Un reciente informe de Amnistía Internacional (AI) titulado “Cuando la protección se vuelve represión”, que estudia los abusos de poder durante las cuarentenas obligatorias en las Américas, coloca a El Salvador en la lista de países donde las cuarentenas supusieron abusos de poder. Entre ellas, la práctica de conducir a miles de personas a centros de retención por presuntamente violar la cuarentena obligatoria sin que una ley avalase tal detención.
“Me gustaría olvidar todo esto, pero no puedo”, dijo una mujer identificada como Ana Cristina a Amnistía Internacional, citada en el reporte. Ella pasó 40 días durmiendo en un colchón sucio sobre el suelo en un centro que, se suponía, estaba dispuesto para proteger la salud de una sociedad. Como ella, miles pasaron en condiciones infrahumanas y antihigiénicas por mucho más tiempo del que las autoridades sanitarias recomendaban guardar cuarentena.
Ella narró que salió a comprar comida para su hijo y fue detenida por presuntamente violar la cuarentena. Fue conducida a un centro donde pasó 40 días. “Nos tenían (encerradas) ahí como a cualquier delincuente común”, recuerda.
AI recuerda que las medidas de confinamiento pueden ser legítimas, pero en vista de que hay casos en que supone privación de libertad de personas, “su uso es permisible únicamente en circunstancias limitadas” y “los gobiernos tienen la obligación clara de garantizar que las personas sometidas a cuarentena están recluidas en condiciones humanas con salvaguardias frente a los malos tratos”. De lo contrario, sentencian, “su detención podría ser ilegal”.
En El Salvador, en estos centros de retención, además de condiciones antihigiénicas, hubo múltiples contagios de COVID-19 y otras enfermedades, además de abuso de la fuerza por los cuerpos de seguridad que los resguardaban. Y en muchos centros ni siquiera había mascarillas limpias o distanciamiento físico.
Por eso, el informe coloca a El Salvador junto a Venezuela y Paraguay, los países donde se llevó a decenas de miles de personas a centros de cuarentena que si bien eran dirigidos por las autoridades sanitarias, tenían como principales custodios y ejecutores a policías y militares.
“Amnistía Internacional considera que la forma en que las autoridades de Venezuela y El Salvador en concreto han implementado la cuarentena obligatoria ha convertido una intervención de salud pública en una respuesta punitiva”, advierte el informe, que señala cómo estas medidas golpearon más a comunidades de ingresos bajos o vulnerables.
Este es solo uno de los aspectos donde se ha encontrado abusos de poder de la administración Bukele a lo largo de la pandemia. Pero a este, se suma una actitud de desafío al balance de poderes, una casi nula apertura a rendir cuentas y un ataque constante a la prensa crítica e independiente.
El Salvador, por ende, parece haberse contagiado no solo de COVID-19, sino de un germen de actitudes autoritarias prematuras.
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Algunas de las medidas
Estas medidas de confinamiento obligatorio fueron declaradas inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional pero el gobierno de Nayib Bukele desafió el fallo. Los más afectados por estas duras medidas fueron personas de escasos recursos y mayor vulnerabilidad, advirtió Amnistía Internacional.
En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele volvió el concepto de la cuarentena obligatoria en una herramienta de represión y abuso de poder. Decenas de miles de personas estuvieron hacinadas, durmiendo en colchones sucios sobre el suelo, sin mascarilla y permanecieron ahí más del tiempo recomendado por la comunidad científica para prevenir contagios.
El Salvador desnaturalizó la cuarentena, pensada como una medida sanitaria, pero ejecutada como un castigo por romper la cuarentena. Eso incluso fue admitido por el ministro de Seguridad, que instó a no salir so pena de ser llevados “a centros donde se pueden contagiar”.
Además del exceso de fuerza, el gobierno de Nayib Bukele ha cerrado las puertas a la rendición de cuentas. Amnistía Internacional no logró recibir respuesta para la elaboración del informe. Tampoco ha habido apertura a la prensa sobre ejecución de fondos de emergencia.
Finalmente, tras más de un año en el poder, AI advierte que “Bukele sigue recurriendo a las estrategias represivas en materia de seguridad pública” y no garantiza una “retirada organizada de la participación de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad pública”.
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