de un presupuesto adicional.
“Hay aspectos trascendentales que también tienen que someterse a debate. Por ejemplo ¡cómo ejercerán su derecho los salvadoreños nacidos en el exterior, hijos de compatriotas, en qué circunscripción será acreditado su voto?”, sostuvo Rodríguez.
El profesional pidió a la Asamblea Legislativa agilizar la discusión para definir las reglas.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, recordó que la PCE ha venido promoviendo que se hagan reformas electorales de manera integral y agregó que la comisión Ad hoc que se ha creado para estudiarlas debería tener resultados antes del 27 de febrero.
Él también llamó a la Sala de lo Constitucional a que se pronuncie sobre el cumplimiento o no de la sentencia y que los magistrados den mayores directrices a los diputados sobre cómo deben regular y que aclaren algunos aspectos, entre ellos si el voto postal es o no constitucional.
“Recordemos que este tema del voto en el exterior proviene de una sentencia que está en etapa cumplimiento. Ya la Sala ha requerido a la Asamblea un informe y esperamos que la Sala, en el corto tiempo, se pronuncie… que defina el alcance de la sentencia y que esto dé certidumbre para la regulación efectiva del voto en el exterior”, expresó Escobar.
Otros pronunciamientos que, según el PCE, debería hacer la Sala es sobre la constitucionalidad de la elección de los magistrados del TSE y el cumplimiento a la sentencia sobre el procedimiento de conteo de votos para candidatos no partidarios.
“Manipulación de recursos”
La Plataforma Electoral Ciudadana, además, cuestiona que el TSE se haya retrasado en la ejecución de actividades contempladas en el Plan General de Elecciones (Plagel) por falta de dinero.
“El retraso en la aprobación del presupuesto extraordinario de las elecciones evidencia una clara manipulación de los recursos con los que debería contar el Tribunal Supremo Electoral, situación que se repite en cada elección”, manifestó el PCE en un comunicado.
Para las organizaciones, esta conducta provoca una “ineficiente” labor del organismo electoral, por lo que hicieron llamado a las autoridades para que haya una pronta aprobación del presupuesto y que a este no se le hagan recortes sin que se le consulte al TSE como, según dijeron, ha ocurrido en ocasiones anteriores.
Ramón Villalta, representante de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), aseguró que ya se ha planteado a los diputados hacer reformas para que el TSE tenga la suficiente autonomía en materia presupuestaria y que el monto que solicite no sea debatido por ninguna otra instancia, sino que únicamente sea avalado.
“Es el Tribunal es el que tiene la responsabilidad de llevar adelante las actividades del calendario electoral y debe saber los recursos que necesita. Por supuesto que deben ser siempre presupuestos razonables, no debería de estar sometido al control de ninguna otra instancia, esto ocurre en muchos países y facilita y propicia que los órganos electorales tengan un desempeño mucho más eficiente y efectivo”, apuntó Villata.
Las demás organizaciones que conforman la Plataforma Ciudadana Electoral son la Asociación de Universidades Privada de El Salvador, la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos abiertos y la organización de jóvenes Creo.